Fuente: Centro de Derechos de Mujeres, CDM. 6 / 7 de Marzo 2012
POR JODY WILLIAMS, "EL CIUDADANO de OTTAWA" publicado 4 de marzo de 2012
Este fin de semana miles de personas de la industria
minera de todo Canadá y alrededor del globo están en Toronto para la
primera de una de las conferencias mundiales de inversionistas mineros.
Dos expositores en la conferencia son de Honduras - el ministro de recursos naturales y ambiente, y el director del ministerio de minas de Honduras - quienes hablarán sobre "desarrollar una nueva ley de minería para Honduras."
Hasta
hace poco este pequeño hecho no habría llamado necesariamente mi
atención. Pero hace pocas semanas yo lideré una delegación de mujeres
prominentes de Canadá y los EE.UU. - abogadas, expertas de derechos de mujeres, periodistas y artistas - a Honduras, Guatemala y México. Allí tuvimos noticias y testimonios de primera mano de más de 200mujeres afectadas por los niveles crecientes de violencia en la región.
En Honduras lo que encontramos es que, posterior al golpe de Estado de2009, las medidas enérgicas contra las mujeres que se opusieron, han estimulado mucho un clima espantoso de niveles de violencia contra las mujeres.
Nosotros esperábamos escuchar algunas cosas duras en Honduras - después de todo Naciones Unidas está llamando ahora a este pequeñito país "la capital de asesinato del mundo. "Pero la situación era peor de lo que habíamos imaginado, aún para aquellos de nosotros, incluyéndome a mí misma, que tenemos experiencia y largas huellas de trabajar en América Central.
El año pasado en los primeros seis meses, asesinaron a 195 mujeres -la mayor parte tenían menos de 30 años de edad. Era difícil encontrar a una mujer que no hubieron golpeado o que no hubieron golpeado y violado.
Tristemente mucha gente que se supone está protegiendo a las mujeres en Honduras, les representa la
mayor amenaza, a saber, las llamadas fuerzas de seguridad. Y las
compañías de seguridad privadas, que son contratadas por compañías
mineras, mega proyectos y la élite empresarial en Honduras están también de modo creciente, detrás de la violencia extrema contra mujeres.
En
Honduras, nuestra delegación se encontró con mujeres a quienes ha
afectado la mina San Martín en el Valle de Siria. La mina es propiedad
de una subsidiaria de la Corporación Canadiense Goldcorp. Las mujeres hablaron de cómo la operación minera contamina las fuentes de agua locales.
Ellas responsabilizan a la empresa sobre la pobre calidad de agua y por las misteriosas enfermedades de la piel en niños y adultos en la comunidad, también le atribuyen la presencia elevada de arsénico en la orina y en la sangre de pobladores que viven cerca de las operaciones de la mina de oro (ahora en proceso de cierre). A pesar de que durante años han expresado sus preocupaciones sobre los efectos de la mina en su salud, los residentes en el Valle de Siria aún no han recibido atención médica o compensación.
Los periodistas que tratan de cubrir la historia también están bajo
riesgo. Desde el golpe del 2009, han asesinado a 18 periodistas en
Honduras. Al menos otros 25 han afrontado amenazas de muerte. Pocos días
antes de que nosotros llegáramos a Honduras, Gilda Carolina
Silvestrucci - una periodista local que estaba hablando con activistas
ambientales sobre los problemas de la minería en el Valle de Siria- recibió amenazas contra su vida y la de sus niños. Recientemente un periodista en Santa Rosa de Copan, donde opera la compañía canadiense Aura Minerals, también señalo haber recibido amenazas por informar asuntos sobre las operaciones mineras en el área.
Es comprensible que estas mujeres tengan preocupaciones muy serias sobre el anuncio y promoción de una nueva ley de minería.
