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El presidente Rafael Correa durante su informe sabatino/ Foto: Presidencia
Quito, 11 may (Andes).-
En base a la normativa internacional de derechos humanos, el presidente
de Ecuador, Rafael Correa, dejó sin piso una cantilena de la que echa
mano la prensa local: que –por su condición- los funcionarios públicos
están sujetos a un mayor escrutinio, críticas e incluso insultos de los
periodistas.
La aclaración surge a propósito de una afirmación realizada por la abogada María Josefa Coronel, que funge como presentadora de un espacio de entrevistas en el canal Teleamazonas.
Josefa Coronel sostuvo la semana pasada que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el equilibrio: los funcionarios públicos están obligados legalmente a soportar ese exceso de la prensa (…)”.
El presidente Rafael Correa deploró que se afirme cosas que no existen y sostuvo que lo que se busca por parte de ciertos periodistas es tener impunidad para insultar e injuriar y que los funcionarios agachen la cabeza.
“Quieren tener patente de corso para insultar, acorralar a las autoridades y ellos ser los que manden como siempre lo han hecho (…) no existe ningún mandato legal ni nada que permita excesos, abusos de la prensa contra los funcionarios públicos. Y quieren hacernos creer que eso es democracia, eso es atentar contra todos los derechos humanos…”, dijo.
Normativa
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia expuso que no existe ninguna disposición legal ni en las leyes internas ni en los tratados internacionales que obligue a un funcionario público a someterse sin más a los excesos de la prensa. Se cuestionó si es aceptable acusar de cualquier cosa y de cualquier delito a una persona por el hecho de ser funcionario público.
Se citó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que apeló la abogada-presentadora, protege a las personas con la misma fuerza sin distingo de clase ni de función.
Artículo 11, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Numeral 2.- “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia; ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.
En su numeral 3 menciona que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
En un video de la Secretaría de Comunicación se puntualiza que incluso el derecho a la libertad de expresión está supeditado al respeto a la honra. Y se cita el artículo 13 del Sistema Interamericano: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, pero este derecho tiene responsabilidad ulterior y además debe asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12, señala que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque de su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La Constitución ecuatoriana manifiesta que “todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley”, en tanto el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos precisa que: ”todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
La aclaración surge a propósito de una afirmación realizada por la abogada María Josefa Coronel, que funge como presentadora de un espacio de entrevistas en el canal Teleamazonas.
Josefa Coronel sostuvo la semana pasada que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el equilibrio: los funcionarios públicos están obligados legalmente a soportar ese exceso de la prensa (…)”.
El presidente Rafael Correa deploró que se afirme cosas que no existen y sostuvo que lo que se busca por parte de ciertos periodistas es tener impunidad para insultar e injuriar y que los funcionarios agachen la cabeza.
“Quieren tener patente de corso para insultar, acorralar a las autoridades y ellos ser los que manden como siempre lo han hecho (…) no existe ningún mandato legal ni nada que permita excesos, abusos de la prensa contra los funcionarios públicos. Y quieren hacernos creer que eso es democracia, eso es atentar contra todos los derechos humanos…”, dijo.
Normativa
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia expuso que no existe ninguna disposición legal ni en las leyes internas ni en los tratados internacionales que obligue a un funcionario público a someterse sin más a los excesos de la prensa. Se cuestionó si es aceptable acusar de cualquier cosa y de cualquier delito a una persona por el hecho de ser funcionario público.
Se citó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que apeló la abogada-presentadora, protege a las personas con la misma fuerza sin distingo de clase ni de función.
Artículo 11, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Numeral 2.- “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia; ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.
En su numeral 3 menciona que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
En un video de la Secretaría de Comunicación se puntualiza que incluso el derecho a la libertad de expresión está supeditado al respeto a la honra. Y se cita el artículo 13 del Sistema Interamericano: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, pero este derecho tiene responsabilidad ulterior y además debe asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12, señala que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque de su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La Constitución ecuatoriana manifiesta que “todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley”, en tanto el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos precisa que: ”todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
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