HONDURAS: Escenario peligroso para la manifestación pacífica en Honduras

Tegucigalpa,Jueves 18  de Julio 2013-19:07  -  Dina Meza /  defensoresenlinea.com

Continuar con la estrategia de detener una manifestación pacífica a balas donde caen fulminados por los disparos integrantes de diversos sectores nacionales,  es la peor de las decisiones tomadas en las últimas horas por las Fuerzas Armadas  y su continuación solo se explica por el alto grado de impunidad en el país.
El artículo 19 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del cual Honduras es suscriptor, reza que “Se reconoce el derecho de reunión pacífica. 
El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

 Este derecho ha sido seriamente vulnerado por los cuerpos de seguridad del Estado desde el golpe de Estado de 2009, y con la participación del ejército en laborales policiales con el decreto 223-2011, aprobado por el Congreso Nacional,  se han incrementado los crímenes contra miembros de grupos sociales y otras personas que no están organizadas.
Uno de los últimos casos es el de Tomás García, el pasado 15 de julio de este año. Su hijo Allan sobrevivió al ataque, cuando una manifestación pacífica de indígenas lencas aglutinados en el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, ejercía su derecho a manifestación pacífica en defensa de sus territorios en apego al Covenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT.
La población Lenca se pronunció en contra del establecimiento de una hidroeléctrica en sus territorios, pero aún así y por la fuerza de las armas, el sicariato y una campaña de desprestigio contra la dirigencia indígena, se ha echado a andar este proyecto a cargo de las empresas DESA y SYNOHIDRO.
“Los militares dispararon sin mediar palabra cuando los compañeros iban en una marcha pacífica acercándose a los portones de la empresa”, dijo Bertha Cáceres, Coordinadora del COPINH.
Cáceres ha denunciado que coroneles del Batallón de Ingenieros de Siguatepeque mantienen una fuerte presión contra el pueblo lenca para que desista de su lucha.
El COPINH inició acciones de resistencia a este proyecto desde hace unos 109 días, para hacer valer el Convenio 169 de la OIT, específicamente en el artículo Artículo 7 señala que “1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Pero en la medida que no baja la resistencia de este pueblo étnico, las medidas de represión se han incrementado a través de procesos judiciales, persecución y amenazas a muerte y crímenes.
Ejército haciendo labores de seguridad privada?
La instalación de guardias de seguridad y  paramilitares no fue suficiente para las empresas establecidas en Río Blanco, pero tampoco lo ha sido para los terratenientes Miguel Facussé, René Morales, Reynaldo Canales en El Aguán o para Azunosa en el departamento de Cortés.
Todos ellos han recurrido al ejército y a la policía para realizar desalojos violentos u hostigamientos contra campesinos, ambientalistas, indígenas y negros que se oponen a que sus bienes comunes como los ríos y el bosque sean arrasados para comercializar con ellos y dejarlos sin esos recursos.
Acaso el decreto 223-2011 fue preconcebido para utilizar al ejército para defender los intereses particulares de empresas transnacionales con testaferros nacionales?
La aprobación de centenares de concesiones de ríos y de tierras para la minería a cielo abierto en distintas zonas de Honduras ha traído mucha presión social, los pueblos ya no están dispuestos a ser despojados de sus recursos naturales, y a falta de institucionalidad en Honduras no les queda más opción que ejercer su derecho a la resistencia.
Para hacerlo han utilizado diversas estrategias entre ellas las  manifestaciones pacíficas, pero las estrategias de despojo también han tomado un giro peligroso: el uso del ejército como guardia de seguridad privada.
El caso de Río Blanco deja muy claro este panorama, el ejército duerme y come en el plantel de la empresa DESA-SYNOHIDRO, decenas de soldados, vehículos y todo tipo de logística, pagada por el pueblo hondureño, al servicio de estas empresas privadas.
