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| Miguel Angel Peña Moreno, patriota activista político anti pinochetista |
A los hijos de Pinochet, la extrema derecha que hoy gobierna Chile, los miles de prisioneras/os , torturadas/os masacradas/os, quemadas/os y desaparecidos NO les son suficientes.Hoy quieren agregar màs víctimas a la ya larga lista en su sistemàtica represión.No podemos permitir que esto suceda. Ante la magnitud de tàn criminal actitud, debemos realizar acciones pacificas y legales a todo nivel, de denuncias del Gobierno terrorista de Chile ante los Organismos de Derechos Humanos de toda Europa y otras latitudes.Cooperar y solidarizar sin fisuras en esta gran tarea de defender a nuestros compañeros.No permitamos màs crimenes fascistas. Eso està en nuestros manos. Unámonos para nuestra defensa.Continuaremos informando sobre este nuevo acto de pretension criminal de la dictadura Pinochetista que hoy gobierna Chile.Siempre adelante y venceremos.Atte., Moisés Araya Estay.PresidenteAsociación Europea de Trabajadores Chilenos., AETCH.
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DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE LA PETICIÓN DE EXTRADICIÓN A CHILE DESDE BELGICA DE MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO
Por : Colectivo Rodriguista Bélgica,viernes16 de diciembre 2011
Hechos y contexto histórico
Miguel se encuentra requerido por la justicia chilena por
vinculación en el atentado que costó la vida al senador de Derecha:Jaime
Guzmán. Esta acción fue perpetrada por el FPMR, en Abril de 1991,
contra uno de los personajes claves de la dictadura y gestor principal
de la fraudulenta Constitución de 1980. Constitución sobre la cual el
dictador Augusto Pinochet erigió todo su poder y legitimidad
institucional.
Jaime Guzmán fue admirador y amigo incondicional de Augusto
Pinochet e integrante de las milicias fascistas « Patria y Libertad »
durante el período presidencial de Salvador Allende. Cabe mencionar que
fue elegido Senador gracias a las distorsiones que provoca el sistema
binominal que él mismo diseñó durante el régimen militar y que le valió
ser electo por su circunscripción con 17% de votos, relegando a Ricardo
Lagos con 31% de votos.
Miguel pertenece a los sectores más postergados de la sociedad
chilena y como tal, desde muy temprano, conoció los rigores económicos y
represivos de la dictadura. Al igual que muchos jóvenes, resistió la
arbitrariedad del régimen y quiso aportar un aliento de esperanza,
justicia y libertad al conjunto de la sociedad chilena. Su compromiso
con la lucha anti-dictatorial le valió ser arrestado y torturado en 1984
por la CNI y Carabineros y posteriormente, en 1986 por la DIPOLCAR.
Ambos hechos constan en los anales de la Vicaría de la Solidaridad. En
la jornada de protesta del 11 de Septiembre de 1986, fue herido de bala
por agentes civiles de los aparatos de seguridad (hecho que consta en
los anales de Investigaciones de Chile).
El requerido fue sometido a proceso en el año 2001 tras ser
inculpado como una de las personas que facilitó el auto utilizado para
la perpetración de la acción. Miguel niega su participación en esos
hechos pues no se encontraba en Santiago en el momento de los hechos y
al mismo tiempo, denuncia el carácter poco riguroso de la investigación
judicial que, en su transcurso, ya ha inculpado a 3 personas por el
mismo hecho: Oleas Gaona, Alexis Soto y Rodrigo Rodriguez Otero. Al
mismo tiempo se denuncia el carácter inquisitivo del proceso del cual es
objeto pues hasta el día de hoy, su abogado defensor no ha tenido
acceso a la totalidad del expediente y no se sabe con exactitud cuales
son las acusaciones oficiales que pesan sobre su persona. La prensa
chilena ha informado oficiosamente al respecto y esa es la información
que el requerido posee. Con fecha del 14 de diciembre, la Corte Suprema
ha aprobado la demanda de extradición, desde
Bélgica hacia Chile que será cursada en los próximos días.
Cuadro jurídico -institucional interno
La Constitución de 1980 fue aprobada sin que existieran las normas
mínimas que garantizaran una verdadera expresión de la soberanía
popular. Efectivamente, las garantías individuales y el ejercicio de los
derechos políticos estaban afectados por la existencia de un régimen de
facto. Esta Norma Constitucional fijó el itinerario político y
determinó el curso de los acontecimientos una vez terminada la dictadura
militar. Desde 1990 en adelante, la ilegítima Constitución Política de
Pinochet ha sido la carta de navegación de la institucionalidad,
conservando su esencia autoritaria. No obstante la realización de
elecciones, sobre ella se sostiene un modelo político excluyente fundado
en un sistema electoral binominal que impide la expresión democrática
de la soberanía popular. Las modificaciones que han habido no alteran en
nada la esencia antidemocrática de la Constitución que rige actualmente
en Chile.
