Tegucigalpa.
“Advertimos a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que el tiempo para los juegos de distracción política, prácticamente se han acabado. Por ello más importante que aprobar una nueva ley orgánica del MP, es la decisión política de reorganizar verdaderamente el MP y no de impulsar maniobras para elegir al Fiscal General y su Adjunto por cinco o siete años al margen de la legalidad”, señaló la Coalición contra la Impunidad-Honduras, en conferencia de prensa este miércoles 04 de julio.
Esta Coalición está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil de diferentes regiones del país que están articuladas para la protección y defensa de los derechos humanos.Esta Red analizó el informe presentado por la Comisión Interventora del Ministerio Público de la cual dijo que en el corto plazo que le queda en funciones, debe proceder a presentar requerimiento fiscal en contra de Luís Alberto Rubí, Fiscal General y Roy Urtecho, Fiscal Adjunto, para que se les deduzcan responsabilidades penales por el incumplimiento de sus responsabilidades.
En la conferencia de prensa estuvieron Guillermo López Lone, por la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD; Pablo Munguía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Ivania María López, por el Centro de Derechos de Mujeres , Wilfredo Méndez, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH, Héctor Longino Becerra, del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre.
Señalaron que el informe de la Comisión Interventora se queda corto en definir líneas aunque sean generales de un diagnóstico de dicho ministerio en particular con las Fiscalías Especiales, lo que deja evidente que la depuración que se ha realizado es de carácter limitado.
La Coalición criticó que los cambios ocurridos en las diferentes fiscalías no se han realizado bajo mecanismos de concurso interno, y que al final hayan prevalecido decisiones de carácter estrictamente discrecionales por parte de la Comisión Interventora.
Dicho informe se produjo en un contexto aprovechado por el Congreso Nacional para exigir la destitución del Fiscal General y Adjunto usando como presión el juicio político para obligarlos a renunciar, lo cual ocurrió al final, y que en el fondo se trata de un control político del actual régimen en el Ministerio Público, en el marco de la coyuntura electoral que se avecina, aseguraron.
La
carencia de visión y de alcance para reorientar o reorganizar el
Ministerio Público dejó como resultado que no se profundizara en medidas
para la depuración y la realización de una evaluación en el corto plazo
de todos los funcionarios especialmente de los fiscales General y
Adjunto, señaló en un comunicado la Coalición contra la Impunidad.
Uno de los elementos importantes señalados en el posicionamiento de esta Coalición fue que “Más importante habría sido que la Comisión Interventora hubiera recomendado la separación, por la vía del juicio político, del Fiscal General y de su Adjunto y que el Congreso Nacional procediera a elegir a sus sustitutos por el tiempo que falta para que se cumpla el período para el cual ellos fueron electos; y que consecuentemente se les dedujera responsabilidad penal por las actuaciones contrarias a la ley en que se vieron involucrados…”.
Los juegos de distracción política prácticamente se acabaron
Otra de las demandas fue la toma de decisiones por parte de la clase política para que se supere la crisis del Ministerio Público sin que medien los pactos secretos o mecanismos de consenso de las fuerzas políticas en contienda, sino que debe prevalecer el interés por la institucionalidad y no el político partidario.
“Advertimos a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que el tiempo para los juegos de distracción política, prácticamente se han acabado. Por ello más importante que aprobar una nueva ley orgánica del MP, es la decisión política de reorganizar verdaderamente el MP y no de impulsar maniobras para elegir al Fiscal General y su Adjunto por cinco o siete años al margen de la legalidad”, agregaron las organizaciones de la Coalición contra la Impunidad.
Al mismo tiempo destacaron que si la Comisión Interventora del Ministerio Público debe cesar en sus funciones pues su continuidad es una abierta y flagrante ilegalidad.
Pero enfatizan que adelantar la elección tanto del Fiscal General como del Adjunto es un nuevo golpe a la ya resquebrajada institucionalidad del país, “ya de por sí colapsada como consecuencia del golpe de Estado de junio de 2009…..no se puede continuar de golpe en golpe”.
Exigieron que se garantice una verdadera participación de las organizaciones de sociedad civil sin exclusiones y sin preferencias para nadie, “como Coalición contra la impunidad demandamos que nuestra voz sea tenida en cuenta tanto para la elección de las autoridades del MP, como en la reorganización de esta institución que se debe a los intereses de la sociedad”.
Fuerzas políticas tradicionales traman acciones para fraude en elecciones
Para Héctor Longino Becerra, director del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, el Congreso Nacional actual no debería estar abordando la elección de los fiscales en mención porque eso pone de manifiesto que las fuerzas políticas tradicionales están preparando un escenario propicio para un probable fraude para las elecciones generales de noviembre próximo. “Al tener en el Ministerio Público personas que responden a intereses de la clase pudiente, eso evidencia que probables partidos políticos pueden ganar las elecciones”, dijo.
Discutiremos en el corto plazo si participamos o no en las discusiones en el Congreso Nacional al que le ha denominado mesas ciudadanas, pues la convocatoria que este organismo ha hecho de un día para otro nos ha tomado de sorpresa, no sabemos qué es lo que esconden y no sabemos qué es lo que quieren legitimar, dijo Guillermo López, de la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, ante la interrogante de los periodistas de sí esta Coalición participaría en el proceso iniciado por el Parlamento hondureño.
Cuestionó que los fiscales están obstaculizando el acceso a la justicia pues se esperaba que en el informe de la Comisión Interventora se señalaran los casos que no se han podido desengavetado y cuáles serían los casos emblemáticos que se presentarían ante los tribunales del país y deja constancia de que esa comisión es timorata y se ha quedado dentro de la égida del presidente del Congreso Nacional.
Wilfredo Méndez del CIPRODEH agregó que no es que estén pidiendo participación en la comisión que supuestamente está socializando la nueva Ley del Ministerio Público “porque simplemente sabemos cómo actúan, el hecho es que se tome en cuenta a sociedad civil y que se proponga a un hombre o a una mujer que asuma la Fiscalía General con una posición de lucha contra la corrupción, pero tienen miedo de hacerlo y están haciendo componendas y hay una clara manipulación de algunos grupos de sociedad civil afines al presidente del Congreso Nacional”.
Ivania María López del CDM cuestionó por qué la Junta Interventora no dedujo responsabilidades a los fiscales General y Adjunto a pesar que hay una sospecha que han incumplido con sus funciones cuando sugieren el juicio político; ella se contestó que el interés es beneficiar al gobierno que está de turno
La Coalición contra la Impunidad está integrada por las siguientes organizaciones, Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Unidad Color Rosa.
También la integran el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso.
Además están las Feministas Universitarias , Foro de Mujeres por la Vida, Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Red de Mujeres Jóvenes de Cortés , Red Nacional de Defensoras y la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.
Vea pronunciamiento completo de la Coalición contra la Impunidad
No hay comentarios :
Publicar un comentario