Las Fuerzas Armadas solicitaron más presupuesto para abrir mil nuevas plazas para soldados, este fue aprobado de inmediato  por el Congreso Nacional, pues se invoca como argumento la inseguridad en el país, pero este dinero se está gastando en planillas para que los militares sean guardias privados de estas empresas y además que cometan graves violaciones a los derechos humanos.
Solo para enumerar algunos ejemplos de este despilfarro económico, se podría hacer un estimado de cuánto se gasta en combustible para el desplazamiento del Batallón de Ingenieros que está asentado en Siguatepeque en  la zona central de Honduras, para que corran a reprimir una protesta pacífica de indígenas en Río Blanco.
O cuánto gasta el XV Batallón de Infantería ubicado en Río Claro, en Trujillo, departamento de Colón  y la Fuerza Xatruch  para reprimir a campesinos que están ejerciendo su derecho a la tierra en el Bajo Aguán.
El fin puramente económico contra los derechos humanos
El derecho a manifestarse está protegido tanto por el derecho a la libertad de expresión como por el derecho a la libertad de reunión, eso está contemplado en el artículo 19 y 21 del pacto de los Derechos Civiles y Políticos.
El intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información, según ese Pacto y en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; en los artículos 9 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos  y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Militarización como respuesta a las demandas sociales
Desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas retomaron el rol que jugaron en la década de los 80 cuando participaron en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas las desapariciones forzadas, también para detener las demandas sociales en Honduras, con  logística proporcionada por los Estados Unidos en ese entonces.
Con el golpe de  Estado las Fuerzas Armadas han participado en la represión de la protesta social y están señalados en crímenes contra manifestantes.
El caso de Isy Obed Murillo Mencías, un joven que soñaba con el retorno a la institucionalidad en el país, las balas de los militares que estaban el 05 de julio de 2009 en el aeropuerto internacional de Toncontín, en Tegucigalpa, acabaron con sus ilusiones. Los militares no querían ver a miles de personas manifestándose para que el presidente Manuel Zelaya Rosales aterrizara en un avión en el cual llegaba, siete días después que fue sacado a fuerza de balazos por soldados, para el exilio en Costa Rica.
Aproximadamente el 25 de julio de 2009, Pedro Magdiel Muñoz Salvador,  otro joven que llegó al departamento de El Paraíso para encontrar a Zelaya Rosales que hacía un segundo intento por retornar a Honduras a través de la Frontera con Nicaragua, también fue víctima de la represión militar.
Una fotografía histórica muestra como era arrastrado por un oficial del ejército al momento de ser capturado en la noche  después de una manifestación pacífica de miles de manifestantes, su cuerpo apareció con 42 puñaladas tirado en el monte en el municipio de Alauca, El Paraíso.
El 30 de julio de 2009, el profesor Roger Vallejo recibió un balazo cuando participaba en otra manifestación pacífica que el magisterio y miles de personas aglutinadas en el Frente Nacional de Resistencia Popular, realizaban contra el golpe de Estado. El falleció también cuando era trasladado al Hospital Escuela.
Se suma a ello la brutalidad de los cuerpos represivos del Estado. El 31 de julio de 2009 militares del Batallón de Ingenieros de Siguatepeque junto a la policía reprimieron violentamente una manifestación pacífica contra el golpe de Estado. Según testimonios de víctimas fueron metidos a un camión militar donde les lanzaron gases lacrimógenos para que se asfixiaran.
En la medianoche del viernes 26 de noviembre de 2009,  Ángel Salgado recibió varios impactos de bala  de militares del Estado Mayor que  le dispararon cuando se llevó una valla que éstos tenían en las inmediaciones de la sede de esa institución militar, ubicada en la El Obelisco.
