Autor del articulo: Proceso Digital 12.02.2013
Tegucigalpa,- La Comisión de Reforma de
la Seguridad Pública (CRSP) entregó hoy al Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), el informe de Evaluación de la Fiscalía Especial Contra la
Corrupción “para que lo analicen, decidan si procede una investigación
más profunda y tomen las acciones pertinentes”.
El
documento resultó de la evaluación objetiva, imparcial e independiente,
que realizó un equipo de expertos integrado por un representante de la
CRSP, otro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, uno del
Ministerio Público y dos asesores consultores extranjeros facilitados
por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El
informe que consta de 14 conclusiones e igual cantidad de
recomendaciones, sugiere la total reestructuración de la Fiscalía
Especial Contra la Corrupción (FECC) para generar una política clara y
eficaz en la persecución penal de los delitos de corrupción.
Los
Comisionados de la CRSP Víctor Meza, Matías Funes y Jorge Omar Casco,
fueron recibidos a las 3:00 de la tarde por el magistrado presidente del
TSC, Miguel Angel Mejía Espinoza.
El
comisionado presidente, Víctor Meza, dijo que la CRSP entregó el
documento al TSC “para que lo analice y decida si procede o no una
investigación más profunda sobre el desempeño de la FECC y los casos
emblemáticos de corrupción mencionados en el informe, con miras a tomar
acciones que potencien el combate y castigo de la corrupción”.
El
informe que ya fue entregado a los titulares de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, y la Fiscalía General del Estado, destaca el
pobre y desesperanzador desempeño de la FECC cuyo funcionamiento
representa un alto costo para el Estado de Honduras.
La
CRSP confía en que las instituciones involucradas, luego de analizar el
informe, “tomarán de inmediato las medidas adecuadas para corregir las
anomalías, enmendar los entuertos y proceder cuanto antes a la
reestructuración obligada y necesaria de la Fiscalía Contra la
Corrupción”.
La
Comisión de Reforma fue creada el 31 de enero de 2012 mediante Decreto
número 4-2012, como órgano temporal e independiente, responsable de
diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la
seguridad pública que incluye la Policía Nacional, Ministerio Público y
Poder Judicial, así como las recomendaciones para la readecuación de la
normativa legal relacionada.
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