Autor del articulo: Especial Proceso Digital / 10.06.2013.Tegucigalpa – El proyecto para brindar
protección a periodistas en Honduras, un país que registra más de una
treinta de muertes de comunicadores en los últimos cinco años, se ha
quedado estancado, en simple papel, aseguran líderes y figuras de la
prensa hondureña quienes advierten sobre la urgencia de retomar la
iniciativa.
Periodistas
hondureños consideran que el cumplimento del compromiso fijado en un
encuentro con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quedó relegado
en la agenda gubernamental porque la administración priorizó en
las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, una iniciativa que al
final fue detenida por el Parlamento hondureño, tras ser rechazada por
diversos sectores hondureños e internacionales que la catalogaron como
una “ley mordaza”.
“El
no cumplimiento de los compromisos adquiridos con la SIP, yo la
atribuyo al cambio de la agenda del presidente Lobo y de la ministra de
Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, que denegaron la iniciativa
para despenalizar los delitos contra el honor” afirmó el periodista
Renato Álvarez, director del noticiero televisivo, Telenoticias y del
foro matutino “Frente a Frente”.
Para
el periodista Álvarez, la administración Lobo no solo cambió sus
prioridades respecto a la agenda con la prensa hondureña sino que además
“concentraron sus esfuerzos en promover las reformas a la Ley de
Telecomunicaciones “.
Agregó
que “toda la temática relacionada con la protección a los periodistas
fue desviada hacia la agenda del presidente Lobo y de la ministra de
Justicia y Derechos Humanos” quienes a su juicio “perdieron la
oportunidad de haber priorizado en algo que hubiera mejorado su imagen
a nivel nacional e internacional, era dar un paso importante para
redituarse en lugar de promover una ley que al final ni fue aprobada y
más bien los dejó mal parados” afirmó.
Las propuestas que el gobierno no ha cumplido
En
agosto de 2012 durante un encuentro de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), con miembros del gobierno, se definió el llamado "Plan de
Acción de Tegucigalpa", en el que se recogieron propuestas de reformas
públicas a fin de frenar la impunidad, contrarrestar la violencia contra
la prensa y establecer medidas de protección de los periodistas.
En
esa ocasión, el presidente Porfirio Lobo, anunció que su gobierno
estaba adoptando medidas para la protección de los periodistas,
considerando que entre 2003, hasta esa fecha, se habían asesinado 31
comunicadores.
Lobo hizo el anuncio a
favor de los periodistas al
cierre de la primera jornada de la Conferencia “Seguridad, protección y
solidaridad para la libertad de expresión” que se celebró con el
auspicio de la SIP y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras
(AMC).
Entonces
manifestó que “los supuestos responsables serán detenidos, castigados y
enjuiciados”, y que además está “proponiendo que se despenalice el
delito de calumnia e injuria y la difamación”, una promesa que aún es
inefectiva.
Voluntad y fondos
En
los últimos días, la ministra Ana Pineda desempolvó el tema para
aceptar que el cumplimento de la creación de la unidad de protección a
periodistas y otros grupos vulnerables, “requiere que exista la voluntad
política y que se haga el desembolso para cubrir la primera etapa hasta
llegar a la culminación y consolidación del mecanismo con 80 millones
de lempiras, en términos generales”, precisó la funcionaria.
No
obstante, apuntó que de momento no se ha identificado la partida
presupuestaria de la cual se obtendrían los fondos para echar a andar el
mecanismo y que permita darle vida al anteproyecto de ley.
Detalló
que en una primera etapa, se tendría que capacitar al personal que
brindará la seguridad y montar la plataforma de comunicaciones, comprar
vehículos blindados y tener fondos para reubicar de manera temporal y
permanente tanto dentro como fuera del país a las personas cuya vida se
encuentre en riesgo.