Tras la reunión con el Presidente Hondureño Porfirio
Lobo y su ministro de seguridad, ninguno de mis colegas o yo, nos
marchamos con alguna esperanza de que esta situación de las mujeres
pueda cambiar en el corto plazo. El presidente echó la culpa de la violencia al comercio de droga, y el ministro de seguridad dijo que él tiene las manos atadas por la débil legislación que no le permite tomar medidas enérgicas para romper con la corrupción y el abuso de la policía
Parece que lo que los funcionarios hondureños están impacientes por discutir es cómo Honduras "está abierta para los
negocios." La segunda mañana de nuestra visita, me entrevistaron en uno
de los principales programas de entrevistas de televisión. Sentado junto a mí estaba el vice ministro de minas de Chile, quien estaba en Honduras para firmar un nuevo acuerdo de minería entre Honduras y Chile, y proporcionar algunos consejos sobre el modelado de la nueva ley de minería hondureña.
El ministro de recursos naturales y ambiente de Honduras – que firmó el tratado con Chile ese día, y uno de los dos funcionarios hondureños que estarán presentes
esta semana en Toronto- es parte de un gobierno que está esperando
claramente que la nueva ley animará a las grandes compañías mineras a
regresar a Honduras.
La ley propuesta aceleraría el proceso de permisos para nuevas minas en Honduras incluyendo la minería a cielos abiertos, y simplificaría las reglas para las compañías mineras que pretenden operaren Honduras. Reduciría también los estándares ambientales para la utilización del agua, privilegiando a las compañías mineras.
Al
mismo tiempo la nueva ley abriría la puerta para que estados
extranjeros se hagan propietarios de títulos de concesiones mineras, y
no asegura que las comunidades que sufrirán el impacto directo de
laminería puedan expresar sus significativas opiniones sobre los
procesos mineros..
Pareciera que el gobierno canadiense está ansioso por cerrar el trato. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, ha estado implicado en llevar a los dos funcionarios de gobierno a Toronto esta semana, para asistir a la convención de minería. Ellos parecen no estar preocupados por los altos niveles de inseguridad en Honduras, que probablemente contribuyeron a poner el país casi en el fondo de la lista de los lugares atractivos del mundo para inversiones mineras internacionales.
Cuándo
nosotros preguntamos a las mujeres del Valle de Siria ¿qué es lo que
ellas querían? su respuesta fue bastante sencilla. Ellas nos dijeron que
quieren llamar la atención sobre los temas de salud en el Valle de
Siria, y sobre los procesos en contra de activistas
locales que han estado protestando contra la minería. Ellas también
quieren ser incluidas en consultas sobre la ley propuesta y ser tomadas
en cuenta sobre cualquier futura concesión minera.
Al
crear esta nueva ley, el gobierno hondureño se esfuerza de acá para
allá en conocer las necesidades de compañías mineras canadienses y
otras, pero no realiza casi ninguna consulta con las organizaciones de
sociedad civil hondureñas, ni con las comunidades. Una reciente encuesta demuestra
que la mayoría de hondureños rechazan la minería a cielos abiertos y la
asocian con efectos perjudiciales al ambiente y a la salud humana.
Estas comunidades están exigiendo que se retrase el proceso de aprobación de la ley de minería propuesta y que sus preocupaciones legítimas sean tomadas en cuenta.
Pocos
días después de haber partido de Honduras, la Embajada Canadiense en
Honduras patrocinó un taller sobre "responsabilidad social corporativa"
en la que el embajador dijo que el gobierno canadiense está trabajando
para asegurar los "beneficios para comunidades donde operan las minas." Sin embargo, la Embajada Canadiense permanece silenciosa frente a los abusos de derechos humanos cometidos por compañías mineras, mientras
desempeñan un papel prominente en facilitar reuniones de alto nivel
para corporaciones que serían las beneficiarias de esta ley.
Si
el gobierno canadiense es serio sobre un compromiso de responsabilidad
social corporativa, debe demostrar ese compromiso. Las declaraciones
vacías no harán nada para responder a las necesidades de las comunidades afectadas por las minas existentes y por las que se oponen a la llegada de nuevas minas. Canadá debe asegurar que el gobierno Hondureño consulta con su propia gente, insistir en que los impactos ambientales y los impactos a la salud por operaciones canadienses sean adecuadamente abordados, y urgir a las autoridades Hondureñas para proteger el derecho de los hondureños al disentimiento y libertad de expresión.
Nada menos se merecen las Mujeres hondureñas, sus familias y sus comunidades.
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