De esa forma contundente se refirió el ente estatal de los derechos humanos luego que, el pasado 7 de noviembre, un contingente de aproximadamente 38 policías, en su mayoría con trajes antimotines y 15 soldados de la Fuerza Naval, llegaron a la comunidad garífuna de Punta Gorda, con el objeto de dar cumplimiento a una supuesta orden de desalojo preventivo emitida por un juez competente.
Durante el desalojo, se produjeron hechos violentos donde resultaron personas lesionadas, incluidas mujeres y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, además, seis personas fueron detenidas y privadas de su libertad.
En este sentido, el CONADEH constató que, en las oficinas del Centro Integrado Expedito de Justicia Interinstitucional (CEIN), se encontraban detenidos los señores Richard Armando Martínez, Augusto Moisés Dolmo, Efraín Sánchez, Keider Tishany Gonzales y las señoras Melissa Fabiola Martínez y Dorotea Arzú y que, dos de las personas detenidas presentaban lesiones recientes en sus cuerpos.
“Esta Defensoría del Pueblo condena el uso excesivo de la fuerza, prescindiendo absolutamente de los principios elementales de necesidad, legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, reza el comunicado.
Asimismo, advierte que, con dicha conducta policial, el Estado compromete su responsabilidad internacional, frente a eventuales hechos internacionalmente ilícitos que sean reclamados por particulares afectados.
En el documento, exhorta a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) a realizar una investigación seria, efectiva e imparcial sobre la existencia de faltas cometidas por parte de los miembros de la carrera policial, involucrados en el desalojo preventivo.
Añade que, en caso de existir suficientes indicios de la comisión de delitos, remita los antecedentes de mérito al Ministerio Público, para que se realice la investigación judicial con la debida diligencia y se deduzcan las responsabilidades penales a que hubiere lugar.
El 8 de noviembre, el CONADEH observó la audiencia de declaración de imputados contra las personas detenidas y acusadas de la comisión del delito de usurpación, en el Juzgado Departamental de Letras de Islas de la Bahía y tomó nota de la adopción de medidas diferentes a la prisión preventiva contra las y los miembros de la comunidad Garífuna.
Uso indebido del derecho penal contra defensores de derechos humanos
En el comunicado, el CONADEH reitera su preocupación por el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos mediante la aplicación inadecuada de tipos penales como la usurpación.
Por esta causa, exhortó a la autoridad judicial a examinar el contexto de incumplimiento de las sentencias Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros.
Ambas sentencias emitidas contra el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en las que se refiere que el Estado“[…] debe proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación”.
El CONADEH también observa con preocupación el crecimiento de la interposición de quejas contra la autoridad administrativa, alegando infracciones a la propiedad privada, cuya adquisición se habría hecho de buena fe, previo a la emisión de las sentencias supra mencionadas.
76 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH pendientes de cumplimiento
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre exhortó al Estado hondureño a cumplir sin dilaciones las sentencias de la Corte IDH.
Desde 1988 a octubre del 2022, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 17 casos contenciosos por la Corte IDH. Actualmente 14 casos se encuentran en etapa de cumplimiento y tres ya fueron archivados.
Además, en 13 de las sentencias, aún abiertas, hay 117 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH de las cuales, 34 están cumplidas, 4 cumplidas parcialmente y 76 pendientes de cumplimiento.
Hasta ahora, el incumplimiento del Estado hondureño en su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos alcanza el 100% de las sentencias emitidas por la Corte IDH. IR
https://proceso.hn/conadeh-advierte-nuevos-escenarios-de-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-honduras/
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Deportación de niños y adolescentes a Honduras se disparó un 43 % en 10 meses
Por: EFE,Tegucigalpa –
La cifra de niños y adolescentes, muchos de ellos solos, deportados
principalmente de Estados Unidos y México a Honduras se disparó un 43 %
de enero a octubre de 2022, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional
de Migración (INM) revisadas este miércoles por EFE.
Los datos del INM señalan que las deportaciones, principalmente de EE.UU. y México, de menores de edad a Honduras llegaron a 21.646 de enero a octubre de 2022.
Esta cifra fue superior en 6.512 casos a las 15.134 deportaciones de niños y adolescentes registrados por el INM en el mismo periodo de 2021.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 11.980 menores de edad a Honduras en los primeros diez meses de 2022, lo que representa un aumento del 315 %, mientras que las México retornaron este año a 8.936, un 20,4 % menos, de acuerdo a los datos del INM.
Otros 684 niños y adolescentes fueron deportados desde Guatemala, mientras que 46 fueron repatriados por autoridades de otros países centroamericanos y de Europa, según el informe del INM.
El 82 % de los menores deportados (17.768) regresaron a Honduras vía aérea, un 17,8 % (3.872) por tierra y el 0,02 % (6) por mar.
Del total de deportados, 13.576 son niños (62,7 %) y 8.070 son niñas (37,3 %), precisan las cifras del Instituto Nacional de Migración.
De acuerdo con la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) de Honduras, un total de 4.039 niños y adolescentes retornados viajaban solos.
La niñez que viaja sola enfrenta diferentes peligros en su ruta hacia Estados Unidos, según el coordinador de Coiproden, Wilmer Vásquez, quien instó al Estado hondureño a proteger y garantizar los derechos fundamentales de niñas y adolescentes, y focalizar la inversión pública.
Señaló que en los últimos años, miles de niñas y niños de Honduras se han visto obligados a migrar a causa de «la gran desigualdad social, la pobreza extrema y la miseria en la que se vive».
Los menores que cada año intentan llegar a Estados Unidos, según organismos de derechos humanos, lo hacen con la idea de reencontrarse con familiares y por la violencia que sufre el país. JP
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