A pesar de la preocupación nacional
e internacional generada por el secuestro de los miembros de PROAH el 25 de
julio por hombres armados de la minera Minerales Victoria1, éstos siguen en la comunidad de La
Nueva Esperanza, atemorizando a la población, en pleno conocimiento de las
autoridades, incluyendo el Ministro de Seguridad. Aunque policías fueron
movilizados para buscar a los observadores internacionales, y la Fiscalía está
investigando el caso activamente, hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo
para capturar a los secuestradores, que desde los principios de junio amenazan a
los pobladores que no quieren vender su tierra a la minera.
La familia donde estaban hospedados
los miembros de PROAH al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad
por su seguridad, seguido por otro poblador el 3 de agosto, después de visitas
amenazantes de los hombres armados de la minera que codiciaba su solar para sus
operaciones. Miembros de la comunidad informan a PROAH que los hombres
regularmente disparan sus fusiles en la noche para intimidar a los pobladores, y
que dos más llegaron a la comunidad el 10 de
agosto.
La escuela de la comunidad sigue
cerrada por la situación de seguridad y porque el profesor se vio obligado de
huir después de recibir amenazas.
Todos
estos hechos, denunciados ante las autoridades, han pasado a pesar de la
existencia de una “posta policial” muy cerca de La Nueva Esperanza, en Bella
Vista, impuesta sobre las comunidades en
enero de 2013 por el Alcalde de Tela, David Zaccaro, sin consultarlas. En la
realidad, es la casa particular de un miembro de la comunidad quien colabora con
la minera, donde diez agentes policiales se han instalado. Son plenamente
conscientes de la presencia de la docena de hombres armados vinculados con la
minera, habiendo custodiado el 5 de junio de 2013 su entrada en la comunidad.
La Fiscalía del Ministerio Público y
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de la zona, han
constatado que estos policías no tienen libro de registro de novedades o
acciones que realizan, indicando que ejercen su función sin ningún mecanismo de
control.2
Antes
de la llegada de los hombres armados en la comunidad, el 5 de junio,
las intimidaciones de los policías
instalados en la zona habían incluido amenazas de muerte al periodista Leonardo
Amaya Guevara el 18 de febrero de 2013, mientras que daba cobertura a las
acciones de la comunidad La Nueva Esperanza en defensa de su ambiente
natural.3Sin embargo, el incidente más grave
en la cual la policía de la posta estaba activamente involucrada se produjo el 3
de junio de 2013, cuando pobladores de la comunidad fueron víctimas de
agresiones, amenazas a muerte, intimidación y atentados. Dos policías dispararon
a las pies de los pobladores, incluso a un mayor de edad, de 79 años. Ante la
denuncia y repudio de la comunidad, el 5 de junio cambiaron a todos los policías
responsables. Sin embargo, fue esa noche que la comunidad observó a los nuevos
policías custodiar la entrada de los hombres armados de la minera a la
zona.4
Desde
entonces, estas policías hacen la vista gorda a las actuaciones de los hombres
armados de la minera, el secuestro de los dos miembros de
PROAH siendo un ejemplo llamativo. El día antes del secuestro, los defensores
habían informado a la posta policial de su llegada, identificándose como
observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no
se encontraban ninguno de los 10 policías en la posta.5
Manifestación enfrente del Ministerio Público de La
Ceiba (9.8.2013)
A
pesar de los atropellos que sufren, los
pobladores de la Nueva Esperanza siguen firmes en su oposición a la minería en
su comunidad, con el respaldo de la comunidad nacional e internacional.
El 27 de julio, sólo dos días
después del secuestro, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e
internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo, y el 9
de agosto se dieron manifestaciones en Tela y La Ceiba, en solidaridad con la
gente de La Nueva Esperanza y para protestar contra la minería en la zona. Fuera
de Honduras, acciones han
incluido una carta enviada al Departamento de Estado en la cual 24
confesiones religiosas y otras organizaciones estadounidenses han expresado su
preocupación por la situación en La Nueva Esperanza.
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