Gustavo Zelaya.
La discusión sobre una nueva
ley de telecomunicaciones ha hecho que aparezcan opiniones muy diversas sobre
sus alcances, sus limitaciones y sobre qué tipo de intereses están en juego. Al
parecer no hay criterios firmes y el debate puede ir para largo. Incluso,
supuestos “expertos” en el asunto no han podido argumentar con solidez acerca
de los distintos aspectos de esa ley.
Hay muchos opiniones en juego y algunos sostienen que es una conjura del
gobierno que trata de regular el contenido de la información, de pretender que exista
una normativa moral en la comunicación; hay posturas muy radicales que
sostienen que se quiere implantar una censura; otros cargados de ingenuidad
dicen que hay que hacer de los medios instrumentos de cultura hasta el muy
remoto amago, imposible en las condiciones del sistema social vigente, de
democratizar el espectro radioelectrónico, esto último es lo que menos quieren
los patrocinadores oficiales de esa ley. Incluso, vemos cosas sorprendentes y
muy curiosas. Un dirigente de Libertad y Refundación, “experto” en el tema ya
que estuvo al frente de CONATEL, demuestra que
sabe muy poco de esta trama o quiere aparentar ignorancia en la cuestión;
es desautorizado públicamente por enredar el asunto y querer convertirlo en una
circunstancia electorera. Algún día tendrá que explicar cuál fue su papel en
esa entidad.
Y lo curioso, sea por falta de organización y
preparación o por creer que una ocurrencia es suficiente para hablar de temas
delicados, hemos visto una relativa coincidencia entre la postura de los
empleados de los medios que respaldaron el golpe de estado con la propuesta de
algunos voceros de LIBRE. Casi en coro sostienen que quieren aplicar la ley
mordaza y atentar contra la libertad de expresión. Desde los medios
considerados al servicio de la oligarquía se afirma que el intento de
socializar la nueva ley ha fracasado y que “todos” la rechazan”. Otros
comunicadores de la llamada prensa independiente, supuestamente alternativa,
consideran que la ley no atenta contra la libre expresión y que tiene aspectos
positivos. Y para cerrar el círculo, la propuesta inicial presentada por
C-Libre ha sido totalmente modificada, provocando que esta organización se
retire de las mesas de discusión. Es decir, se impone el criterio de los
“defensores” de la ley de expresión y se deja de hablar de la ley de
telecomunicaciones. Más o menos así está
el ambiente de la disputa de moda. La confusión generada es otro aparente velo.
Dentro de todo ese debate
sobre la ley de telecomunicaciones hay que tomar en cuenta que en el
sistema capitalista y mucho más con el
auge del neoliberalismo, gran parte de los medios de comunicación están organizados y funcionan como empresas con costos de
producción, con inversiones, y su meta fundamental es la obtención de la mayor
ganancia con el menor costo. Es decir,
la apariencia es divulgar información, formar opinión, pero su esencia tiene un
sentido mercantil, requieren capital y
contratos para enfrentar gastos de funcionamiento y para dotarse de tecnologías
adecuadas. La forma en que se mueven eso medios en el llamado “mercado libre”
no es tan diferente a cualquier otra mercancía. Alguien pone precios y vende
mercancías sin importar la calidad del
producto. Las relaciones de mercado se dan también en el campo de las
comunicaciones y en la circulación de la información. Tal situación ha dado paso
a unas prácticas en donde la simulación
es lo fundamental y lo importante toma aspecto de superficial y, por tanto, es
invisibilizado.
Mientras tanto, alguno de
los heroicos “defensores” del derecho a la libre expresión forman filas en el
Colegio de Periodistas, en la UCD, están dentro de Pro Vida, en los sindicatos
patronales de los poderosos dueños de medios, en el partido liberal; todos
ellos son los mismos que promovieron la censura golpista y el cierre de los
medios de comunicación que no se plegaron al golpe de estado.
No tiene que sorprender a
nadie que la Ley de Comunicaciones que se apruebe en el
congreso sea distinta a la propuesta original, que el proyecto de C-Libre haya
sido modificado de tal forma que no se altere nada y que sea otro instrumento
legal para proteger los intereses de las grandes empresas de la comunicación. Ese
acomodo y manipulación es un hecho, pero hay algo que puede rescatarse y es un
mérito del debate, el consuelo de siempre, es que al menos se ha logrado abrir
la discusión sobre la soberanía que debe existir en el espectro
radioelectrónico. Y tal cuestión podrá
incorporarse en la propuesta de gobierno que presente el partido Libre; podría
ser uno de los contenidos de la transformación nacional, siempre y cuando no se
busque el consejo del “experto” y se tengan presentes los intereses populares y
de las comunidades identificadas con La Resistencia Popular y con el ideario
político de Libre.