Respuestas necesarias
Para el periodista Juan Bautista Vásquez, coordinador de noticieros en la cadena radial América, “el
gobierno debe darle cumplimiento al compromiso que adquirió no sólo con
los medios de comunicación locales sino ante la SIP para que de esa
manera demostrar su buena voluntad para resolver los problemas
originados con la muerte de
periodistas en el país”.
El
periodista Vásquez demandó respuestas que abonen en la tranquilidad y
la seguridad de quienes ejercen el periodismo en Honduras.
Recomendaciones de los expertos
El
relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y
de Expresión, Frank La Rue, ha señalado que en América Latina hay dos
países que preocupan por la violencia contra los periodistas: México y
Honduras.
En
ese sentido, enfatizó que se deben aplicar mecanismos de protección a
favor de los informadores “por la función social que desempeñan”, que es
parecida a los defensores de otros derechos de la sociedad.
Entretanto,
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio,
recalcó que “todavía podemos proteger a los (periodistas) que no han
sido víctimas por informar sobre la verdad de los hechos, garantizando
su seguridad e integridad”.
Un compromiso incumplido
El
periodista Edgardo Melgar, director del noticiero Hoy Mismo y del
programa de debates “30/30” de la televisión, lamentó la falta de
respuestas ante los crímenes contra sus colegas.
“Yo
considero que es una lástima que el gobierno no siguió las
recomendaciones ni los compromisos para esclarecer la muerte de más de
30 periodistas que han ocurrido en el país” dijo.
Agregó
que “es una lástima que no se hayan implementado esas medidas que son
un compromiso que se adquirió a nivel local con los medios de
comunicación y a nivel internacional a través de la Sociedad
Interamericana de Prensa y es un reclamo popular unánime para que cumpla
con ese compromiso” reflexionó Melgar.
Sin
embargo, pese a la promesa del presidente Lobo y las sugerencias de
expertos en la materia, Dagoberto Rodríguez, directivo del Colegio de
Periodistas de Honduras, deploró que “la iniciativa sólo quedó plasmada
en papel”.
Recordó
que además, el gobierno se comprometió a crear juzgados especiales para
tratar todos los casos de periodistas y grupos vulnerables, pero no ha
sido posible establecer esos tribunales, bajo el argumento de que no hay
fondos.
Rodríguez
también dijo que no se ha cumplido en la emisión de una ley que
despenalice los delitos de la calumnia e injuria y la difamación, que es
una de las propuestas que hizo el propio mandatario hondureño en el
marco de la celebración de la SIP donde se abordó el tema de la
seguridad a los periodistas.
Honduras uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo
Según
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco), Honduras tiene el mayor número de asesinatos de
periodistas per cápita.
Irina
Bokova, directora general de la Unesco, señaló en el mensaje con motivo
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, que en
los últimos 10 años más de 600 periodistas han muerto asesinados en el
mundo y nueve de cada 10 casos han quedado impunes
Asimismo,
Honduras figura nuevamente entre los países más peligrosos de América
Latina para ejercer la profesión del periodismo, en el informe anual
presentado por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF).
Hay pocos avances constata la SIP
En
su reciente visita al país, directivos de la SIP, monitorearon lo que
ha hecho el gobierno del presidente Lobo para garantizar la protección
de los periodistas.
La
comisión llegó a Honduras con el objetivo de dar seguimiento a los
compromisos sobre la aplicación de medidas tendientes a garantizar la
protección y combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Sin
embargo, al cabo de tres días de reuniones con periodistas,
representantes de los medios de comunicación, organismos de derechos
humanos y representantes del gobierno, la delegación de la SIP,
encabezada por su presidente Jaime Mantilla, se marchó del país,
manifestando su preocupación por los pocos avances en los compromisos
oficiales formulados el año pasado en el sentido de garantizar la
seguridad y la vida de los periodistas, la creación de tribunales
especiales de derechos humanos y reformar la ley que penaliza la
calumnia y las injurias.
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