Honduras: Reflexiones sobre la pandemia (13) // Otras informaciones en Criterio.hn
Publicado en Criterio.hn / Julio 3, 2020
Por Rodil Rivera Rodil
En la universidad nos enseñaron que el derecho fue la solución que encontraron las sociedades primitivas para garantizar la convivencia entre sus miembros. Las normas jurídicas, se nos decía, pasaron a reemplazar la ley del más fuerte. Con los años, sin embargo, aprendimos que, en la práctica, sobre la fuerza del derecho seguía imperando el derecho de la fuerza.
Y en los tiempos que corren, la cosa es más grave. La influencia de las élites económicas ha resultado tanto o más poderosa que la fuerza bruta o la militar, porque aquella, además, trae consigo el virus de la corrupción, que es más peligroso que el mismo coronavirus, y contra el que, hastaoy, no se ha podido inventar
ninguna vacuna verdaderamente eficaz. También se nos inculcó que la política
era la ciencia -y también el arte- de conducir el gobierno para los
intereses generales de los pueblos. Pero tampoco pasó mucho tiempo sin
que nos diéramos cuenta de que, en algún momento, la política había
engendrado una hija bastarda, la “politiquería”, que ya no es una
ciencia sino una de las malas artes de gobernar para el beneficio de los
particulares. O, en palabras de la Real Academia Española, mediante “la
intriga y la bajeza”. La politiquería, entonces, parodiando al famoso
humorista gráfico argentino, Joaquín Lavado, creador de la tira cómica
“Mafalda” y más conocido como “Quino», “es una de las tantas malas palabras que se escriben con “p”.
De ahí que cuando se pide que se
despoliticen los poderes y los órganos de control del Estado, no es que
se pretende que sus titulares no pertenezcan a ninguna agrupación
política, como muchos entienden, sino únicamente que estos sean
sustraídos de la politiquería. Por ello, los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, para el caso, no deben ser electos directamente por
el Congreso Nacional, el más politiquero de todos. Deben ser
seleccionados por procesos que aseguren su idoneidad, y que a la Corte
solo competa investir a los mejor calificados.
En Honduras, por desgracia, los que
hoy detentan el poder no son políticos. Son politiqueros. Gobiernan para
sus propios intereses. Se dieron el lujo, nada menos, que de emitir
todo un nuevo código penal solo para recetarse ellos mismos la
impunidad. Y ahora, se ha generado una polémica sobre la validez de la
convocatoria directa que hicieron un grupo de diputados de la oposición
para la sesión del 24 de junio del Congreso Nacional en la que lo
abrogaron. Concretamente, el debate se ha centrado en si la negativa del
presidente a convocar puede considerarse como una de las causales
previstas en el artículo 191 de la Constitución para el llamamiento a
reuniones extraordinarias por un mínimo de cinco parlamentarios.
El razonamiento de los convocantes es
irrefutable. Ellos, como todo diputado, tenían el derecho incuestionable
de pedir que el Congreso conociera y resolviera sobre la abrogación del
nuevo código, y a su vez, al presidente le incumbía la obligación
correlativa de otorgárselos. Independientemente de si la moción fuera
aprobada o no.
La urgencia estaba perfectamente justificada. De un lado,
porque al día siguiente concluía la vacatio legis del nuevo
código, y del otro, porque al entrar este en vigencia, aunque fuera por
un minuto, se producía de pleno derecho su retroactividad que favorecerá
a los congresistas y funcionarios que han sido acusados por la MACCIH
de varios delitos. ¿Por qué se negó a convocar don Mauricio Oliva, si el
Partido Nacional siempre consigue la mayoría de los votos?
Es menester aclarar que, en general,
hay consenso en la ciudadanía de que el Código contiene algunos cambios
positivos -muy pocos, por cierto- que pueden conservarse, como, por
ejemplo, los relativos al ejercicio del periodismo. ya que el código se
ha estado utilizando para fines de politiquería, como es el caso del
periodista David Romero Ellner con quien el presidente Hernández se
ensañó ordenando que se le condenara a diez años de prisión.