En
este intento del gobierno
sucesor del golpe de estado para poner en práctica una de las
recomendaciones
de la comisión oficialista de la verdad, aparecieron distintas
organizaciones
patronales censurando a Lobo y a sus compinches, y en parte todo ello
sirvió
para ocultar a sus titiriteros que no son más que los grupos
oligárquicos que dominan en las comunicaciones, la televisión, los
medios impresos
y radiofónicos, y que se han apropiado de las frecuencias hasta creerse
dueños absolutos de
la comunicación y la información. Esa
concentración del sector de las telecomunicaciones en unas cuantas
empresas,
sobre todo Televicentro-Emisoras Unidas-Audiovideo-RMedia-Vicatv, que
parecen
acordar productos, estilo y beneficios y que, en la discusión actual se
pudo
ver que sus diferencias son mínimas, ha posibilitado que controlen un
gran porcentaje
del mercado de tal forma que la participación de otros medios con menor
poder
económico se vuelve muy complicado. De hecho, esa concentración se
efectúa en tres empresas, ya que las dos
primeras son de los mismos accionistas. Esto significa que la libre
competencia
no es tan significativa y no es más que una ilusión.
A eso tres grupos de la comunicación
se les han adjudicado alrededor de 113
canales de televisión y más de 100 frecuencias de radio. Este dato puede ayudar
a entender el porqué de la rabiosa “defensa” a la libre expresión, sirve para entender
el despliegue verbal y los “heroicos” pronunciamientos de los hombres y mujeres
a sueldo de esos conglomerados de la comunicación; y esa “democrática” defensa
de la libertad de expresión, que en el fondo es la defensa de los intereses
mediáticos de la oligarquía, será más agresiva y violenta cuando en el futuro
un gobierno progresista, que apunte a transformar las relaciones sociales, se
proponga como uno de sus objetivos de gobierno la democratización real de las
telecomunicaciones, esa que haga factible la incursión del pueblo en ese
espacio social por medio de las radios y televisoras comunitarias y con otras
formas de propiedad mediática y que se pueda lograr la soberanía en las
comunicaciones. Todo esto permite entender la escala del disgusto y de las rabietas que los empleados
de estos medios han desprendido y siguen haciéndolo contra cualquier intento de
democratizar el espectro radioelectrónico y estarán en abierto rechazo contra
cualquier esfuerzo futuro por democratizar y lograr la soberanía nacional sobre
las comunicaciones.
Ese oligopolio existente en
nuestra golpeada Honduras, esa forma de expresarse el monopolio, ha demostrado
que tienen la capacidad suficiente de convertir el periodismo y a las
comunicaciones en un rentable negocio, en otro objeto de compra y venta, pero
también es una de las herramientas más poderosas del sistema neoliberal para
imponer políticas, para poner en práctica el chantaje y la extorsión, como
cualquier otro grupo delincuencial, para lograr contratos de publicidad,
disfrutar de exenciones tributarias, apoderarse de una parte del presupuesto
estatal, aumentar sus riquezas, amenazar
y golpear al poder político cuando no acate sus exigencias. Para esa forma
nacional del crimen organizado no existen límites ni reglas jurídicas que se opongan
a sus influencias ni a su dominio. Todo se compra, todo tiene precio y los derechos
a la libre expresión, a la libertad de
pensamiento, el derecho a la vida, a la igualdad, a la circulación de personas,
a la organización, a la gratuidad de la justicia, a la presunción de inocencia,
derechos económicos y políticos. Todo eso puede ser atropellado cuando los
intereses de los grupos dominantes sean tocados; y esos mismos derechos y otros
que existan, también pueden ser defendidos por ese oligopolio cuando las
conveniencias así lo indiquen.
Podemos suponer que se necesita
alcanzar la democratización del espectro radioelectrónico y a las
telecomunicaciones y se pueden mencionar muchas razones; por ejemplo, gran
parte de los medios de comunicación fomentan la vulgaridad, la incultura y
hacen apología de la criminalidad; han penetrado las conciencias individuales
con la propaganda hasta hacernos proclives al consumismo innecesario y al
despilfarro de los recursos naturales; nos acostumbran a la violencia y nos
muestran como fenómenos naturales, casi biológicos, a la corrupción, la
impunidad, la miseria; y es tanta la superficialidad en los medios que ahora
también nos hablan del espectro radioelectrónico
como un recurso natural al que todos tenemos derecho. Nada más falso. El
derecho está en pocas manos, en los que detentan el poder económico y político, y todos esos elementos enumerados son
fenómenos sociales, históricos, por tanto, no son eternos y pueden ser
superados con unas mejores relaciones de convivencia, con respeto y equidad,
que nos conduzcan al buen vivir.
4 de mayo de 2013.
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