Hace algún tiempo don Arturo que ya ronda los 50 años, empezó a tener dolores fuertes en el estómago, la cabeza y otros malestares que fue imposible tratarse en casa porque se agudizaban. Entonces dejó la casita de la base campesina y fue acogido por algunos familiares, explicó Nulman Maradiaga, líder campesino y miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas en La Paz (REDHIL-PAZ).
Por ese motivo, la abogada Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se presentó esta tarde al Tribunal de Sentencia de Comayagua para revisar el expediente donde se criminaliza a dos campesinos y una campesina defensora de tierra y el territorio en el departamento de La Paz.
En este caso, están criminalizados Luís Alonso Tejeda Orellana, Jessenia Yamileth Padilla Orellana y Arturo Salinas Orellana, de la base campesina “8 de febrero”, quien los denunció es la una supuesta dueña desconocida para el grupo que se mantiene en este proceso de recuperación de tierras.
COFADEH tuvo información que Arturo Salinas Orellana, padece una enfermedad terminal, por lo que fue oportuno revisar el expediente legal para hacer acciones en favor del campesino, detalló Cárdenas, quien mantiene comunicación con la REDHIL-PAZ, de la cual Yessenia Padilla es integrante.
El caso está pendiente de fecha para celebrar juicio Oral y Público, expresó la defensora, tras revisar el expediente en los Tribunales en el centro del país, donde se tratan los casos del departamento de La Paz.
La situación de Arturo es muy delicada, los exámenes médicos confirman un cáncer que le afecta desde la garganta hasta el estimado, no tiene medicamentos que le calmen el dolor ni los medios económicos para atención médica oportuna, además debe cargar con la pena de cumplir las medidas sustitutivas a la prisión que le dictó el Tribunal, afirmó Nulman Maradiaga.
El Artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas, expresa que: Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.
Sin embargo en Honduras la criminalización contra los y las campesinas no cesa, siendo más siete mil procesados por los derechos a la tierra, perseguidos y hasta asesinados en la última década, según datos ofrecidos por La Vía Campesina- Honduras.
Cabe señalar que al menos 300 mil familias campesinas hondureñas no tienen acceso a la tierra, y tras el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre del año pasado, los y las campesinas fueron afectadas casi en su totalidad.
“Los Estados deben adoptar sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos enunciados en la presente Declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata”, añade la declaración.
Y agrega que tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. No podrán ser objeto de detención o reclusión arbitraria, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni serán sometidos a esclavitud ni a servidumbre.
En la comunidad de Lepaguare, donde se ubica la empresa campesina “8 de febrero” hay preocupación ante lo que padece Arturo Salinas Orellana, a quien lo representa legalmente la Defensa Pública. Consideran que su compañero debe ser absuelto, porque se ve afectado además por el cáncer, la falta de recursos económicos, alimentación y el proceso judicial.
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