Tegucigalpa. La Secretaria de Actas del Sindicato Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), Milvia Yamileth Ochoa, fue víctima de un atentado el
pasado sábado en horas de la noche tras salir de una reunión sostenida
con los vendedores ambulantes instalados en las afueras del Hospital
Escuela.
El
presidente del SIVELIH, Ovidio Zelaya, dijo que a las diez de la noche,
al salir de la reunión, Milvia Yamileth se conducía para su casa de
habitación ubicada en la Colonia Centroamérica Oeste de la Capital, a bordo de un taxi, que en marcha fue atacado a tiros.
En el incidente también fue herido de bala el taxista, que a la vez es hijo del directivo de SIVELIH, Gregorio Ochoa.
De
acuerdo a lo informado, la sindicalista recibió dos impactos de bala y
fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela, de donde por seguridad
fue retirada ayer en horas de la tarde.
Cabe mencionar que hace varios meses el SIVELIH ha
venido denunciando el atropello por parte de los inspectores y policías
municipales y no descartan que el atentado contra la secretaria de
actas de la organización pueda derivarse de sus acciones. “Consideramos
que el ataque contra la compañera es producto de la misma persecución
que hemos venido teniendo”, expresó Ovidio Zelaya.
Amarga navidad esperan vendedores afectados por alcaldía capitalina
Tegucigalpa. “Los clientes me llaman por los muebles que me destruyeron, desde el dos de diciembre no puedo trabajar porque también me llevaron las herramientas, no tengo dinero ni para comer y en esta navidad mi familia va a tener que socarse la barriga”, dijo Mario Antonio Salinas Castillo, quién vive en carne propia el salvajismo de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa.
Durante
diez años y trabajando honradamente, Salinas Castillo mantuvo su taller
de tapicería en las afueras del antiguo aserradero Sansoni, donde ahora
se ubica el Mall Premier. Sin embargo, a inicios del presente mes, el
modesto centro de trabajo junto a doce puestos de ventas y servicios que
ahí se encontraban, fueron destruidos de manera brutal.
Comerciantes
y artesanos perjudicados dijeron a este medio digital que el operativo
fue ordenado por el Juzgado de Policía, que en el mismo participaron al
menos 20 inspectores y policías municipales y que para destruir los
puestos utilizaron maquinaria pesada.
“Yo tenía materiales, varias mesas, tres juegos de muebles y una esquinera en reparación, todo
está desecho porque fue levantado con un tractor, eso fue a las dos de
la madrugada, yo estaba en mi casa y en la mañana que llegué vi
que no había nada donde estaba el taller de tapicería. A nosotros no
nos avisaron nada y por eso no saqué las cosas”, expresó Salinas
Castillo.
Los restos de la mercadería y los materiales, fueron trasladados por policía municipal a la antigua penitenciaría nacional, donde se mantienen a la intemperie y sin cuidado alguno.
Con
su mirada perdida en los escombros y lamentando la situación, el
tapicero dijo que los tres juegos de muebles, fueron valorados por sus
propietarios en 49 mil lempiras, que además en su puesto de trabajo
estaban las herramientas y varios asientos de vehículos. “No hay nada
porque dicen que fueron demolidas por el tractor, yo fui a reclamar mis
cosas, pero ya nada sirve, faltan cerca de 32 yardas de tela y la otra
no sirve porque se mojó y ya está picada. No sé cómo hacer porque el juez de policía dice que ellos mandan”, afirmó.
El
operativo también desalojó Lelis Marina Ponce, quién se ganaba la vida
través de la venta de comidas. A esta mujer, también le destruyeron sus
bienes que con mucho esfuerzo había logrado obtener. “Perdí todo: los
frízer, las mesas, las sillas, la estufa, una grabadora, los refrescos y
churros, no sirve nada”, expresó.
La comerciante dijo que por mucho tiempo se mantuvo en ese lugar, que pagaba sus impuestos y el permiso de operación, pero que el Alcalde Municipal, Ricardo Álvarez, se
niega a escucharlos. “Nosotros pagábamos 300 lempiras al mes y no nos
avisaron que iban a ir a desalojar, aunque nunca nos ha querido atender,
queremos hablar con el alcalde porque yo tenía permiso de operación,
pero el jefe de ambulantes dijo que no servía”, aseguró.
Los
comerciantes presentaron sus denuncias a la Fiscalía de los Derechos
Humanos, al CONADEH y a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Sin embargo, ninguna de las tres instituciones del estado demuestra
voluntad para investigar la situación.
El presidente del Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), Ovidio
Zelaya, acusó a las autoridades municipales de llevar a cabo una
represión sistemática contra los vendedores de toda la capital. Sostuvo
que los comerciantes que se encontraban en el antiguo Sansoni (hoy mall
premier), tenían más de diez años de estar pagando sus declaraciones,
los permisos de operación y las mensualidades que cobra la alcaldía.
Criticó
la posición blandengue de la Central General de Trabajadores (CGT),
organización a la que se encuentra afiliado el SIVELIH. “La
central no responde porque me parece que al hambre le quieren poner un
color político y no sindical, la verdad es que no se por qué no se centran en el problema” aseveró.
Acusó
a la Fiscalía de Derechos Humanos del extravió recientemente de un
expediente que documentaba los atropellos de los inspectores de la
alcaldía municipal, en contra de de la comerciante Marlene Gómez. Indicó
que el caso fue asignado al fiscal Juan Carlos Griffin.
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