El 18 de marzo de 2011, el cuerpo de la profesora Ilse Ivannia Velásquez fue alcanzado por una bomba lacrimógena en su cabeza, después cuando era llevada de emergencia al hospital Escuela, tanquetas con militares y policías seguían el vehículo que la transportaba y le rociaban gas pimienta, ella falleció en ese hospital. Unas horas antes ella junto a miles de maestros reclamaban por sus derechos en las calles de la capital pero la protesta pacífica fue reprimida violentamente.
En una visita que hizo Amnistía Internacional para verificar violaciones a los derechos humanos en Honduras,  del 28 de julio al 1 de agosto de 2009, dijo que “En general, no debe utilizarse al ejército para desempeñar funciones de policía civil”.
Los hechos de actos militares reñidos con los derechos humanos en especial lo relacionado con el derecho a la vida, son solamente algunos de los casos donde el ejército participó para reprimir la protesta pacífica antes de la aprobación del decreto 223-2011 que le da facultades policiales a los militares.
Alex Josué Banoff Antúnez  fue atravesado por un  balazo en su garganta, el 10 de mayo  de 2012, en el XV Batallón de Fuerzas Especiales en Trujillo, Colón. El murió el 24 de mayo después de estar por varios días en agonía.
Sus padres creen que hay mano criminal detrás de este hecho pues su pariente antes de morir les denunció que le habían tendido una trampa y que tenía mucho miedo. Un militar es uno de los principales sospechosos.
El Decreto 223-2011 permitió que militares que se encontraban en la salida hacia el Oriente del país, estuvieran haciendo labores policiales el 27 de mayo de 2012, varios militares persiguieron al niño Ebed Jassiel Yanez Cáceres y le dispararon matándole al instante.
Por este crimen fueron acusados el subteniente Josué Antonio Sierra, el cabo Felipe de Jesús Rodríguez y el sargento Eleázar Abimael Rodríguez, el único que guarda prisión en la Penitenciaría Nacional; los otros dos gozan de medidas sustitutivas a la prisión.
Los altos oficiales Los oficiales Raynel Enrique Fúnes Ponce, Jesús Alberto Marmol Yanes, Mariano Maradiaga, Juan Rubén Reyes Girón, José Emiliano Novoa Fúnez y Juan José Flores Álvarez, participaron en el encubrimiento del hecho, obstruyeron la justicia cambiando las armas que terminaron con la vida de Ebed.
La participación de militares en el uso excesivo de la fuerza contra la población quedó evidenciado el pasado 6 de abril de este año cuando los pescadores Wilmer Gerardo Sabillón (23) y Julio César Pineda (27) resultaron heridos de bala cuando efectivos militares de la Fuerza Naval, que  les dispararon mientras faenaban en las aguas del Lago de Yojoa, departamento de Cortés. Los heridos quedaron lisiados de sus brazos producto de las heridas provocadas por fusiles M-16 y pistola 9 mm.
El 23 de febrero de 2013 en la colonia Santa Clara sector Lomas del Carmen Alex Wilfredo Herrera López,  murió de un balazo cuando los militares Melvin Gustavo Enamorado Pineda, Leonardo Rafael Pérez Cortés, Javier Alcides Mercado López, Cristian Enrique Tobar Enamorado y Oscar René Estudio Baires,  le dispararon y dos familiares que resultaron heridos.
En diciembre del año 2011 el COFADEH presentó un Recurso de Inconstitucionalidad para que se derogue el Decreto 223-2011 porque es ilegal las funciones policiales asignadas a los militares, todavía está en espera de respuestas de este poder del estado que se quedó silenciado y engavetó la solicitud.
El 29 de junio de 2012, Wilfredo Yanes padre del niño Ebed Jassiel Yanes Cáceres, asesinado por militares, interpuso otro  recurso de Inconstitucionalidad por este mismo decreto, pero tampoco ha obtenido respuestas.
Los crímenes cometidos por militares están en la impunidad, en algunos casos han sido enjuiciados solamente soldados de bajo rango, mientras que los altos mandos permanecen en la impunidad y continúan dando órdenes de muerte.