El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, expresa su total repudio y extrema preocupación por el abandono del Estado de Honduras a las víctimas de la Drug Enforcement Administration DEA y de sus agentes de seguridad, como resultado del operativo antidrogas, efectuado el 11 de mayo de 2012 en la comunidad de Paptalaya, en Ahuas, Departamento de Gracias a Dios.
El
ataque fue dirigido a civiles desarmados que viajaban por el rio
Patuca, dejando como consecuencia 16 familias afectadas: cuatro personas
muertas entre estas dos mujeres embarazadas y un niño de 14 años;
cuatro heridos, uno de ellos también niño de 14 años, tres viviendas
allanadas, tres víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes, y 10
niños huérfanos.
El operativo
ejecutado por una fuerza multinacional, que de acuerdo al Ministro
hondureño de Defensa Marlon Pascua no integró las Fuerzas Armadas
nacionales[1], ha tenido un costo humano muy alto para la población de Ahuas, y para la sociedad hondureña.
El Cofadeh
hace un urgente llamado a la comunidad internacional de Derechos Humanos
y al mundo democrático, a actuar enérgicamente para impedir que a las
víctimas se les violenten nuevamente sus derechos.
La
indiferencia o cobardía de las autoridades estatales para enfrentar las
consecuencias de sus actos fuera de la ley ha provocado que las personas
que resultaron heridas no hayan recibido hasta ahora la atención médica
adecuada y sus parientes sean criminalizados por difundir la denuncia.
El niño WILMER LUCAS WALTER (14) y el joven LUCIO ADAN NELSON QUEEN (22),
que viajaban en el Pipante tiroteado por la DEA y Agentes hondureños,
se encuentran hospitalizados desde el 11 de mayo en centros
hospitalarios regionales y aún no han sido intervenidos quirúrgicamente
como la gravedad de sus heridas lo requieren.
Wilmer
corre el riesgo de perder su mano izquierda por negligencia en la falta
de atención y Lucio se está infectando y debilitando, en espera de una
intervención ortopédica en su brazo derecho.
En medio de la
llamada “guerra contra el narcotráfico”, las principales víctimas son
pobladores indígenas misquitos, entre ellos, niños y mujeres; el
responsable principal de estos gravísimos hechos es el Estado.
No obstante,
el ejecutivo del régimen actual, Porfirio Lobo Sosa, no ha brindado un
informe oficial de lo sucedido el 11 de mayo, por el contrario manifestó
su ignorancia sobre los hechos en rueda de prensa el viernes 1 de junio
en casa Presidencial e ironizó con comentarios discriminatorios contra
la población Indígena Misquita. Lobo no solamente pone en duda lo
ocurrido y sus fatales resultados, sino también insinúa en forma
irresponsable que los pobladores atacados son narcotraficantes por
navegar el Río Patuca en horas de la madrugada, cuando esta zona carece
de transporte público, y los pobladores viajan por el agua huyendo al
sol al carecer de puentes y carreteras en un territorio abandonado por
el Estado.
Estados Unidos, el segundo Estado involucrado, también evade responsabilidad. Lisa Kubiske[2],
su Embajadora en Tegucigalpa, ha declarado que el equipo de la DEA que
actuó en la Mosquitia lo hizo en defensa propia y porque, además, era su
deber en la lucha contra el tráfico de drogas. Aun cuando su gobierno
ni el de Porfirio Lobo han realizado una investigación seria y profunda
de los hechos del 11 de mayo, la diplomática prejuzgó.
Ahuas se
encuentra militarizada, la población y las familias dolientes
intimidadas. No es casual el racismo y la discriminación hacia las
víctimas del 11 de mayo, en este caso se inscribe el rechazo estatal
hacia los pueblos indígenas como una forma de negar su capacidad y
derechos que se convierte históricamente en exclusión social.
En consecuencia, el Cofadeh solicita a la comunidad internacional y nacional:
Exigir al Estado de Honduras que tome las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida de los sobrevivientes.
Exigir que Wilmer Lucas Walter (14) y el joven Lucio Adan Nelson Queen
reciban el tratamiento adecuado con la celeridad que el caso amerita en
los hospitales del Estado, pues su situación ahora es tan grave como
invisibilizada; requiere de voluntad política para resolverla.
Exhortar
a ambos gobiernos a investigar en forma imparcial y exhaustiva los
hechos del 11 de mayo de 2012, que desemboque tanto en la sanción de los
responsables, nacionales y extranjeros, materiales e intelectuales
conforme a derecho, como en la reparación integral de los daños.
Una
investigación expedita, eficiente, independiente e imparcial respecto
de la violación a los derechos de las personas detenidas y especialmente
respecto de la tortura infringida, la cual debe incluir:
· ¿Quién estaba a cargo del operativo?
· ¿Cuál fue la línea de mando?
· ¿Cuáles
fueron los lineamientos de las agentes estatales de Honduras y EE.UU
acerca del uso de la fuerza, y en particular sobre el uso de sus armas
de guerra?
· ¿Quién dio la orden de abrir fuego y con qué criterios?
Recordarle
al Estado de Honduras su obligación de promover y hacer respetar los
derechos y obligaciones contenidos en los instrumentos internacionales
de derechos humanos que ha ratificado, lo que incluye derechos de
primera y segunda generación. Además, de los derechos especiales de los
pueblos indígenas
Favor dirigir sus llamamientos a:
Porfirio Lobo Sosa
Casa Presidencial
Tel (504) 2221-4558, 2221-4560, 2221-4562
Fax (504) 2290-5000, 2221-4545
Mail: info@presidencia.gob.hn
Juan Orlando Hernández
Congreso Nacional
Tel (504) 2269-3181
Fax 2269-3000
Jorge Alberto Rivera Avilés
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000 2269-3069 2269-3981
Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670 221-3099
Mail: lrubi@mp.hn
[1]
“esta no es una operación de las Fuerzas Armadas, no es coordinada por
las Fuerzas Armadas, creo que es importante que esto se reconozca de una
vez por todas, no es algo que nosotros hemos dirigido o hemos
coordinado” (procesodigital.hn, 03/06/2012)
[2]
“se trata de una tragedia, pero en este caso, según lo que yo entiendo,
estaban actuando en autodefensa y ese es su deber, porque la lucha
contra la droga es importante”.
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