El exministro de Finanzas, Héctor Tito Guillén, recibió medidas
sustitutivas a la prisión por los delitos de abuso de autoridad y
fraude.
Tiempo.hn / Tegucigalpa, Honduras
La juez natural, Edith María López le aplicó medidas sustitutivas de
prisión al exministro de Finanzas, Héctor “Tito” Guillén, tras una
audiencia de declaración de imputado en juicio por los delitos de abuso
de autoridad y fraude.
El requerimiento interpuesto por el Ministerio Público está relacionado
a la denuncia del comunicador, Ariel D’Vicente sobre un contrato de
arrendamiento de seis fincas camaroneras situadas en Choluteca. De
acuerdo al expediente, sin subasta, el ahora diputado firmó un contrato
de arrendamiento de las fincas por 500, 000 lempiras. Investigaciones
realizadas por la Fiscalía indican haber comprobado que las fincas y la
procesadora Ibermar reportaban al año utilidades al Estado por un monto
de 3. 3 millones de lempiras.
Guillén, acompañado de su abogado Julio Ramírez, llegó a eso de las 2:
00 de la tarde de ayer a la Corte Suprema de Justicia para cumplir con
la audiencia de declaración de imputado. Una hora y media después, la
jueza natural y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Edith María
López le aplicó medidas sustitutivas que consisten en no salir del país y
deberá presentarse periódicamente a la Secretaría de la Corte Suprema
de Justicia.
La funcionaria judicial fijó para el 19 de junio la audiencia inicial,
donde le podrían decretar auto de prisión, sobreseimiento provisional o
definitivo.
EL DATO
Luego de la audiencia, el ex ministro de Finanzas, Héctor Guillén manifestó que demostrará que los contratos se suscribieron en el marco de la ley.
Luego de la audiencia, el ex ministro de Finanzas, Héctor Guillén manifestó que demostrará que los contratos se suscribieron en el marco de la ley.
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Erlindo está en la cárcel acusado de robar un perico, su crimen no es objeto de medidas sustitutivas
Autor del articulo: Especial Proceso Digital /16.05.2013.
Tegucigalpa - El Poder Judicial hondureño
continúa haciendo uso conveniente y discrecional de las medidas
cautelares. Las mismas sirven fundamentalmente para favorecer a ex
funcionarios públicos acusados por abuso de autoridad, malversación de
caudales públicos, entre otros delitos. A la par, infracciones menores
cometidas por el ciudadano de a pie siguen castigándose con todo el peso
de la ley.
- Desde el pasado mes de marzo, un ciudadano guarda
prisión en la cárcel de Támara por el robo de un perico; la juez número cinco
de los juzgados capitalinos tuvo miedo que se fuera a fugar y por eso lo envió
a la Penitenciaría.
- El ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri; el ex
titular de Aeronáutica, Guillermo Seaman y el ex ministro de Finanzas, Héctor
Guillén, son algunos de los últimos casos de funcionarios públicos que han
resultado favorecidos con medidas cautelares.
Tal es el caso del José Erlindo Martínez Cruz, quien según expediente 580-2013, está acusado por el presunto delito de robo agravado.
El
expediente detalla que Martínez Cruz fue enviado a la cárcel de Támara por el
juez número cinco de los juzgados capitalinos, tras el supuesto robo de un
perico con todo y su jaula.
Los
hechos sucedieron el pasado 3 de marzo en una colonia capitalina, cuando el
imputado se llevó el animalito luego de meterse a una vivienda. El ofendido
procedió a darle captura a Martínez Cruz y posteriormente lo puso a las órdenes
de las autoridades.
Al
detenido le dictaron auto de prisión, por robo agravado, con cárcel preventiva
y fue enviado a las ergástulas penitenciarias.
Teodoro
Bonilla: Tenemos un Código inquisidor y no garantista
Para el presidente de la
Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Teodoro Bonilla, el Código
Penal es inquisidor y no garantista. “Eso choca con el artículo 93 de la
Constitución de la República que dice que aún con auto de prisión, a una
persona que se le dicte una garantía debe ser escuchada en libertad”, explicó.
