Fuente: CONTRAINSURJENCIA
La agencia antidrogas estadounidense confirmó el miércoles que algunos de sus agentes viajaban en un helicóptero de Estados Unidos con policías hondureños que dispararon sobre un bote pequeño en un río de Honduras, reporta AP. Dos hombres y dos mujeres embarazadas murieron en la operación, dijo un funcionario local.
Habitantes furiosos de la Costa de Mosquitos, poblada en su mayor parte por indígenas, quemaron varias oficinas gubernamentales del área en protesta por el ataque.
Emitieron un comunicado en el que exigen que los agentes de la DEA (siglas en inglés de la agencia antidrogas norteamericana) salgan de la zona.
El tiroteo ocurrió el viernes en el río Patuca en el noreste de Honduras. Las autoridades hondureñas y estadounidenses dijeron que el equipo del helicóptero formaba parte de una misión antinarcóticos y que los agentes hondureños dispararon después de que la aeronave fue atacada.
Las autoridades locales dijeron que las víctimas buceaban en busca de langostas y mariscos cuando su bote fue atacado.
“Los pobladores inocentes y ajenos al problema de las drogas se transportaban en una lancha en sus actividades cotidianas de pesca… y los ametrallaron desde el aire”, aseguró el miércoles a The Associated Press el alcalde del poblado costero de Ahuás, Lucio Vaquedano, en una entrevista telefónica.
En un recuento de la quema de oficinas gubernamentales en la región norteña de Gracias a Dios, donde se encuentra Ahuás, Vaquedano dijo: “Algunos pobladores reaccionaron airadamente ante el ataque y participaron en actos de represalia contra las autoridades”.
Los líderes de los grupos indígenas masta, diunat, rayaka, batiasta y bamiasta afirmaron en un comunicado que “quienes iban en la canoa son pescadores, no narcotraficantes”.
“Por siglos hemos sido un pueblo pacífico que vive en armonía con la naturaleza, pero hoy declaramos no grata la presencia en nuestro territorio de esos norteamericanos”, agregó el texto.
El comisionado Ricardo Ramírez, jefe nacional de la Policía de Honduras, admitió que “el operativo se realizó con el respaldo de la DEA”, pero aseguró que los ocupantes del bote transportaban drogas y que le dispararon al helicóptero. Ramírez dijo también que se incautó de un fusil de asalto en el lugar.
Las autoridades de la DEA reconocieron que sus agentes trabajaban con la Policía hondureña a bordo del helicóptero. “Estábamos allí en un papel de apoyo, trabajando con nuestros homólogos”, dijo Dawn Dearden, portavoz de la DEA en Washington.
Funcionarios gubernamentales estadounidenses, quienes hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a hacer declaraciones oficiales a los medios, dijeron que las fuerzas policiales hondureñas no iniciaron el tiroteo, sino que devolvieron los disparos tras ser atacadas. Los funcionarios también dijeron que los agentes de la DEA no dispararon.
Otro funcionario estadounidense que habló bajo la misma condición de anonimato dijo que varios helicópteros propiedad del Departamento de Estado participaron en la misión y transportaban a miembros del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras.
Cuando se le preguntó acerca del tiroteo, Matthias Mitman, funcionario de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, presentó un comunicado que decía: “Estados Unidos ayudó a fuerzas hondureñas con apoyo logístico en esta operación” como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico.
El Departamento de Estado sostiene que el 79% de todos los vuelos de contrabando de cocaína que salen de Sudamérica aterrizan primero en Honduras y que Estados Unidos ha estado trabajando en conjunto con los militares hondureños para detener a los narcotraficantes.
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Honduras: pobladores de La Mosquitia reclaman salida inmediata de DEA
(PL) Pobladores de La Mosquitia hondureña exigen hoy la salida inmediata de los agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) de la zona, donde causaron la muerte de cuatro personas durante un operativo junto a policías locales.
El hecho, ocurrido el 11 de mayo, reforzó el rechazo de los lugareños a las fuerzas norteamericanas que actúan en el territorio bajo el supuesto de la lucha contra el narcotráfico y son acusadas de perpetrar estas y otras violaciones de los derechos humanos, según el diario El Heraldo.
Este jueves los habitantes de La Mosquitia, poblada en su mayor parte por indígenas, quemaron varias oficinas gubernamentales del área en protesta por el ataque a la canoa que atravesaba el río Patuca.
