www.defensoresenlinea.com/ Sandra Rodríguez
Familiares y amigos de víctimas del golpe de Estado, han manifestado su dolor ante la impunidad que impera en la investigación de los crímenes contra sus parientes, sin embargo la búsqueda de justicia no cesa.
“Extraño a mi madre” dijo una de las hijas Ilse Velásquez, que fue
víctima de los ataques policiales en una protesta magisterial en marzo
pasado, “no me acostumbro que ella ya no está con nostras” añadió.
Por su parte la defensora de derechos humanos especialmente de la
diversidad sexual, Sandra Zambrano, dijo que visita a menudo la tumba de
Walter Tróchez, miembro de la comunidad LGTB, quien murió de un
disparo, en diciembre de 2009. “Walter me decía madre, pues en mi
encontró esa figura que perdió cuando era un bebé”, agregó.
Los parientes de los mártires de la resistencia, manifestaron que hay
que tener esperanza que la justicia llegará a nuestro país, aunque no
sepan cuanto esperarán, pero ven ejemplos como en Argentina donde la
semana pasada se condenó a 13 militares por el asesinato y desaparición
de miles de personas.
“Yo siento el dolor de la Rectora Julieta Castellanos, porque a mí
también me asesinaron a mi hijo Félix Murillo” dijo doña Adelina,
esperamos que algún día veamos la justicia por la muerte de nuestros
parientes, manifestó.
Al menos 200 personas asesinadas, registró el COFADEH, durante el golpe
de Estado militar ejecutado en Honduras el 28 de junio del 2009, hasta
el momento ningún responsable ha sido requerido, mucho menos juzgado,
pero sí hay un caso por el que se busca justicia en cortes
internacionales como lo es el de Isy Obed Murillo, el primer asesinado
político, en julio de 2009.
El Centro de Derechos Constitucionales –CCR- presentó una denuncia ante
la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en nombre de David Murillo y
Silvia Mencías, padre y madre del joven, quien fue asesinado por las
fuerzas militares de Honduras durante una manifestación contra el golpe
de estado, enfrente de la Base Aérea Hondureña.
La denuncia detalla ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la
humanidad de asesinato y persecución, muerte por negligencia y otras
graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Honduras bajo
el régimen de Roberto Micheletti.
Solicitan al ICF anular plan depredador del bosque de El Suyatal
Un grupo de ambientalistas de El Suyatal, Cedros, al norte de Francisco Morazán, solicitaron el martes 01 de noviembre la nulidad de un plan de manejo forestal que les está afectando las cuencas de agua a abastece a centenares de personas.
Magda Beatriz Ramos, fue la delegada por el grupo de más de 12 personas
para entregar el escrito ante la Secretaría del Instituto de
Conservación Forestal ICF, la que dice textualmente: “se solicita
nulidad de un plan de manejo forestal por ser contrario a derecho,
disminuir restringir y tergiversar los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución de la República y las leyes de Honduras”.
El 16 de abril de 2009, el ICF, otorgó un plan de manejo y un año
después extendió un plan operativo a favor de Albert Regino Matamoros
Zavala. La nulidad se solicita porque el ICF actuó sin seguir el
procedimiento correspondiente a la disposición ambiental que exige
realizar un estudio de impacto ambiental con la participación de la
población que puede ser afectada por el proyecto o actividad a realizar.
Cabe destacar que el grupo de ambientalistas de El Suyatal en mayo del
2010, ya habían presentado una nulidad para el permiso de explotación de
madera, pues en eso días se pretendió cortar parte del bosque es que el
único pulmón de la zona, pero esa petición hasta el día de hoy no ha
dado ninguna respuesta.
En esa oportunidad, se detuvo la tala, y el dueño de la madera prometió
que tratarían de arreglar el problema con las autoridades competentes,
las cuales más bien presentaron un requerimiento fiscal contra los
miembros de la junta directiva del patronato, el pasado 5 de agosto, en
lugar de investigar, por qué la comunidad se opone al corte de madera,
denuncia el documento.
“sabemos que tenemos el legítimo derecho no sólo porque nuestra
constitución de la República así lo establece, sino porque Honduras ha
suscrito diferentes tratados internacionales en los que se compromete a
respetar el derecho al ambiente, al agua y el derecho a petición de sus
ciudadanos”, manifestaron los peticionarios.
Y es haciendo uso de estos principios, que Ramos, sus compañeros y
compañeras, como afectados por el plan de manejo que los puede dejar sin
agua y sin aire puro, interpusieron la denuncia y solicitaron que se
revoque los permisos otorgados por el ICF, sin previa socialización con
la comunidad.
Específicamente están amparándose en el principio de Precaución de la
Ley General del Ambiente, que rige la materia ambiental de todos los
organismos públicos y privados, pudiendo ser invocados en diverso
procedimiento administrativo o judicial.
Cualquier persona puede denunciar ante la autoridad competente la
ejecución de obras o actividades degradantes para el ambiente, a cuyo
efecto deberá iniciarse un expediente para su comprobación y adopción de
las medidas que correspondan.
Por lo que han solicitado al director del ICF, José Trinidad Suazo,
tome en cuenta la solicitud para la nulidad de un plan de manejo
forestal en la zona, pues de los terrenos de El Suyatal nadie es dueño
exclusivo, sino que toda la comunidad.
Agregan que los que quieren explotar la zona pasan por alto que su derecho no puede estar por encima de los demás.
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