viernes, 25 de noviembre de 2011

HONDURAS.- Pugna interburguesa por el control de la Energía Eléctrica

Publicado el 23 Noviembre 2011 www.elsoca.org Imprimir

Por Sebastián Ernesto González     
Durante el año 2011, la crisis económica se ha acrecentado ostensiblemente en el país, los servicios públicos se han disparado y los salarios se han congelado o casi estancado, la canasta básica debe de andar por arriba de 8,000 lempiras mensuales, mientras las fuentes de empleo se han escaseado y por el contrario, muchos han sido cesanteados tanto en el sector público como privado, lo peor de todo; no hay esperanza de que el panorama económico mejore.
Mientras el pueblo sufre el embate de la crisis capitalista y las consecuencias del golpe de Estado, los diferentes sectores burgueses del país en alianza con la clase política se reparten el pastel y han iniciado una embestida por el control de la energía eléctrica. Todos estos oscuros personajes son los mismos que se aliaron en un solo nudo cuando el gobierno de Manuel Zelaya Rosales pretendió consultarle al pueblo si estaba de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente, obviamente este fue solo el detonante, y el verdadero motivo de la Constituyente que pretendía Zelaya ya solo es historia.
La empresa privada lamentaba el acuerdo económico entre el gobierno y el magisterio, se opusieron al incremento del salario mínimo del año 2009 y en muchos casos no lo pagaron, también se opusieron a cualquier medida que beneficiara  levemente la vida de la población. Ahora, todos estos mismos sectores han iniciado una disputa por quedarse con  la parte del pastel más grande, sin embargo, no hacen nada a favor de los trabajadores, campesinos, desempleados, niñez, etc.

