By Por LUIS ALONSO LUGO
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| con Foto de elheraldo.hn |
WASHINGTON --
Dos legisladores demócratas exhortaron el jueves al gobierno
estadounidense a aumentar la atención sobre la crisis de seguridad
ciudadana y respeto a los derechos humanos que padece Honduras.
El representante James McGovern, demócrata por Massachusetts, señaló que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no ha mejorado, "sino más bien se han deteriorado" desde la elección del presidente Porfirio Lobo en 2009, e identificó como su principal preocupación que "Estados Unidos pueda estar apoyando a esos violadores (de derechos humanos) a través de nuestra cooperación internacional, que incluye 16 millones de dólares para la policía hondureña en lo que va de este año".
Al inaugurar una audiencia sobre la situación en Honduras, convocada por la Comisión de Derechos Humanos, Tom Lantos, quien coopreside el panel junto al representante Frank Wolf, republicano por Virginia, McGovern se sumó a las críticas expresadas el mes pasado por 21 senadores que en una misiva al secretario de Estado John Kerry cuestionaron la certificación emitida por el Departamento de Estado para liberar fondos dirigidos a las fuerzas hondureñas de seguridad durante el año fiscal 2012.
"Esa certificación en efecto indicó al gobierno hondureño que los requisitos estadounidenses en materia de respeto a los derechos humanos durante el año fiscal 2012 se cumplieron cabalmente", agregó. "Creo que eso parece alejado de la realidad".
La Ley de Asignaciones Presupuestaria del Congreso exige que el Departamento de Estado investigue y reporte si el gobierno hondureño protege el Estado de Derecho y también el debido proceso legal, además de llevar ante la justicia a personal militar y policial cuando se tengan denuncias creíbles de violaciones a los derechos humanos, antes del desembolso del 20% de los fondos destinados al ejército y a la policía de Honduras.
El gobierno estadounidense retiene fondos destinados a unidades de las fuerzas hondureñas de seguridad supervisadas por el nuevo director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla.
Bonilla, apodado 'El Tigre', fue acusado por el Departamento de Asuntos Internos de la policía hondureña de estar implicado en tres homicidios y ha sido vinculado con otras 11 muertes y desapariciones. Fue juzgado y absuelto en un caso. El resto de las acusaciones nunca se investigaron.
La suspensión se mantiene hasta que Estados Unidos pueda investigar las acusaciones de que Bonilla encabezó hace un decenio un escuadrón de la muerte, según un informe reciente del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado reanudó la financiación policial y dijo que el dinero solo llegaría a unidades especiales certificadas por Estados Unidos. Este año Washington ha entregado 16 millones de dólares a la policía hondureña y dice que ni Bonilla ni 20 de sus subordinados directos reciben un solo dólar de ese dinero.
Al final de su intervención, McGovern mencionó el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, perpetrado el miércoles en la ciudad de El Progreso, y exhortó a las autoridades hondureñas a esclarecer los hechos a la brevedad.
En los últimos tres años al menos 64 abogados han sido asesinados en el país en circunstancias similares, según estadísticas oficiales, y en lo que va de este año ya van 11.
El representante James McGovern, demócrata por Massachusetts, señaló que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no ha mejorado, "sino más bien se han deteriorado" desde la elección del presidente Porfirio Lobo en 2009, e identificó como su principal preocupación que "Estados Unidos pueda estar apoyando a esos violadores (de derechos humanos) a través de nuestra cooperación internacional, que incluye 16 millones de dólares para la policía hondureña en lo que va de este año".
Al inaugurar una audiencia sobre la situación en Honduras, convocada por la Comisión de Derechos Humanos, Tom Lantos, quien coopreside el panel junto al representante Frank Wolf, republicano por Virginia, McGovern se sumó a las críticas expresadas el mes pasado por 21 senadores que en una misiva al secretario de Estado John Kerry cuestionaron la certificación emitida por el Departamento de Estado para liberar fondos dirigidos a las fuerzas hondureñas de seguridad durante el año fiscal 2012.
"Esa certificación en efecto indicó al gobierno hondureño que los requisitos estadounidenses en materia de respeto a los derechos humanos durante el año fiscal 2012 se cumplieron cabalmente", agregó. "Creo que eso parece alejado de la realidad".
La Ley de Asignaciones Presupuestaria del Congreso exige que el Departamento de Estado investigue y reporte si el gobierno hondureño protege el Estado de Derecho y también el debido proceso legal, además de llevar ante la justicia a personal militar y policial cuando se tengan denuncias creíbles de violaciones a los derechos humanos, antes del desembolso del 20% de los fondos destinados al ejército y a la policía de Honduras.
El gobierno estadounidense retiene fondos destinados a unidades de las fuerzas hondureñas de seguridad supervisadas por el nuevo director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla.
Bonilla, apodado 'El Tigre', fue acusado por el Departamento de Asuntos Internos de la policía hondureña de estar implicado en tres homicidios y ha sido vinculado con otras 11 muertes y desapariciones. Fue juzgado y absuelto en un caso. El resto de las acusaciones nunca se investigaron.
La suspensión se mantiene hasta que Estados Unidos pueda investigar las acusaciones de que Bonilla encabezó hace un decenio un escuadrón de la muerte, según un informe reciente del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado reanudó la financiación policial y dijo que el dinero solo llegaría a unidades especiales certificadas por Estados Unidos. Este año Washington ha entregado 16 millones de dólares a la policía hondureña y dice que ni Bonilla ni 20 de sus subordinados directos reciben un solo dólar de ese dinero.
Al final de su intervención, McGovern mencionó el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, perpetrado el miércoles en la ciudad de El Progreso, y exhortó a las autoridades hondureñas a esclarecer los hechos a la brevedad.