En un comunicado, los manifestantes reclamaron que los agentes de la DEA salgan de una vez del territorio, para acabar con el fuego cruzado bajo el cual están esas comunidades hace años por los choques entre narcotraficantes y agentes del estado, con apoyo de la fuerza extranjera.
Los líderes de las comunidades indígenas masta, diunat, rayaka, batiasta y bamiasta, afirmaron que quienes iban en la canoa eran pescadores, no narcotraficantes.
Por siglos hemos sido un pueblo pacífico que vive en armonía con la naturaleza, pero hoy declaramos no grata la presencia en nuestro territorio de esos norteamericanos, agregó el texto.
Respecto a lo acontecido el 11 de mayo, el alcalde del poblado costero de Ahuás, Lucio Vaquedano, confirmó que los pobladores inocentes y ajenos al problema de las drogas se transportaban en una lancha en sus actividades cotidianas de pesca y los ametrallaron desde el aire.
Cuatro perecieron, entre ellos dos embarazadas, y otros cuatro terminaron hospitalizados en la ciudad de La Ceiba por las lesiones recibidas debido a los disparos de ametralladoras esgrimidas por los uniformados desde un helicóptero, de acuerdo con la autoridad.
La DEA reconoció que sus agentes trabajaban con la Policía hondureña a bordo de la nave. “Estábamos allí en un papel de apoyo, trabajando con nuestros homólogos”, expresó Dawn Dearden, portavoz de la agencia en Washington.
El jefe nacional de la Policía de Honduras, comisionado Ricardo Ramírez, admitió también que el operativo se realizó con el respaldo de la DEA, pero alegó que los ocupantes del bote transportaban drogas y que le dispararon al helicóptero.
Comunidades y organizaciones civiles condenaron tales pronunciamientos porque tratan de ocultar la verdad acerca de la actuación de la DEA, con oficinas en este país centroamericano y respaldadas por tres bases de operaciones forward o de avanzada construidas en este año en Honduras con fondos del Departamento de Estado.
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Matan población civil como si estuvieran en Irak, Afganistán o Libia
www.defensoresenlinea.com – Aún cuando no hemos leído la reacción oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre las trágicas actuaciones militares de la Agencia Antidrogas en perjuicio de la población civil del municipio de Ahuás, en La Mosquitia, podemos sacar tres conclusiones preliminares.La primera es que el operativo nocturno lanzado contra supuestos blancos narcotraficantes la madrugada del viernes anterior fue protagonizado por militares estadounidenses uniformados como agentes de la DEA.
El alcalde Baquedano, de Ahuas, así lo confirmó y el comisionado Ramírez del Cid, antiguo enlace entre Casamata y la legación gringa, lo admitió.
La segunda conclusión es, entonces, que un ejército extranjero amparado en el nuevo concepto hegemónico de “guerra contra el narcotráfico”, legalizado en reformas al Tratado Militar de 1954, viola la soberanía territorial y mata población civil como si estuviera en Irak, Afganistán, Libia o Siria.
Dos mujeres embarazadas, dos niños y dos hombres adultos murieron por los disparos hechos desde helicópteros artillados pilotados por militares estadounidenses sobre una embarcación que regresaba desde la barra del río Patuca a su comunidad. Eran trabajadores de la industria artesanal del buceo.
Y la tercera conclusión, derivada de la anterior, es que el “estado fracasado” de Honduras le dio paso ya a la ocupación militar extranjera en el guión de la llamada “guerra contra los carteles de la doga”, similar a lo ocurrido en los últimos ocho años en México, Colombia y Guatemala.
Y esta realidad desde la perspectiva de una organización de derechos humanos es inadmisible, y reprochable.
En un país ocupado militarmente, como ocurrió entre 1979 y 1990, en el marco de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad a las insurgencias armadas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, las principales víctimas fueron las poblaciones.
Las llamadas autoridades hondureñas están en el deber ético y político de exigir al Departamento de Estado de Estados Unidos una explicación, luego una disculpa pública y sanción a los responsables de la masacre de Ahuás.
Mantener un hecho de terror amparado en la confusión mediática fue siempre una estrategia de la guerra psicológica, capítulo especial del terrorismo estatal.
No debemos admitirlo. Exijamos un pronunciamiento oficial de inmediato!
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