En contra de la acción de la oposición
se han pronunciado, desde luego, varios diputados nacionalistas, y
ciertos abogados penalistas que han visto la oportunidad de ayudar a sus
clientes. Los argumentos que estos esgrimen han sido de diversos
matices.
Desde la interpretación puramente legalista, que olvida lo
correcto y rinde obediencia ciega a la letra de la ley y no a su
espíritu, hasta el dislate de un asesor del Congreso que, sin arrugar la
cara, aseveró que si se abrogaba el código no quedaría en vigencia
ninguno, ni el nuevo ni el viejo. Como quien dice que todos los presos
del país tendrían que ser liberados de inmediato. Esta perla jurídica,
sin duda, pasará a los anales del derecho.
La discusión, no obstante, no es
jurídica. Nunca lo fue. Siempre se trató de política, ¡qué digo!, de
politiquería. Y, como ya vimos, la “razón” les asiste a los que tienen
la fuerza. Aquí en Honduras, a los que cuentan con el respaldo de Trump,
del ejército y de cierto grupo económico. Y la seguirán teniendo
mientras esto no cambie o el pueblo se canse y diga basta, como pide
Mundo Orellana.
Pero, hay que reconocerlo, el impacto
en la opinión pública que consiguió la oposición fue muy grande. Sigue
ahora la lucha por la nulidad del código. Porque, una vez que entró en
vigor, su abrogación ya no impide la retroactividad. Cabe señalar que
existe el histórico precedente del pueblo argentino que a principios de
este siglo logró anular las “leyes de la impunidad” promulgadas para
proteger a los militares genocidas, y así pudo llevarlos a prisión.
Mientras tanto, la pandemia avanza a
pasos agigantados. Y también la manipulación oficial de los datos de
muertos y contagiados, a pesar de que ahora la gente puede ver todos los
días en los medios la gran diferencia en los datos. Y el régimen sigue
resistiéndose a realizar las pruebas necesarias para que la población
conozca la verdadera evolución del coronavirus.
La corrupción, por su parte, sigue
viento en popa. El miércoles trascendió una nota de la ministra de salud
al Congreso Nacional dando a conocer que la orden para la compra directa
de los famosos hospitales fue dada por el propio presidente Hernández.
De donde cabe asumir que esta fue la verdadera razón por la que el
director no informó ni pidió autorización al Consejo Directivo de
Invest-H., pudo hacerse con recursos del Fondo Vial para la operación y,
lo insólito, pagó el precio total por adelantado. Y ahora este señor,
tranquilamente, dice que si el proveedor no cumple lo va a demandar. ¿Y
cómo pensará hacerlo si, según parece, ni el propio FBI de Estados
Unidos lo ha podido encontrar? Y aun si lo lograra. ¿Qué le va a
embargar para que devuelva semejante cantidad de dinero?
Una vez más, pues, somos el hazmerreír del mundo. O, mejor dicho, el sueño de cualquier vendedor: “usted
no se preocupe, no importa que no lo conozcamos, le compramos con solo
contactarlo por Internet, le pagamos el cien por ciento por adelantado,
solo diga la cantidad, ¿cuánto dice?, ¿cuarenta y ocho millones de
dólares? No hay problema, ahora mismo se los mandamos”. ¡Viva Honduras!
Y lo mismo sucede con el show de don
Juan Orlando. No se para. Nos lo imaginábamos en cama y entubado. Y él
se hace propaganda presidiendo el consejo de ministros y firmando
papeles. No lo haga presidente. Porque si no lo mata el coronavirus, o
lo que sea que tenga, que Dios no lo permita, lo va a hacer ese gran
sacrificio que está haciendo por nuestra patria. Ponga mejor a Marco,
digo a Ebal, para que le ayude. Tegucigalpa, 3 de julio del 2020.
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