Represión y muerte del Estado hondureño se ensaña con las comunidades defensoras de sus territorios y bienes naturales

La
violencia estructural que sacude a Honduras, especialmente a partir del
golpe de Estado del año 2009, se ha ensañado con las comunidades que
defienden sus territorios y los bienes naturales.
El
asesinato del dirigente indígena Lenca Tomás García, a manos de
elementos del Ejército, en la aldea El Achotal, Intibucá, resalta la
represión que sufre el pueblo, al oponerse a la entrega de sus
territorios y demás bienes naturales.
El
dirigente indígena que encabezaba la protesta contra la represa Agua
Zarca, fue asesinado el lunes 16 de julio de dos disparos de M-16
disparados por un efectivo militar.
En
el incidente, acaecido en sector de Río
Blanco, Intibucá, el joven lenca de 17 años Allan García Domínguez,
hijo del fallecido, resultó herido de bala por lo que fue trasladado al
Hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde fue intervenido
quirúrgicamente.
Hace
más de cien días que los indígenas en Río Blanco realizan este plantón
para impedir que el proyecto hidroeléctrico se apodere de sus fuentes de
agua.

Departamento 19 del FNRP AuténticoCOLECTIVO ROSA LUXEMBURGO
Colectivos: de New York, New Jersey, Los Ángeles ,Florida, Missouri, Milwaukee, Minnesota, Utah, Pensilvania.
"Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferente y totalmente libres."
Rosa Luxemburg
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www.elsoca.org

Frenemos la embestida contra las organizaciones campesinas
Por Máximo Luján
En la edición
anterior de El Socialista Centroamericano, se denunció y
se reprobó todas las acciones represivas y asesinatos
cometidos por policías y militares en contra de los
pobladores de Río Blanco, quienes se oponen a la
construcción de una represa hidroeléctrica, por
considerar que están siendo despojados de su patrimonio
cultural y que atenta contra los bienes naturales del
país. En esta última semana, el recrudecimiento de la
violencia contra el movimiento campesino parece no tener
fin; la persecución y asesinatos de dirigentes volvió a
elevar las cifras de acoso y muerte en este sector, sin
que el gobierno o las autoridades correspondientes,
logren una salida a este conflicto que ha enlutado y
afectado a cientos de familias humildes y pobres del
agro hondureño.
Persecución
política contra miembros del Copinh
Aquí cabe el
famoso dicho popular que reza “En Honduras los patos le
disparan a las escopetas” o “El corcho se hunde y el
plomo flota”. Una vez más nuestro país queda mal parado
ante la comunidad internacional y ante el mismo pueblo
hondureño en materia de justicia. Una nueva modalidad
que se agrega a la operatividad de los tribunales, es el
derecho que tienen aquellos que matan a sangre fría y
reprimen de levantar cargos en contra de sus víctimas.
Esto parece absurdo, irónico o cualquier otro
calificativo que se le asemeje.
Los últimos
acontecimientos lo demuestran: la fiscalía presentó una
acusación formal ante los tribunales de justicia contra
Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina, todos
dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), por
responsabilizarlos de incitar a los pobladores de Río
Blanco a causar daños materiales a la empresa
DESA-SINOHYDRO por un monto de 67 millones de lempiras,
según las evidencias presentadas por dicha empresa. Lo
curioso y detestable del asunto es la prontitud de la
fiscalía en proceder ante tal denuncia, mientras en
semanas anteriores estos mismos pobladores eran
apaleados y asesinados por los órganos represores, sin
escucharles los clamores de justicia ante la muerte de
Tomás García, y no solo de él, sino centenares de
denuncias de asesinatos y violaciones a los derechos
humanos que no han sido resueltas por este poder
judicial. Los dirigentes arriba mencionados, sostienen
que existe una estrategia de “criminalización de la
lucha en Río Blanco con un tinte político para
desarticular a la organización. Todo esto es fraguado en
reuniones de alto nivel en diferentes poderes del Estado
junto con altos mandos militares, dueños y ejecutivos de
empresas.”
Asesinato
de miembro del MUCA
En la misma
semana que ocurre el proceso judicial contra los
miembros del Copinh, es asesinado por sicarios el
compañero Melvin Amaya de 23 años en la comunidad de
Salamá, en el municipio de Tocoa, en el departamento de
Colón. Amaya era socio de la Empresa Asociativa
Campesina de Producción Nueva Confianza que pertenece al
MUCA. Con la muerte de Melvin Amaya suman ya 103 las
víctimas del conflicto en el Bajo Aguán, y sigue sin
resolverse el problema de la comunidad campesina.
El panorama del
sector campesino hondureño es amargo e incierto, se
encuentra en un estado de indefensión ante la
inoperancia del gobierno y sus instituciones encargadas
de velar por la seguridad y desarrollo del mismo. Para
rematar, el Estado es partícipe de la barbarie que
comenten estos grupos poderosos de terratenientes y
empresarios, al proporcionarles los medios logísticos
como ejército, policía y todo un aparato de jueces que
ejecutan los dictados de estos sectores reaccionarios,
que brindan una respuesta criminal ante las demandas más
sustanciales de los sectores desposeídos y relegados del
país.
Ante tales
circunstancias, en vista de que el gobierno no solventa
una crisis en la que día a día se derrama la sangre de
nuestros campesinos quienes son brutalmente reprimidos,
acosados, enjuiciados (3.081 campesinos procesados
judicialmente a nivel nacional) y la justicia burguesa
no llega a los desposeídos. El Partido
Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a
todos los sectores para unirse y frenar todo ataque en
contra del movimiento campesino, desbaratar todo plan de
entrega y explotación del territorio nacional, que la
tierra sea entregada de manera democrática a los
campesinos. ¡abajo la persecución, hostigamiento y
fallos ilegales en contra de dirigentes campesinos!
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