Mesa de Diálogos por la paz entre FARC-EP y gobierno colombiano en Cuba.
Ambas partes publicaron también un primer informe general de 13 páginas sobre el proceso de paz, siete meses después de empezar las negociaciones en La Habana.
Las delegaciones recibieron “cerca de 500 propuestas sobre el tema de participación política y participación ciudadana” presentadas en un foro realizado en Bogotá a finales de abril, señalaron ambas partes en un comunicado conjunto.
El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaron a finales de mayo un acuerdo en el primer punto de la agenda de paz, el desarrollo agrario, considerado uno de los problemas claves del conflicto.
Las conversaciones de esta semana han estado centradas en las posibilidades para la participación política de la guerrilla una vez que deje las armas.
El proceso estuvo marcado en la última semana por disputas respecto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el país sudamericano. Los rebeldes han exigido en varias ocasiones la celebración de una Constituyente para refrendar el posible acuerdo de paz.
El gobierno colombiano ha descartado sin embargo esa posibilidad.
En una reciente entrevista con la revista colombiana “Semana”, el negociador jefe del gobierno, Humberto De la Calle, rechazó una convocatoria de ese tipo.
Ambas partes retomarán el diálogo el 1 de julio, según el comunicado conjunto.
(Con información de DPA) 21.06.2013.
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COLOMBIA
LAS FARC DAN A CONOCER SU
PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN
POLITICA
COLOMBIA
LAS FARC DAN A CONOCER SU
PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN
POLITICA
Participación política para la democratización real,
la paz con justicia social y la reconciliación nacional
Documento leído por
la delegación de las FARC en La Habana
Diez propuestas mínimas
Con el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de contribuir a la superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares, criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las condiciones de la participación política, así como de propiciar la más amplia participación social y popular, y de territorios y regiones, hasta ahora excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas:
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos.
8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América
9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.
10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Para conocimiento del país y para su discusión en la mesa de diálogo, desarrollamos hoy los puntos 1 y 2 de estas 10 propuestas:
1.- Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
Se requiere una reestructuración del Estado, que garantice una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo ello, acompañado de la correspondiente disposición de recursos de presupuesto. La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado; con el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el rediseño constitucional del orden jurídico-económico; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. De manera especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz.
La reestructuración del Estado se acompañará de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral. Se reformará el poder electoral y se garantizará la participación de las fuerzas políticas opositoras. Se reformarán los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas.
2.- Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
Se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores. Su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Se expedirá un Estatuto de la Oposición, contentivo de garantías políticas y de seguridad individual y colectiva a proveer por Estado, de la proscripción de prácticas de estigmatización, señalamiento y persecución, de medidas de financiación y de acceso a la información y a los medios de comunicación, entre otros. Se generarán condiciones para el control político efectivo por parte de la oposición.
El Estado suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas, que impiden el ejercicio de la oposición política y la participación política y social de los sectores sociales y populares. Se implementarán medidas efectivas para proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de “seguridad nacional” en las Fuerzas Militares. Se promulgarán medidas de reparación integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron objeto; se restablecerá su personería jurídica; y se comprometerán garantías de no repetición.
Diez propuestas mínimas
Con el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de contribuir a la superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares, criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las condiciones de la participación política, así como de propiciar la más amplia participación social y popular, y de territorios y regiones, hasta ahora excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas:
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos.
8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América
9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.
10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Para conocimiento del país y para su discusión en la mesa de diálogo, desarrollamos hoy los puntos 1 y 2 de estas 10 propuestas:
1.- Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
Se requiere una reestructuración del Estado, que garantice una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo ello, acompañado de la correspondiente disposición de recursos de presupuesto. La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado; con el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el rediseño constitucional del orden jurídico-económico; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. De manera especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz.
La reestructuración del Estado se acompañará de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral. Se reformará el poder electoral y se garantizará la participación de las fuerzas políticas opositoras. Se reformarán los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas.
2.- Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
Se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores. Su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Se expedirá un Estatuto de la Oposición, contentivo de garantías políticas y de seguridad individual y colectiva a proveer por Estado, de la proscripción de prácticas de estigmatización, señalamiento y persecución, de medidas de financiación y de acceso a la información y a los medios de comunicación, entre otros. Se generarán condiciones para el control político efectivo por parte de la oposición.
El Estado suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas, que impiden el ejercicio de la oposición política y la participación política y social de los sectores sociales y populares. Se implementarán medidas efectivas para proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de “seguridad nacional” en las Fuerzas Militares. Se promulgarán medidas de reparación integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron objeto; se restablecerá su personería jurídica; y se comprometerán garantías de no repetición.
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| SIGUE
LA REPRESIÓN CONTRA LOS CAMPESINOS DEL NORTE DE SANTANDER. Catatumbo colombiano en crisis, fuerza pública dispara a campesinos |
Bogotá, 21 jun (PL) La fuerza pública colombiana arremetió con
disparos de ametralladoras contra la población civil durante las protestas
de más de ocho mil campesinos de la región del Catatumbo, en el Norte de
Santander.(RadioPL)
La Agencia de Prensa
Rural reportó que el hecho ocurrió la víspera en la localidad de Ye, cerca
del casco urbano del municipio de Ocaña, cuando el ejército volvió a
reprimir a los manifestantes.Unos 600 efectivos de diferentes cuerpos represivos están atacando de manera indiscriminada a los marchantes en esa zona, añade la fuente. La protesta, iniciada hace 12 días en Tibú, se ha extendido por siete municipios del Norte de Santander y avanza hacia los departamentos del Cesar y Bolívar, mientras la policía intenta despejar sin éxito las vías bloqueadas. Los agricultores aseguran que no se moverán hasta ser escuchados por el Gobierno y exigen la definición de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el Catatumbo y la sustitución gradual de cultivos ilícitos mediante proyectos productivos sostenibles. Se han reportado unos 10 heridos de gravedad, tres de ellos con imputaciones en las manos y el antebrazo. Por la intensidad y la dirección de las ráfagas en Ye, se teme que pudieran haber más afectados por las balas, reportó la Agencia de Prensa. La situación empeoró la víspera tras la infructuosa reunión entre el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan, y los líderes campesinos que se levantaron de la mesa en rechazo a la presencia del mayor general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía. La Agencia de Prensa denunció ayer intimidaciones en su contra protagonizadas por infiltrados de la fuerza pública. Hombres vestidos de civil, que ocultaban sus rostros con pasamontañas y equipados con cámaras de video, surgieron entre las tropas de los escuadrones móviles antidisturbios. Los infiltrados, señaló ese medio alternativo, están intimidando directamente a los reporteros de la Agencia de Prensa Rural y de la emisora Independiente Radio. "Tememos por la integridad física de nuestros compañeros periodistas y por la del resto de campesinos y campesinas. Los videos grabados podrían manipularse y utilizarse como pruebas falaces en futuros montajes judiciales", subrayaron. En solidaridad con el campesinado, miles de pobladores se han unido a las protestas. El miércoles último 350 presos de la cárcel Modelo de Cúcuta se declararon en huelga de hambre mientras un grupo de estudiantes de las universidades de Francisco de Paula, en Cúcuta, y en Pamplona, ocuparon varios edificios de esos centros para condenar la represión que sufrieron los marchantes. Colombia |
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