Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cuando en noviembre de 2010, la abogada Ana Pineda fue
juramentada como titular de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos
(SJDH), la noticia fue discreta en toda la prensa nacional.
Aunque nadie se opuso públicamente, los consensos en las salas de
redacción, círculos intelectuales y ambientes del poder era que se
trataba de un cargo creado solamente para trámite; nada más, una nueva
secretaria para paliar la crisis interna y levantar la imagen
internacional en derechos humanos de la Honduras pos golpe de Estado; no
se esperaba algo importante para la sociedad.
Hoy, dos años después, la prensa tradicional reclama la cabeza de Ana
Pineda por colocarse a favor del interés del pueblo hondureño.
En esta entrevista, EL LIBERTADOR habla de manera amplia con la funcionaria de Justicia y Derechos Humanos.
- ¿Por qué cree que su papel y el de la Secretaría que dirige han sido tan cuestionados por los grupos de poder del país?
- No pierda de vista, que la Secretaría nace en medio del ambiente de
polarización más grave que ha vivido la sociedad hondureña. La
Secretaría retoma e introduce el tema de derechos humanos en una agenda
nacional, de la cual estaba ausente y por desconocimiento algunas
personas señalan que es una institución que duplica el quehacer del
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
- Conocemos que la Secretaría es la que permitido que la sociedad
civil reanude y sostenga un dialogo permanente con el gobierno y con
foros internacionales ¿eso es así?
- Tiene toda la razón, la participación de la sociedad civil ha sido
determinante para la labor de la Secretaría y para el propio gobierno,
al principio mantenía reservas de sostener dialogo con el gobierno, pero
las organizaciones de sociedad civil lo hacían con la Secretaría y hoy
son un aliado natural y relevante en la agenda nacional de derechos
humanos y nuestros resultados no serían los mismos sin el concurso y
acompañamiento de la sociedad civil.
- En el marco de los ataques de la prensa tradicional en su contra
por su apoyo a las reformas de la Ley de Telecomunicaciones, se le ha
pedido que reconsidere su posición y hasta que renuncié ¿por cuál va a
optar?
- No voy a optar por ninguna de las dos, en primer lugar, porque
considero que el Presidente Lobo Sosa ha tomado una decisión correcta al
promover reformas en el sector de telecomunicaciones, consecuentemente,
respaldo este anteproyecto porque el Estado debe recuperar la propiedad
del espectro radioeléctrico, democratizarlo y asumir la debida
administración del mismo, en segundo lugar, ninguno de las reformas
violenta la libertad de expresión u otro derecho humano y más bien la
reforma es perfectible en el proceso de discusión que se lleve a cabo en
el Congreso Nacional, y en tercer lugar porque la renuncia es una
acción que solo la puede tomar el titular del derecho, es inadmisible
que alguien le diga a otra persona lo que debe hacer, yo no podría
pedirle a ellos que renuncien de hacer tal o cuál actividad.
- Vimos muestras de solidaridad de miembros del gabinete de Gobierno y
de organizaciones de sociedad civil ¿cómo valora ese apoyo y también el
que no ha recibido?
- He recibido más muestras de solidaridad de las que hubiera imaginado,
nunca me faltó apoyo de las organizaciones de sociedad civil, quienes a
través de los más reconocidos y respetados defensores de derechos
humanos, nos acompañaron durante la realización de una conferencia de
prensa que llevó a cabo la Comisión facilitadora del proceso, también
recibí comunicados, pronunciamientos públicos y muestras de solidaridad
de muchos funcionarios, diputados, diputadas, periodistas y medios de
comunicación, de representantes de la iglesia católica y de las iglesias
evangélicas, de miembros del cuerpo diplomático y de la cooperación
internacional y aún de personas desconocidas, que reconocen que se está
tomando una decisión correcta. Una representante de un importante
organismo internacional me llamó con mucho asombro del manejo en los
medios de comunicación y en síntesis me dijo “quienes creen que te están
desprestigiando, se equivocan, se desprestigian ellos mismos con su
actuar y demuestran su verdadera calidad humana” y de eso no hay la
menor duda, pero yo debo estar abierta a la crítica.