La lista de las arbitrariedades de la Justicia chilena es muy
larga. Por eso nos remitiremos solamente a los últimos hechos. Según el
informe 2011 de Human Rights Watch, en Junio 2010, 292 ex-militares y
colaboradores civiles fueron condenados por delitos tales como :
desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas; en Agosto
2010, menos de un tercio de ellos cumplían penas pues la Corte Suprema
ha aplicado, recurrentemente, sus facultades discrecionales para reducir
la condena impuesta. Con fecha 29 de Septiembre 2011, el mismo Ministro
en Visita, que requiere hoy a Miguel Peña en Chile, Mario Carroza,
rechazó el procesamiento presentado por la familia de Salvador Allende
contra el General de la FACH Mario López Tobar que previamente había
reconocido haber atacado el Palacio Presidencial de la Moneda el 11 de
Septiembre de 1973. Con fecha 29 de Septiembre 2011, los 19 marinos
acusados de la tortura y muerte, en
Septiembre de 1973, del Sacerdote Michael Woodward, en el buque
Esmeralda, vienen de ser sobreseídos por la Corte Suprema.
Es decir, por una parte, tenemos una serie de militares y generales
procesados y condenados por ejecuciones y desapariciones, que no han
pasado un sólo día en la cárcel o muy poco; y por otro, tenemos la
realidad de la llamada « prisión política » por la cual han pasado
cientos de militantes anti-dictatoriales, de la causa de los derechos
humanos, la justicia social, la democracia y los pueblos originarios. La
huelga de hambre ha sido el arma a la cual han debido recurrir los
prisioneros políticos para conquistar su libertad. El año 2005, 26 de
ellos recobraron su libertad tras 74 días de huelga de hambre. No
obstante su condición de civiles, ellos fueron juzgados por la justicia
militar y fueron condenados por la ley antiterrorista, instituida en
1984 bajo la dictadura de Pinochet y actualmente vigente. Las
condiciones infra-humanas de encarcelación a las que fueron sometidos en
nada se comparan con las condiciones doradas de
encarcelación, (en cárceles especiales para militares como Punta
Peuco), ofrecidas a los pocos militares y colaboradores civiles que han
cumplido pena en prisión. Sin dejar de mencionar que los presos
políticos fueron sometidos a vejaciones y no gozaron de juicios
imparciales, ni de una defensa jurídica equitativa.
Un caso más reciente lo constituye el caso de los jóvenes acusados
de colocación de bombas y que, después de un año de proceso y de
encarcelación, lograron su libertad tras haber recurrido a la huelga de
hambre. Entre tanto la fiscalía ha intentado procesarlos por asociación
ilícita sin llegar a probar la existencia real de la red pues se trata
de una las causas más polémicas de los últimos años y que
ha estado cruzada por acusaciones de montaje e, incluso, ocultamiento
de pruebas. De los 14 jóvenes procesados, 9 de ellos fueron sobreseídos
por falta de pruebas. La ilegalidad de la mayoría de las pruebas de la
Fiscalía ha sido fehacientemente demostrada y por lo mismo, los
parlamentarios Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló solicitaron la renuncia,
por participación en montaje, del ministro del Interior Rodrigo
Hinzpeter y el fiscal que instituyó el proceso de los jóvenes.
La Justicia chilena y el Derecho Internacional
Durante estos últimos 20 años, los informes de Organizaciones de
Derechos Humanos han condenado, recurrentemente, al Estado chileno por
el carácter arbitrario y parcial de la Justicia, especialmente, en casos
connotados políticamente. Por su lado, el relator de Naciones Unidas y
la Corte Interamericana han recomendado implementar reformas para
adaptar el cuadro jurídico interno al orden jurídico internacional. Se
denuncia la aplicación indebida de la ley antiterrorista (heredada de la
dictadura) que criminaliza los movimientos sociales y de origen étnico
que disienten de las políticas del Estado.
Visto los pocos avances y la poca voluntad del Estado Chileno, en
Agosto 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que
juzgará al Estado chileno por la aplicación de la ley antiterrorista a
mapuches y la continua puesta en aplicación de las facultades que
contiene dicha ley : uso de testigos sin rostro (anónimos, pagados o
amedrentados), uso de montajes por parte de la fiscalía y violación del
derecho de presunción de inocencia de toda persona señalada en un
delito.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena
Fries ha señalado que la ley anti-terrorista “somete a las personas
juzgadas a una serie de perversiones jurídicas en términos de garantías
de un justo proceso”. Por otro lado, el mismo presidente de la Corte
Suprema, Milton Juica, ha manifestado críticas ante esta ley y sugiere
su modificación. Sin embargo, a mediano plazo no se esperan cambios
mayores al respecto.