A
criterio de Bonilla, los delitos de abuso de autoridad y otros que generalmente
se cometen por funcionarios públicos deberían también tener la prohibición de
las medidas sustitutivas. “En el robo de una simple gallina o artículos
suntuarios no se pueden aplicar las medidas sustitutivas y si en los delitos
pequeños no se puedan aplicar estas medidas, tampoco deberían otorgarse en
otros como el abuso de autoridad o delitos contra la administración pública”,
aseveró.
El representante de los
jueces nacionales criticó la última y reciente ampliación del catálogo de
delitos porque se dejaron por fuera los que generalmente son cometidos por
funcionarios públicos.
“Eso significa que no se
aplicó una verdadera política criminal que sea pareja como dice el concepto que
la ley es de carácter general, no hubo un estudio criminológico y mucho menos
científico”, lamentó Bonilla.
Ex
fiscal general: “La justicia en Honduras es proveedora de impunidad”
En
tanto, el ex fiscal general hondureño, Edmundo Orellana, manifestó que los
diputados son políticos y como tales protegen los intereses de su clase, en
referencia a la no inclusión de los delitos de abuso de autoridad y
malversación de fondos públicos en la nómina de los ilícitos que no podrán
gozar de medidas sustitutivas.
“En algunos de estos
delitos como el abuso de autoridad cualquiera puede encontrarse en un supuesto
penal, sin embargo la malversación de caudales es diferente porque implica el
manejo inadecuado de los recursos”, estimó.
“En algunos supuestos se
justifica que no se den medidas sustitutivas” -continuó Orellana- “cuando la
malversación de fondos exceda el millón de lempiras no debería gozar medidas sustitutivas”.
Añadió
que “lo que siempre se ha dicho es que la justicia en Honduras es proveedora de
impunidad. Al corrupto lo tratan de un modo y al pueblo que no tiene recursos
lo tratan de otro, no hay equidad en el manejo de la justicia y el criterio a
aplicar está orientado por las posiciones económicas que al final se traduce en
una frustración del pueblo hondureño que ve que cada vez que la justicia es más
injusta”.
| Últimos antecedentes de medidas cautelares
El
martes de esta semana, el ex jefe de Aeronáutica Civil, Guillermo Seaman, fue “condenado” por
la justicia hondureña a pagar la ínfima suma de 10 lempiras diarios, por tres
años, como conmuta a la resolución judicial por el delito de abuso de autoridad
al haber otorgado 39 licencias a pilotos, mecánicos de vuelo y similares, de
origen venezolano y peruano, sin que estos vinieran a Honduras.
Los
hechos ocurrieron a mediados de 2008, durante la administración del ex
presidente Manuel Zelaya. El caso ocupó las planas de los medios y los espacios
de mayor audiencia en radio y televisión. Ahora todo se reduce a una pena menor
y aún apelable.
La
Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, condenó a tres años
de prisión al ex titular de Dirección de Aeronáutica Civil, Guillermo Seaman,
acusado por el delito de abuso de autoridad al otorgar licencias a pilotos
extranjeros, sin embargo podrá recuperar su libertad tras pagar una fianza de 10
mil 950 lempiras.
Mientras,
este jueves, la jueza natural, Edith María López, determinó decretar medidas sustitutivas al ex ministro de Finanzas,
Héctor “Tito” Guillén, acusado por los supuestos delitos de abuso de autoridad
y fraude en contra de la administración pública.
La
acusación que pesa sobre Guillén es por un contrato de arrendamiento que se
hizo en unas fincas camaroneras ubicadas en el sur de Honduras.
Guillén
tenía dos cargos, uno como ministro de Finanzas y otro como presidente del
grupo camaronero Hondufarms-Ibermar, un grupo de fincas que administra el
Estado a través de esa dependencia estatal.
En
ese sentido, Guillén suscribió un contrato de arrendamiento por 500 mil
lempiras en 18 meses, pero investigaciones realizadas por la Fiscalía de Lucha
Contra la Corrupción, se pudo comprobar que las fincas camaroneras y la
procesadora daban una utilidad anual al Estado por más de tres millones de
lempiras.
El
pasado 19 de abril, el ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(Hondutel), Marcelo Chimirri, fue favorecido por
medidas sustitutivas a la cárcel, acusado por el presunto delito de
enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado de Honduras.
Otros
delitos, ligados a descalabro del patrimonio público han quedado en la
impunidad, muchos han sido cubiertos por una especie de “amnistía política” que
ha servido para encubrir el saqueo a las arcas hondureñas.
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