- ¿No le parece que la intensa y carísima campaña de odio y
desinformación emprendida por quienes concentran los medios de
comunicación confirma más bien la urgencia de redistribuir el espectro
nacional?
- Al igual que usted, muchas personas que me han exteriorizado
solidaridad, la han calificado como campaña de odio y por supuesto que
sí confirma la necesidad de redistribuir el espectro radioeléctrico,
afortunadamente con estas acciones el pueblo hondureño entendió que algo
hay detrás de las mismas, nadie cree que la libertad de expresión sea
tan valorada, cuando no se hace ni por el propio ser humano.
- ¿Cuál es el verdadero alcance de las reformas a ley de telecomunicaciones y qué busca para la sociedad hondureña?
Es un tema técnico y extenso, pero trataré de explicarle los principales
cambios, se reduce el tiempo de explotación de una concesión de 25 a 15
años y el del permiso de 15 a 10 años.
La renovación ya no será automática, esto permitía que el uso del
espectro radioeléctrico se detentara de manera indefinida. De acuerdo
con la reforma toda concesión, permiso, registro o licencia, tendrá que
solicitarse a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) con
antelación y demostrarse que la ha estado explotando su titular. Que ha
hecho buen uso del espectro radioeléctrico y de la normativa de
telecomunicaciones.
El uso y explotación del espectro radioeléctrico y los derechos
derivados de una concesión, permiso, registro o licencia, serán
intransferibles, en consecuencia, ya no serán objeto de herencia,
donación, de fusión de compañías o de prescripción como actualmente
acontece de acuerdo con la Ley, esto porque el espectro radioeléctrico
es un recurso natural propiedad del Estado, cualquier acto de esta
naturaleza tendrá que someterlo a consideración de CONATEL.
Se amplía las categorías de frecuencias, con la reforma estos pasan a
ser servicios públicos comerciales; servicios públicos de interés
público y servicios públicos comunitarios, con estos últimos se asegura
dos cosas que la información y la comunicación sea pluralista y
multicultural y en segundo lugar, que haya democratización en la
distribución del espectro radioeléctrico, mediante la creación de los
servicios comunitarios de telecomunicaciones, permitiendo que sectores
excluidos históricamente puedan utilizarlos.
Actualmente, los servicios de difusión se prestan en régimen de libre
competencia, en la reforma se hará una planificación estratégica por
parte de CONATEL la que establecerá una asignación que sea equivalente a
33% para los servicios comunitarios, 33% para servicios comerciales y,
34% para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado,
Gobierno de la República y Gobiernos Municipales o Mancomunidades.
El otro tema es el de la expropiación que está regulada en la actual
Ley. No se introduce por primera vez, como se ha dicho y sólo se deja
para el caso de las concesiones y no para los medios de comunicaciones
como se dice erróneamente, es decir, a través de la reforma no se puede
expropiar bienes a los medios de comunicación y solamente se aplicaría
para las empresas transnacionales que prestan servicio de telefonía
fija, celular móvil y telefonía pública, ello para evitar o responder
por los perjuicios causados en los usuarios de dichos servicios.
Hay un tema que se ha utilizado para desviar la atención de los
aspectos torales de la reforma y es que en la reforma se crea una
Comisión de Regulación de programación, esta surge ante el actual
deterioro del ejercicio periodístico y el rol de los medios de
comunicación, a propuesta de las y los participantes de los cuatro
conversatorios que se transmitieron por la televisión nacional y que
sugiero previamente que sean examinados por las y los diputados del
Congreso Nacional y es en el último conversatorio que se incorpora la
representatividad de 16 sectores que incluye: mujeres, niñez, juventud,
pobladores, campesinos, indígenas, afro hondureños, Iglesia Católica,
Iglesia Evangélica entre otros.
No está previsto que esta Comisión controle contenidos, en
consecuencia no puede revisar, aprobar o desaprobar contenidos y para
reforzar estos aspectos y salvaguardar la intervención de la
Secretaría, hemos solicitado la opinión del Relator Especial de las
Naciones Unidas, Frank La Rue.
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