La representante de la Acnudh en Honduras, Isabel Albaladejo, destacó, en un vídeo divulgado en la red social Twitter, la importancia de que el Estado hondureño «ratifique el Acuerdo de Escazú».
Hizo un llamamiento al Estado de Honduras para «adoptar un marco normativo institucional que asegure la participación equitativa y plena de la sociedad civil y las comunidades afectadas en las decisiones sobre proyectos empresariales desde una etapa temprana».
El tratado «es absolutamente pertinente y urgente en el contexto hondureño para hacer un compromiso real de cambio», subrayó.
El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú y entró en vigor hoy en una decena de países, con motivo del Día Mundial de la Tierra.
Albaladejo exhortó a Honduras a «cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad de las personas que defienden los derechos humanos y medio ambiente, cuya actividad tan legitima como necesaria debe desempeñarse de manera segura y efectiva».
Dijo que el tratado es un «instrumento precursor tanto en materia de transparencia y acceso a la información, como por el componente de protección a las personas defensoras ambientales».
La representante de la ONU para los Derechos Humanos saludó a la sociedad civil que «alza la voz para la adhesión del Estado de Honduras al acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú».
Afirmó que el acuerdo «es único en su tipo y garantiza el derecho a participar en las decisiones, acceder a la información y a la justicia en materia ambiental, y la protección de las personas defensoras».
Albaladejo expresó su «profundo reconocimiento» a los defensores del medio ambiente y a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
«Reconocemos la importancia del rol que ejercen (los ambientalistas) en la democracia, a pesar de la situación de riesgo que corren en el desempeño de su labor en el país», señaló.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y de la tierra, según informes de Amnistía Internacional y la organización no gubernamental Global Witness. (ag)
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