José Dolores Aguilar y Enrique Rivera, son dos de los cinco campesinos que desde el 2015 fueron criminalizados y desde entonces, y luego de permanecer por seis meses en el centro penal de Comayagua, están con medidas sustitutivas a la prisión y han tenido que firmar en los juzgados de Siguatepeque durante los últimos seis años.
“La comunidad al ver que las que más tienen dinero iban adueñándose de las tierras, iban cercando las tierras y desplazando la comunidad, entonces la gente dijo vamos a agarrar nuestro pedacito, es una tierra ejidal, libre, no tenía dueño la tierra que agarraron”.
Rivera señala que el problema que tuvo fue que él les decía a los terratenientes que eran los responsables de destruir el bosque, esto causó que lo señalaran directamente como el responsable que la gente entrara en proceso de recuperación de la tierra, provocando la criminalización y el encarcelamiento por seis meses.
“La causa mía es que yo les decía ustedes son los que han destruido el bosque, entonces ellos se valieron de la autoridad del patronato de la comunidad y a nosotros nos acusan de autores de ser los líderes que éramos que habían empujado a la gente a agarrar esa tierra, y ya no nos acusan a nosotros de que habíamos agarrado si no que nosotros habíamos descombrados los bosques, o sea nos acusan de destructores del medio ambiente”.
Señaló que ellos jamás han destruido, al contrario lo han cuidado, “nosotros no hemos cortado nada, más bien hemos cuidado el bosque, nos hemos enfrentado a defender el derecho al bosque y el derecho a la tierra, por eso quienes destruyen el bosque son los mismos que a nosotros nos han acusado”.
Los campesinos estuvieron alrededor de seis meses en el Centro Penal de Comayagua, pero salieron con medidas sustitutivas a la prisión, ya que el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), se constituyó como garante, por lo que todo este tiempo ha venido presentado un informe del cumplimiento de la medidas de los campesinos.
Por su parte José Dolores Aguilar, dijo a defensoresenlinea.com que aunque sea una vez al mes que tiene que viajar a firmar desde la comunidad de Los Llanos en Taulabe, hasta Siguatepeque, tiene que tener alrededor de 350 lempiras y que es difícil de conseguir, ya que ellos se dedican a la siembra de maíz, frijoles y un poco de café para poder sobrevivir.
“Cada mes tenemos que tener los fondos para viajar, gastamos en comida y transporte 350 lempiras cada vez que vamos a firmar, y a veces no logramos conseguirlo porque nos dedicamos a sembrar maíz y frijoles, tenemos café también, y eso casi nos da solo para medio vivir y lo que hacíamos era quitar prestados y lo pagamos con trabajo”.
Señaló que el proceso para ellos ha sido duro, pero quieren que termine todo el proceso para estar en paz, porque han sido criminalizados injustamente por seis años.
A pesar de todo, nos sentimos alegres con todo el apoyo que el Cofadeh nos ha brindado, hemos tenido toda la seguridad, toda la firmeza, las abogadas no nos han dejado del amano, siempre han estado con nosotros, finalizó diciendo José Dolores.
Karol Cárdenas, del área de acceso a la Justicia del Cofadeh, expresó que en el caso de los campesinos de la comunidad de Los Llanos “el Ministerio Público haciendo uso indebido de una norma secundaria penal como es la establecida en el artículo 179 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vidas Silvestres, ha sometido a un proceso penal injusto desde el 21 de marzo del 2014 a campesinos de la comunidad de Taulabé, acusándolos del delito de descombro agravado, bajo la argumentación que el terreno es de vocación forestal”.
“Esta acción del ente fiscal deja en evidencia su afán acusatorio y la falta de objetividad, pues enmarca labores propios de los campesinos dentro de este tipo penal, siendo que estos consiste en labores de agro como ser el trabajo a la tierra con el objeto de sembrar alimentos básicos como ser el café, maíz, frijoles, entre otros”, agregó Cárdenas.
Asimismo señaló que “esto queda acreditado, pues el Ministerio Publico ordena una inspección a los terrenos en los cuales el perito establece que no hubo daño ambiental a estos terrenos y que solo se pudo constatar que la tierra estaba chapiada, con el objeto de la siembra de café, sin embargo el Ministerio Público a lo largo de lo que ha sido este proceso penal solicitó una modificación de medidas sustitutivas que se habían decretado en ese entonces a favor de ellos campesinos y les solicita al Tribunal de Sentencias que la modifique por una prisión preventiva, el cual el Tribunal en aquel momento modifica las medidas sustitutivas y ordena el internamiento cautelar en contra de los campesinos y los envía a cumplir una pena de prisión preventiva”.
“Posteriormente COFADEH se constituye como garante y el Tribunal en ese momento revoca la medida de prisión preventiva y actualmente ellos está cumpliendo medidas sustitutivas y una de ellas es que COFADEH deberá dar un informe periódico ante el Tribunal el cual lo hemos venido haciendo”.
Cabe señalar que los campesinos acusados de escombro agravado eran cinco, pero que dos de ellos ya murieron y uno decidió no continuar con el proceso por temor a ir nuevamente a la cárcel, aun sabiendo que no era culpable.
En Honduras el sector por campesino ha sido severamente golpeado por estar en proceso de recuperación de tierra que es causa de persecución, criminalización, judicialización y hasta de asesinato, y así como este caso y el de muchas comunidades campesinas en el país.
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