En horas de la madrugada del pasado viernes, la alianza política entre el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) con el Partido Salvador de Honduras (PSH), junto al respaldo de varios diputados liberales y el de la Democracia Cristiana aprobaron otorgar a la unidad fiscal contra estructuras de corrupción la facultad de enjuiciar a implicados sin la venia del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
Lo anteriormente expuesto, desató una campaña mediática contra la UFERCO al argüir que la UFERCO se convirtió en una paralela al Ministerio Público siendo inconstitucional pese que no se reformó ningún artículo de la Constitución de la República.
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“Son tantos principios que viola este decreto que lo que viene es a nombrar una paralela. Quisieron destituir al fiscal general, al no conseguirlo montan una paralela. Con esta decisión este gobierno le está dando una puñalada al Estado de derecho y atenta contra la independencia del Ministerio Público”, expresó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Misma postura mantiene el congresista Mario Segura, jefe de bancada del conservador Partido Liberal, quien considera que “apoyan la lucha contra la corrupción con cartas claras” sin trastocar el reglamento del Ministerio Público aunque pidió que se interpele a Chinchilla y explique por qué no se ha obstaculizado las acciones de la UFERCO.
Para Kenneth Madrid, coordinador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el decreto a favor de la UFERCO “es inconstitucional” y quebranta la atribución que recae sobre el fiscal general.
Cabe recordar que la ASJ fue la instancia de sociedad civil que apoyó la ilegal reelección de Chinchilla, lo denominaron el “fiscal cinco estrellas”, fiscal que fue mencionado en la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber sido impuesto por Hernández para proteger sus actividades criminales.
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No obstante, para la titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, Chinchilla “no ha logrado avances sustanciales pese que los actos irregulares de impacto tienen nombre y apellido”.
Además, señala que durante los últimos 9 años “la cabeza del ente que tiene el monopolio de la acción penal pública no ha hecho más de mantenerse al margen y encubrir a sus aliados cuando estos se repartieron el botín, su negligencia fue más allá cuando debilitó el accionar de las únicas oficinas que han dado resultados dentro del Ministerio Público”.
Castellanos indica que el problema de la normativa aprobada radica en la temporalidad debido que las facultades otorgadas a la UFERCO expiran una vez asuma un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto por lo que centra su aprobación en la figura de una persona y no es fortalecer la institucionalidad.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que solo los corruptos y corruptores “tienen miedo en contra de la UFERCO” y considera que “el pueblo respalda todo lo que fortalezca el combate a la corrupción y la impunidad y la comunidad internacional también”.
“No va a cambiar en nada la actuación del fiscal de la UFERCO dentro del Ministerio Público. Lo que hace el decreto es garantizar que si en algún caso se le dice que no se debe de presentar pues va a estar autorizado para presentarlo, de ahí la UFERCO sigue igual, seguimos instrucciones de la Dirección General de Fiscalía y luego el fiscal general; seguimos instrucciones de ellos y lo vamos a seguir haciendo”, explicó.
A juicio de Aníbal Cálix, representante de la organización Congreso Primero, la normativa que se aprobó fortalece la UFERCO y pone en declive el sistema de corrupción que se instauró durante doce años de gobierno del Partido Nacional.
“El dictamen aprobado que fortalece la UFERCO y ya entiendo por qué están preocupados los corruptos del país. El ahora decreto legislativo toca los puntos que el sistema de corrupción utiliza para debilitar los órganos e instituciones que luchan contra la impunidad”, dijo.
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De igual manera, Víctor Fernández, del Bufete Estudios para la Dignidad, la responsabilidad que se asignó a la UFERCO es enorme y deberá dar resultados a corto plazo por lo que necesitará ser dotada de personal, equipo técnico y presupuesto.
En tanto, Gustavo Irías, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), es del criterio que el Estado de derecho en Honduras “no funciona” siendo la UFERCO la única fiscalía que dependía del fiscal general y ahora tendrá su autonomía.
Según el congresista Ramón Barrios, las personas, políticos y grupos que se manifiestan en contra de otorgarle igual condición a la UFERCO frente las demás unidades del Ministerio Público demuestran que apoyan la corrupción.
Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, expresó que lo único inconstitucional es que no se castigue la corrupción y la impunidad por lo que apoyan la UFERCO.
Con lo que se aprobó en el Poder Legislativo la UFERCO podrá presentar requerimientos fiscales contra corruptos sin la venía de Chinchilla, también podrá realizar secuestros de documentos de instituciones públicas o privadas sin orden de un juez, entre otras atribuciones
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