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| Foto ADH |
La
Alianza por los Derechos Humanos (ADH), expresa su solidaridad con los
defensores de los derechos humanos y dirigentes indígenas Berta Isabel Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La
Fiscalía presentó “una acusación formal ante los tribunales de justicia
en contra de dirigentes (Copinh) a quienes se les responsabiliza de
incitar a pobladores del occidente de Honduras a causar daños contra una
empresa que desarrolla un proyecto
hidroeléctrico en esa zona del país.
Los acusados son considerados como
los autores intelectuales de inducir a pobladores de la zona a provocar
daños materiales a la empresa DESA que ascienden a tres millones 359
mil 263 dólares, unos 67 millones de lempiras, según las evidencias
presentadas por los afectados”.
La
acusación en contra de los defensores es un mal precedente contra todos
los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, ya que
ahora no solo tienen que lidiar con la represión militar policial, sino
también con la persecución de los jueces y fiscales.
La
Alianza rechaza las acusaciones judiciales y
considera injusto criminalizar el trabajo de los defensores y
defensoras, cuando existen centenares de denuncias en contra de
violadores a derechos humanos que no han sido resueltas, algunas incluso
desde la década del 80.
La acusación se suma a la persecución y el acoso que vienen sufriendo las comunidades en diferentes partes del país.
Con
esta acusación la defensora Bertha Cáceres acumula su segundo juicio,
el primero fue incoado por fiscales del Ministerio Público, después que
militares la detuvieran cuando se dirigía a una reunión en al
departamento Santa Bárbara.
Según
una denuncia del Copinh, existe una estrategia “de criminalización, se
han desarrollado reuniones de alto nivel en diferentes poderes del
Estado junto con altos mandos militares de las Fuerzas Armadas FAAHH, en
las que se incluye asesores de inteligencia militar del Ejército
hondureño, más los dueños y ejecutivos de las empresas, donde han
definido estratégicas para despedazar nuestra organización histórica y
digna, entre estas decisiones perversas, está la de sacarnos vivos o
muertos de Río Blanco, como dicen ellos, sobre todo después de las
elecciones generales de noviembre, sin soltar la presión y
hostigamiento contra el COPINH durante los meses previos”
Las
comunidades indígenas vienen realizando acciones en defensa de los
bienes naturales comunes garantizados por el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde hace 127 días, en
contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Nos
preguntamos por qué la Fiscalía General no ha sido capaz de valorar los
daños materiales e inmateriales causados a las comunidades. La
acusación en contra los defensores y defensoras es claramente una
represión política, para proteger los intereses de los poderosos y
violadores de derechos humanos de nuestro país.
Tegucigalpa 05 de agosto de 2013
Juan Almendarez Bonilla Andrés Pavón Murillo
CPTRT CODEH
Wilfredo Méndez
CIPRODEH
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EN
SOLIDARIDAD CON BERTHA CACERES
Las feministas
de 23 organizaciones aglutinadas en el movimiento Mesoamericanas en Resistencia
por una Vida Digna - Honduras, rechazamos enérgicamente la utilización de las fuerzas militares de nuestro país por
las empresas del capital transnacional, las que basadas en la lógica capitalista
extractivista se están apropiando fraudulentamente de nuestros recursos
naturales o bienes comunes de la naturaleza, expresamos y unimos nuestras voces de solidaridad con la compañera Berta Isabel Cáceres, presidenta del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y otros dirigentes indígenas de esa
organización, acusados injustamente por el Ministerio Público de inducir a pobladores de la región de occidente de Honduras a
provocar daños materiales contra la empresa DESA – SINOHYDRO que,
atropellando la autonomía de los territorios ancestrales lencas, pretende
continuar con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en la aldea lenca Rio
Blanco en Intibucá. Las Mesoamericanas
en Resistencia DENUNCIAMOS los actos de criminalización,
amenazas, persecución y hostigamiento del cual son objeto de manera permanente la
compañera Berta Cáceres y demás defensoras y
defensores de derechos humanos, que luchan por la defensa de los bienes
naturales comunes de todos los hondureños y hondureñas, incluyendo la defensa
de la tierra, del cuerpo y del territorio. Las acusaciones realizadas por el Ministerio
Público a las y los defensores(as) de derechos humanos son una clara
manifestación de la puesta en marcha de una estrategia de criminalización y
represión política de las luchas sociales,
que al igual que siempre favorece a las empresas transnacionales y a los
grupos de poder del país que han vendido nuestro territorio, que promulgan leyes en contra del pueblo
hondureño, a favor de los corruptos y violadores de los DD HH que han
permanecido sin castigo y continúan en la impunidad.
Las Mesoamericanas en Resistencia responsabilizamos al
Gobierno Pepe Lobo - Juan Orlando Hernández por lo que le suceda a la compañera Berta
Cáceres y demás defensoras y defensores de derechos humanos de Río Blanco,
Intibucá.
Tegucigalpa, 07 de Agosto de 2013.
ALTO
A LA CRIMINALIZACION DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
POR
LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO
MESOAMERICANAS
EN RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA - HONDURAS
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