Facebook, Twitter, entre otras, reflejan la ira de la comunidad por el burocratismo del régimen en el desplazamiento y entrega del auxilio espontáneo de la población, consciente, a través de esos espacios, de los muertos en las casas, del hambre que sufren centenares de connacionales atrapados en techos y viviendas de dos o más plantas.
El padre Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, comentó en su cuenta de Twitter, “con todo el respeto del mundo, que no se merecen más que por el hecho de que fui educado así, pero es el colmo eso de las trabas de las donaciones”.
En su cuenta de esa misma red social la líder Garífuna, Miriam Miranda, cuestionaba que “cómo es posible no podamos ni siquiera auxiliar a las personas que nos necesitan…”. De igual forma proliferan denuncias contra las llamadas Guías de Familia, activistas del Partido Nacional, no permiten que se entregue ayuda de forma directa, por lo que se presume que se apropian de la misma.
En un comunicado el Ministerio Público anunció que el 4 de abril anterior un equipo de investigación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y peritos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), iniciaron diligencias en las oficinas de COPECO, ante denuncia de supuestas irregularidades en las compras hechas por la emergencia del COVID-19.
En junio 6 el Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), presentó su séptimo informe llamado “La trampa mortal de la bioseguridad estatal”, donde denuncia la compra de mascarillas KN95 por parte de Invest-H y COPECO, no son adecuadas para uso médico.
De acuerdo con el CNA, COPECO adquirió 335 mil mascarillas KN95 de tres proveedores distintos; análogamente, recibió, en carácter de donación de Taiwán, un lote de 40 mil mascarillas N95.
Luego de una avalancha de denuncias del CNA como de la oenegé Asociación por Una Sociedad Más Justa, el 21 de abril el gobierno de Hernández destituye a Gabriel Rubí como titular de COPECO.
El 25 de junio, en medio del escándalo por el fraude en la compra de emergencia de siete hospitales móviles ante la pandemia de Covid-19, por 48 millones de dólares, que aún no funcionan, el régimen de Hernández destituye a Marco Bográn Corrales de la dirección ejecutiva de Invest-H. Sin embargo, ambos casos persisten en la impunidad.
https://criterio.hn/estalla-indignacion-por-manejo-de-ayudas-y-donativos-por-parte-de-copeco/
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