La declaración fue realizada en el marco del foro virtual «ZEDEs, el Ensayo de la Privatización y Expropiación en Honduras», en el que también participó el abogado Fernando García Rodríguez, quien publicó el primer Análisis Político-Jurídico de la Legislación de las ZEDE en 2018. El evento fue organizado por la Coalición Contra la Impunidad.
Nuila Hermannsdorfer, quien en su tesis de doctorado de la Universidad de Bremen investigó las implicaciones legales de las ZEDE en el futuro del derecho internacional público; coincide con García Rodríguez en que proyectos como el de la ZEDE Próspera en Roatán, cuentan con una red internacional de inversionistas multimillonarios, con «centros de investigación» propios que están impulsando proyectos en diferentes partes del mundo.
La jurista explicó que, en términos materiales, las ZEDE plantean conceptos y formas jurídicas que enmarcan a los residentes de las mismas como simples consumidores y la transición de toda forma de gobernanza a relaciones mercantiles. Planteó que en el caso de la ZEDE Próspera existen tres categorías de personas: los residentes, los residentes electrónicos y los visitantes legales, cada uno con tarifas anuales y pólizas a pagar y la condicionante de que en caso de no poder pagar deben salir del área.
DESPOJO, OPACIDAD Y LA CORRUPCIÓN DEL CAMP
Más allá de si las ZEDE son un proyecto que facilitará el lavado de activos, serán zonas libres de extradición o facilitadoras del tráfico de drogas, la profesional del derecho planteó que se debe entender a las ZEDE como un proyecto de acumulación por despojo de diferentes formas. Lo cual para ella «es lo más alarmante».
Ejemplifico el caso con el código de Próspera, un documento de tres mil páginas que incluye una serie de licencias que le parece extraño que existan; como licencias para «lidiar con el impacto indígena, el desalojo de comunidades indígenas, el impacto ambiental, inclusive el impacto antropológico y arqueológico».
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«Creo que esos elementos es muy importante ponerles atención porque ya está adoptados, ya son parte de la normativa interna y no solo significa que este consejo de Próspera lo haya aprobado, sino que el CAMP [Comité para la Adopción de Mejores Prácticas] que son estas 21 personas, lo aprobaron y lo ratificaron», dijo.
Con esto, Nuila Hermannsdorfer subrayó otro problema: la falta de transparencia sobre quiénes integran el CAMP. Como investigadora, explicó que en varias ocasiones solicitó la actualización de los nombres de los integrantes de este comité pero que siempre la refieren a los nombres contenidos en el decreto No. 368-2013.
Sin embargo, señaló que al menos tres de esas personas no forman ya parte del CAMP. Unos porque ya murieron y en el caso de Barbara Kolm -economista e integrante de un partido fascista en Austria- porque declaró en juicio que ella ya no era parte del comité y presentó documentación en la que se afirmó que había sido sustituida por otro miembro.
«Es decir que el CAMP le está mintiendo a la población hondureña. Cómo es posible que el CAMP extiende una carta que se utiliza como evidencia en un juzgado internacional -es decir en otro país, en Viena, Austria- para probar que ella no es parte de este comité mientras que acá, a mi como hondureña me siguen dando el mismo decreto. Entonces sí, hablamos de corrupción».
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A partir de esto, Nuila Hermannsdorfer concluyó que no solamente estamos hablando de una «gran red de corrupción» y obstaculización de información pública, sino que los hondureños que son parte del CAMP están cometiendo «delitos de traición a la patria» y tendrán que ser enjuiciados una vez se logren derogar los decretos.
La jurista señaló que el CAMP continúa haciendo contratos con empresas internacionales -muchas de ellas domiciliadas en Estados Unidos- quienes exigirán cumplimiento de los mismos y que podrían demandar a Honduras en un arbitraje internacional por millones de euros o dólares. «Lo decía muy bien el profesor Edmundo Orellana van a dejar a Honduras atada, es lo que más preocupa».
IMPACTO DEL RECHAZO DE LAS ZEDE POR MEDIO DE CABILDOS ABIERTOS
Nuila expresó que, desde un marco político, el rechazo de las ZEDE a través de los cabildos abiertos celebrados por la ciudadanía demuestra fuerza política y envía un mensaje de que contrario a lo que ellos divulgan en medios internacionales estas no están siendo aceptadas por las poblaciones.
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Señaló que los impulsores de proyectos como el de ZEDE Próspera están asociados con institutos de investigación y su propia revista llamada «Jurisdicciones Especiales». En los cuales ellos admiten que tienen que ganar una «batalla mediática».
Por lo que la iniciativa ciudadana de cabildo abierto permite transmitir un mensaje de rechazo que debe ser amplificado mediáticamente fuera de Honduras, «porque todos estos impulsores lo que están haciendo es utilizar el proyecto de Honduras como un proyecto exitoso para poder crear en otros países».
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