La Justicia Internacional y el rechazo de extradiciones
El marco jurídico institucional que existe en Chile ha sido
analizado por otros Estados en el contexto de solicitudes de
extradición, en las cuales el Estado de Chile ha requerido a otros
Estados la entrega de nacionales para ser juzgados por hechos de
connotación política. En todos los casos, las extradiciones no han sido
acogidas por los Estados requeridos y han tenido como fundamentación la
inexistencia de garantías procesales para los extraditables por la
aplicación de la ley antiterrorista, por las limitaciones y
restricciones del derecho a defensa y por la alta penalidad asignada.
Una prueba de ello es el asilo político otorgado a Patricio Ortíz
en Suiza (2005), a Claudio Molina en Argentina (2002) y a Galvarino
Apablaza en Argentina (2010). Todos ellos son ex-militantes del FPMR y
requeridos por la justicia chilena. Tras la detención en Argentina de
uno de los fundadores del FPMR, Galvarino Apablaza, quedó de manifiesto
la vinculación de ex-agentes pinochetistas con la Justicia Chilena.
Apablaza fue detenido sin que el trámite de su detención estuviera en
conocimiento del ejecutivo representado, en la época, por Michelle
Bachelet
Cabe mencionar que Galvarino Apablaza fue requerido como autor
intelectual del atentado a Jaime Guzmán. La misma causa por la cual se
requiere hoy a Miguel Angel Peña Moreno. Comparativamente hablando, es
pertinente señalar que el hecho imputado al primero puede ser
considerado como un hecho mayor en comparación al hecho imputado al
segundo. Sin embargo, Apablaza obtuvo asilo político en Argentina, no
obstante la importancia del hecho imputado y su calidad indiscutible de
fundador del FPMR. Lo que constituye todo un precedente, si consideramos
que el cuadro jurídico chileno, cuanto a la imparcialidad de la
Justicia, desde el año pasado hasta la fecha no ha cambiado
fundamentalmente.
En Chile no funciona el Estado de Derecho
La existencia de un sistema procesal inquisitivo que justifica la
aplicación de la ley antiterrorista y donde no se resguardan las normas
de un debido proceso, ni el derecho a defensa; nos hacen afirmar que en
Chile no existen condiciones para que Miguel tenga un proceso
equitativo. Tememos entonces por su integridad física y moral. También
tememos que su detención, considerando la tónica de estos últimos años,
sea utilizada como moneda de cambio contra el perdón de los asesinos y
torturadores de ayer. Cabe mencionar que si Miguel es extraditado a
Chile, será juzgado por el mismo sistema inquisitivo puesto en marcha,
durante la dictadura para reprimir al pueblo chileno, por el propio
Senador Jaime Guzmán y contra quién se perpetuó la acción por la cual
Miguel Peña es requerido hoy en Chile. Es decir, la Justicia será juez y
parte frente a alguien que se declara no culpable de los hechos
imputados.
Conclusión
En Bélgica, como en otros países europeos, se ha generado, en el
curso de estos años, un movimiento de solidaridad por los Derechos
Humanos y contra la impunidad compuesto principalmente por resistentes
anti-dictatoriales. Miguel ha sido parte activa de dicho movimiento.
Podemos citar, por ejemplo, su implicación, como participante directo en
la huelga de hambre realizada en este país tras la detención del
dictador en Londres y donde se pedía la extradición de este último a
España para ser juzgado y condenado; lo que no ocurrió pues, finalmente,
el dictador fue enviado a Chile donde no fue juzgado ni condenado. El
compromiso político-social que Miguel asumió, en un contexto histórico
determinado, puede asemejarse al compromiso de los resistentes europeos
ante la instauración de la dictadura nazi. Sabiéndose perseguido y
buscado por la justicia chilena, llegó hace 13 años a Bélgica y solicitó
asilo político. A pesar de todas
las limitantes de su estatuto precario ha desarrollado una vida
familiar, profesional y social normal y transparente en Bélgica.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a las autoridades
competentes de entregar asilo político a Miguel pues reconocemos en él a
un resistente anti-dictatorial al igual que los miles de exiliados
políticos acogidos por Bélgica durante la dictadura de Pinochet o las
decenas de presos políticos, venidos a principios de los años 90, a los
cuales Bélgica permitió de cambiar su pena de encarcelación por el
extrañamiento, evitándoles de sufrir las vejaciones que la Justicia
chilena ha reservado a los luchadores anti-dictatoriales.
Solicitamos también a las amigos y compañeros de las causas justas
de estar atentos a la evolución de los hechos y de acompañarle,
solidariamente, durante este episodio.
NO A LA EXTRADICION DE MIGUEL A CHILE ! REFUGIO POLITICO AHORA!
Bruselas, 15 Diciembre 2011
COMITE DE APOYO A MIGUEL ANGEL PENA MORENO
el poder ENFERMA,y los tan cacareados partidos de la derecha ,son militares resentidos y llenos de odio y poder,un país debe ser lo suficientemente inteligente para elegir ,a su servidores públicos los chilenos cometieron un error garrafal al elegir a piñeira,apoyar a MIGUEL ÁNGEL
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