Incrementos exponenciales que hunden en la miseria a los más pobres y a la clase asalariada
Antes del golpe de Estado la familia que consumía menos de 200 kw no pagaba energía, ahora paga un promedio de 600 lempiras. El transporte urbano ha sido incrementado de 3 a 10 lempiras, con el pretexto de que se cambiaron las unidades y con el ficticio ofrecimiento de un mejor servicio, poco a poco han sacado los buses viejos y han sido sustituidos por unos más pequeños y nuevos, tomando en cuenta que a veces se debe cambiar de un bus a otro para ir a un destino, significa que de 6 lps se pasó a pagar 20 lps. El servicio de Hondutel (Empresa Hondureña de Telecomunicaciones) aumentó por un consumo mínimo de 250 impulsos de 40 a 75 lempiras, aclarando que la factura llega igual si se consumen o no dicha cantidad de impulsos.
El combustible en septiembre del año 2005 (dos meses antes de las elecciones)  fue incrementado a aproximadamente 90 lps y esto ocasionó una paralización nacional de los conductores de taxis, el resultado fue que Porfirio  Lobo perdió las elecciones en ese entonces, en el gobierno de Zelaya el galón de combustible llegó en algún momento a costar debajo de los 50 lps y actualmente nuevamente anda merodeando los 90 lps. La factura del agua igual aumentó en un 30% y la canasta básica que en el 2009 andaba en los 6,000 lempiras para una familia compuesta de 4 personas ahora anda arriba de los 8,000 lempiras. Los ejemplos siguen y mientras escribimos estas notas seguro más de alguno aumentará.
La privatización de los servicios públicos y el gran negociazo de las Compañías térmicas
Remitámonos a inicios de la década de los 90 en el gobierno nacionalista  de Rafael Callejas  y el gobierno liberal de Carlos Roberto Reina (1994-1998), época en la que los apagones durante varias horas en el día o en la noche eran muy comunes, ¿Quién no recuerda que para ver los partidos del mundial de 1994 había que trasladarse de una colonia a otra donde los amigos y así poder disfrutar del fútbol? Fue entonces cuando un nuevo sector empresarial surgió en el país, el que ahora se conoce como las “las compañías térmicas”. Este sector empresarial está ligado a dos medios escritos de comunicación: El Heraldo y La Prensa.
Estos empresarios también suplen al Ministerio de Salud de medicamentos y también se les ha mencionado en la compra de armas para la Policía Nacional. Este grupo empresarial ahora se ve enfrentado con el régimen de Lobo-Hernández pero no para favorecer a los pobres.
Declaraciones de emergencia para aprobar amañados contratos Por todo el pueblo hondureño ya es harto conocido que cuando el gobierno declara en Estado de emergencia algún sector; lleva como propósito el contrato amañado o la compra sin licitación de millonadas de lempiras, lo han hecho en el sector de Salud y ahora lo hacen con la Energía Eléctrica. Un decreto de emergencia aprobado en el sector de energía eléctrica da lugar a la aprobación de un nuevo contrato amañado más.
El  Congreso Nacional aprobó el jueves 17 de noviembre de 2011 un oscuro contrato por 16 años. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Roberto Martínez Lozano, justificando el contrato por 16 años manifestó que “…que el contrato antes de ser enviado al Congreso Nacional sería remitido a la Embajada Americana para que certifiquen si esta empresa está calificada o no para estructurar de manera financiera esta transacción”. Westport es la empresa encargada de estructurar de  manera financiera la compra  de equipo a la finlandesa Wartsila. Y la Embajada de los Estados Unidos publicó una nota aclaratoria donde manifiestan “…la Embajada de los Estados Unidos aclara que nunca esta misión diplomática  recibió de parte de la ENEE…una petición para avalar o evaluar a la empresa Wesport Finance, y que el proceso de investigación de las compañías estadounidenses no es un servicio que ofrece la embajada”.  (EH 23/11/2011).
En esta ocasión el político Roberto Martínez se llevó de encuentro a la embajada de los Estados Unidos para justificar un contrato por 16 años. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz aludiendo al mismo tema, manifestó que“ …es lamentable que salga ante la opinión pública otra mentira más en el marco de la firma del referido contrato…”.
Medios de comunicación también entran al debate El día 23 de noviembre en una de las noticias El Heraldo titula: “Pepe” quiere limitar la libertad de expresión, en el mismo se lee una declaración de Porfirio Lobo donde manifiesta que “El día viernes tengo un conversatorio con los directores de medios y estamos promoviendo…un evento internacional para poner en el tapete de discusión nacional e internacional el caso de Honduras con una pregunta: ¿libertad de expresión o medios en defensa de intereses económicos?”
El problema es que la demagogia de Porfirio Lobo sale a traslucir en la defensa de un contrato para una nueva empresa mientras al pueblo se le sigue cobrando el precio de la crisis del Golpe de Estado. En la noticia se termina con el siguiente párrafo “El mandatario no ha ocultado su insatisfacción por el desempeño de los medios de comunicación que han puesto al descubierto la corrupción en la policía y los vicios en la aprobación de contratos”.
Durante el día de ayer martes el gerente Roberto Martínez en cadena de radio también manifestó que el contrato a SEMEH no le sería renovado, la empresa SEMEH es la encargada de realizar las lecturas de los medidores de energía eléctrica, uno de los socios principales es Arturo Corrales, actualmente Ministro de Relaciones Exteriores y negociador del gobierno  espurio de Michelletti, esta compañía también resultó como pacto de las medidas neoliberales tendientes a privatizar los servicios que administraba el Estado.
El “gobierno de Unidad” protege a los ricos
El otro frente abierto al régimen heredero del golpe de Estado es por el mismo presidente del Comité del Partido Nacional, Ricardo Álvarez. Recordemos que Porfirio Lobo ganó unas elecciones espurias bajo la dictadura de Michelletti, Porfirio Lobo fue tan golpista como lo son las “térmicas”, los “ministros de otros partidos” o lo es el mismo Ricardo Álvarez. Como premio por dar el Golpe de Estado y de reprimir y asesinar a los miembros de la resistencia se repartieron  el poder entre todos los partidos políticos e incluyeron en la fiesta a los militares.
Ricardo Álvarez nuevamente manifiesta que los ministros que pertenecen a otros partido deben salir del gobierno para dar paso a los nacionalistas, declaró que “…en la medida en que se acerquen los comicios, ellos van a querer que el gobierno nacionalista fracase por que no sienten cariño a la bandera azul con la estrella solitaria…Como presidente del comité central estoy en la  obligación de ser el defensor y la voz de los nacionalistas. Ya es hora que el nacionalismo ocupe todos los cargos del gobierno”.
Todos sabemos que el Alcalde de Tegucigalpa lo único que hace es demagogia ya que aspira a ser el próximo presidente de la República, lo que menos le importa son los millones de pobres que existen en el país. Y para que quede constancia de la repartición del pastel producto del golpe de Estado. El secretario general del Partido Demócrata Cristiano Hondureño (PDCH), Arnold Amaya, manifestó “ que los ministros Felícito Ávila (del Trabajo) y Arturo Corrales (Relaciones Exteriores) deben continuar en el gobierno por que el 28 de junio de 2009 se ganaron esos cargos al defender la democracia…Trabajamos fuerte para que en Honduras imperara la democracia. No se nos olvide que en el caso de Mel Zelaya su intención era quedarse en el poder y todos nos hicimos un nudo”. (EH 23/11/2011).
Los sindicatos deben ponerse al frente
Las Centrales Obreras,  las comunidades, sindicatos, gremios y el FNRP tenemos la obligación de convocar a una movilización nacional para frenar los altos costos de los servicios públicos y de la canasta básica. El salario mínimo debe estar acorde al costo de la vida, no es posible que mientras el salario se estanca todos los precios de los productos y los servicios públicos que pagan los pobres aumenten exageradamente. Los servicios públicos deben pasar a control del Estado y administrados por las comunidades.
En esta lucha, el STENEE y la plataforma de sindicatos del sector público, deben jugar un papel clave en la lucha contra las privatizaciones, por imponer el control de los trabajadores sobre los servicios públicos e impulsar la administración obrera en las industrias o sector servicios que pertenecen al Estado.
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