En los últimos tres años al menos 64 abogados han sido asesinados en el país en circunstancias similares, según estadísticas oficiales, y en lo que va de este año ya van 11.
Luis Alonso Lugo está en Twitter como https://twitter.com/luisalonsolugo
Nota: la versión anterior es incompleta. *******************************
Versión completa:
Legisladores de EEUU piden al gobierno de Obama prestar más atención a crisis de inseguridad en Honduras
Autor del articulo: Proceso Digital/Agencias/25 de julio 2013.
Tegucigalpa - Dos legisladores demócratas exhortaron este jueves al gobierno estadounidense de Barack Obama, a aumentar la atención sobre la crisis de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos que padece Honduras, según informa el periódico El Nuevo Herald de Miami, Florida.
La publicación refiere que el
representante demócrata por Massachusetts, James McGovern, señaló que la
seguridad y el respeto a los derechos humanos no ha mejorado, "sino más
bien se han deteriorado" desde la elección del presidente Porfirio Lobo en
2009, e identificó como su principal preocupación que "Estados Unidos
pueda estar apoyando a esos violadores (de derechos humanos) a través de
nuestra cooperación internacional, que incluye 16 millones de dólares para la
Policía hondureña en lo que va de este año".
Al inaugurar una audiencia sobre la
situación en Honduras, convocada por la Comisión de Derechos Humanos, Tom
Lantos, quien co-preside el panel junto al representante Frank Wolf,
republicano por Virginia, McGovern se sumó a las críticas expresadas el mes
pasado por 21 senadores que en una misiva al secretario de Estado John Kerry
cuestionaron la certificación emitida por el Departamento de Estado para
liberar fondos dirigidos a las fuerzas hondureñas de seguridad durante el año
fiscal 2012.
"Esa certificación en efecto indicó
al gobierno hondureño que los requisitos estadounidenses en materia de respeto
a los derechos humanos durante el año fiscal 2012 se cumplieron
cabalmente", agregó. "Creo que eso parece alejado de la
realidad".
La Ley de Asignaciones Presupuestaria del
Congreso exige que el Departamento de Estado investigue y reporte si el
gobierno hondureño protege el Estado de derecho y también el debido proceso
legal, además de llevar ante la justicia a personal militar y policial cuando
se tengan denuncias creíbles de violaciones a los derechos humanos, antes del
desembolso del 20 por ciento de los fondos destinados al ejército y a la
Policía de Honduras.
El gobierno estadounidense retiene fondos
destinados a unidades de las fuerzas hondureñas de seguridad supervisadas por
el director general de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
La nota señala que Bonilla fue acusado
por el Departamento de Asuntos Internos de la Policía hondureña de estar
implicado en tres homicidios y ha sido vinculado con otras 11 muertes y
desapariciones. Fue juzgado y absuelto en un caso. El resto de las acusaciones
nunca se investigaron, acota.
La suspensión se mantiene hasta que
Estados Unidos pueda investigar las acusaciones de que Bonilla encabezó hace un
decenio un escuadrón de la muerte, según un informe reciente del Departamento
de Estado.
Sin embargo, el Departamento de Estado
reanudó la financiación policial y dijo que el dinero solo llegaría a unidades
especiales certificadas por Estados Unidos. Este año Washington ha entregado 16
millones de dólares a la Policía hondureña y dice que ni Bonilla ni 20 de sus
subordinados directos reciben un solo dólar de ese dinero.
Al final de su intervención, McGovern,
mencionó el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, perpetrado el miércoles en la
ciudad de El Progreso, y exhortó a las autoridades hondureñas a esclarecer los
hechos a la brevedad.
En los últimos tres años al menos 64
abogados han sido asesinados en el país en circunstancias similares, según
estadísticas oficiales, y en lo que va de este año ya van 11.
Por su parte, el senador Tim Kaine,
demócrata por Virginia, quien durante su juventud trabajó con jesuitas en
Honduras en 1980, agradeció en la audiencia al Departamento de Estado y a la
embajada estadounidense en Tegucigalpa por responder a sus inquietudes sobre la
situación, "pero ciertamente se puede y se necesita hacer más".
Kaine acusó al gobierno de Lobo de
"no encausado a los responsables por atacar a víctimas sólo por su
profesión o activismo" y exhortó a los 79 legisladores de la Comisión de
Derechos Humanos a "presionar al gobierno (estadounidense) para que
contacte al gobierno hondureño" sobre el nombramiento del fiscal general,
lo que calificó "crítico para garantizar la rendición de cuentas sobre
infracciones a los derechos humanos patrocinadas por el Estado".
"El gobierno de Lobo ha adoptado
varias medidas, a veces bajo presión estadounidense, para mejorar (la
protección a) los derechos humanos", dijo Kaine. "Pero muchas de esas
reformas se han estancado", acotó.
Tirza Flores Lanza, ex magistrada de un
tribunal de apelaciones en San Pedro Sula, propuso que Washington reanude su
cooperación a Honduras sólo después de concretarse la depuración de la Policía
Nacional y el Ministerio Público, y que se nombren integrantes
"independientes e idóneos" del Consejo de la Judicatura.
Flores recomendó también que se
condicione la ayuda a la elección de un fiscal general y su adjunto en marzo
del 2014, nombrados por el Congreso electo en los comicios previstos para
noviembre.
Flores acusó al presidente del Congreso,
Juan Hernández, candidato presidencial, de nombrar al fiscal general antes de
los comicios de noviembre.
"Adelantar esta elección es
claramente una usurpación de la representación popular", indicó.
Información de la ONU indica que Honduras
tiene una de las tasas delictivas más altas del mundo, de 85.5 por cada 100 mil
habitantes.
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