sábado, 31 de agosto de 2019

Honduras: Estado desconoció convenios internacionales: Un cuartel militar para el juicio de defensor de Guapinol

La flecha señala a Arnold Javier Alemán Soriano
Sábado, 31 Agosto 2019 - 01:12 Written by 
 El defensor del ambiente Arnold Javier Alemán Soriano, quien junto a otros 31 está siendo enjuiciado por los delitos de usurpación, detentación de espacio público y daños, por defender sus territorios de la empresa minera Inversiones Los Pinares, fue dejado en libertad provisional este 30 de agosto de 2019, después de que la audiencia se realizara en un cuartel militar.

                        El 29 de agosto la Audiencia Inicial de otro juicio en el que también figura Soriano Alemán, fue suspendida porque la defensa del defensor y de otros siete más, presentaron una recusación contra el juez que conoce la causa, por encontrar que no está respetando el debido Proceso en el juicio.

El Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, realizó una conferencia de prensa en el en dicho cuartel, para apoyar al defensor Alemán Soriano, cuyo juicio está en el expediente 21-2019.

El Comité denunció la violación a tratados y convenios internacionales al llevar a cabo una audiencia contra un civil en un cuartel militar. El caso está siendo conocido por el Juez Claudio Aguilar, quien se ha caracterizado desde el golpe de Estado, por realizar las audiencias contra defensores de derechos humanos o de los movimientos sociales, en cuarteles militares, lo que violenta el principio de imparcialidad, tal como lo ha señalado en uno de sus informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDH.

Con esta acción también se viola el principio de publicidad contemplado en el Código de Procedimientos Penales, pues en una instalación militar hay muchas restricciones, inclusive la intervención de las comunicaciones de toda persona que ingresa al lugar.

Dos expedientes abiertos
 
                                   Abogado Omar Menjívar 
El Abogado Omar Menjivar, apoderado legal de Aguilar Soriano, explicó que su defendido tiene dos expedientes abiertos, uno por Usurpación y daños en perjuicio de Inversiones Los Pinares, y a su vez sobre el mismo predio usurpado el Ministerio Público dice que también es en perjuicio del Estado de Honduras, mediante la modalidad de detentación.

Menjivar explicó que la propiedad privada no es dual, o es privada, o es pública. Es de la Empresa Inversiones los Pinares o es del Estado. En ese mismo expediente se incluyó el delito de daños.
Alemán Soriano tiene un segundo expediente que fue presentado posteriormente por Asociación Ilícita, Privación injusta de la Libertad, Incendio Agravado y Robo, o sea seis delitos.

Refirió que a principios de marzo otros 12 defensores que tenían los mismos delitos de Alemán Soriano, su causa fue sobreseída , “Esperamos que eso pase con los demás que ahora estamos presentando, porque son las mismas circunstancias, los mismos hechos, igual la misma evidencia que tiene el Ministerio Público , sería sorprendente que la fiscalía saliera con una prueba distinta para acomodar la posibilidad de tener un resultado diferente en esta ocasión, pero eso sería una jugada inmoral, eso no sería una sorpresa, pues el Ministerio Público ha decaído tanto”.

Argumentó que en Honduras no se tiene garantía de nada, la ley no es garantía de seguridad jurídica para nadie.
Asociación Ilícita tiene una reforma perversa que la hizo el que gobierna este país

Para el profesional del derecho el que siete imputados hayan sido enviados a la Penitenciaría Nacional en la Audiencia de Imputado se debe a la reforma que le hicieron al Código Penal cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, está en un listado de 21 delitos en el Código Penal que no admite una media distinta de la prisión preventiva , o sea que siempre los mandan a detención juncial y si se les dicta el auto de formal procesamiento en la audiencia inicial entonces les pueden imponer la prisión preventiva, “allí los jueces no tienen que analizar si no es proporcional, si hay peligro de fuga, si es necesaria, ni si hay obstrucción de la ley, solo si hay sobreseimiento se salvan de la prisión preventiva”.

Una justicia verde olivo
La década de los 80, se caracterizó por la falta de institucional y por la bota militar en el cuello de la sociedad. Los uniformados gozaban de total impunidad. La puesta en marcha de la Doctrina de la Seguridad Nacional por los Estados Unidos les puso al mando de la arbitrariedad y las autoridades civiles no decidían nada, sino solo obedecían los mandatos del imperio.

La audiencia duró varias horas hasta pasadas 10 de la noche de este 30 de agosto de 2019. El Juez Claudio Aguilar solo permitió la entra de unas pocas personas, entre ellas defensores y defensoras de derechos humanos; un delegado del Comisionado Nacional de derechos Humanos, CONADEH, una delegada de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Honduras, OACNUDH y los abogados defensores.

Afuera estaba el campamento del Comité Pro defensa de los Bienes Comunes y Públicos, de Tocoa Colón, acompañado por organizaciones de derechos humanos de Honduras e internacionales.

Amenazas de coroneles, supuesto miedo y anuncios de desalojo
Una Comisión del Comité en mención denunció ante el Consejo Nacional de Protección que estaba reunido en sesión extraordinaria por el caso Guapinol, que fueron objeto de amenazas de desalojo por dos coroneles, uno de apellido Hernández, que les amenazó con desalojarlos si no quitaban un ataúd que han cargado en señal de impunidad del Estado de Honduras pues tiene enjuiciado a un defensor de Guapinol que murió desde el año 2015.
“Quiten ese ataúd que eso trae malos augurios, y tal como lo tienen puesto podemos morir varios de nosotros”, les manifestó Hernández.

El Campamento está muy vigilado por militares que les advirtieron a las personas que allí se encontraban que debía permanecer fuera de una raya amarilla, y cada vez que alguien la cruzaba venían de inmediato los uniformados. 


 

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