La cuestionada jefa del sistema penitenciario Rosa Gudiel está
presionando al Comité Técnico Interdisciplinario para enviar al penal de
alta seguridad santabarbarense de el Pozo al director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero, a fin de cobrarse «viejas cuentas pendientes».De hecho, amenazó a los miembros del organismo de que deben cumplir sus órdenes y quien no siga la línea de autorizar el envío del comunicador a la peligrosa cárcel que opera en la comunidad de Ilama, podría sufrir las consecuencias.
Y es que Gudiel pretende sancionar sin un motivo claro a Romero con una restricción de visitas durante seis meses, por lo que está presionando y coaccionando a los miembros del comité a fin de que firmen el dictamen para sancionarlo y trasladarlo de inmediato a el Pozo, ya que lo acusan de faltas que no ha cometido y sin ser escuchado tal como lo establece el reglamento interno del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Uno de los afectados, quien pidió el anonimato por temor a ser perseguido por Gudiel, denunció que en los últimos días se han sentido acosados por la funcionaria para que firmen el acta donde se consigna la sanción contra Romero a cualquier costo; informó que la controvertida dama presionó al doctor Leonel Ávila para que firmara el visto bueno a pesar de que no estuvo presente el Comité Técnico Interdisciplinario a fin de analizar el asunto.
La fuente precisó que la psicóloga Teresa Duarte, las trabajadoras sociales Georgina Ponce, Manty Escoto y Yadira Zavala, el doctor Juan Lupiac y el abogado César Hernández han sufrido constantes acosos y exigencias de parte de Gudiel para que no exista una deliberación apegada a ley.
Previamente, el órgano de decisión rechazó las «sugerencias» hechas por Gudiel para que Romero obtenga la desproporcionada sanción, pues no hallaron motivos suficientes para que se instaure el castigo por el hecho de la supuesta publicación de un mensaje en redes sociales a pesar de que está aislado en una unidad militar y, en consecuencia, no tiene acceso a comunicaciones.
Aunque Romero purga una ilegal condena de 10 años de prisión impuesta por el Poder Judicial, por exigencia del jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández, prosigue la persecución en su contra.
En cambio, brillan por su ausencia los castigos contra el exalcalde capitalino Miguel Pastor, el exconcejal Teodoro Bonilla y el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, a quienes se les encontró teléfonos móviles durante las requisas que efectuó el INP.
En el caso de Pastor, quien permanece bajo prisión preventiva en un batallón de la periferia sur capitalina por la causa Narcopolítica, recibe a diario visitas de activistas, que fueron autorizadas por Gudiel y son cumplidos al pie de la letra.
Al respecto, este periódico supo que en el operativo se encontraron algunos aparatos que no están permitidos por las normas carcelarias, pero que han sido autorizadas por Gudiel y German McNeil, saltándose incluso las disposiciones ya establecidas por el sistema penitenciario.
Al cierre de esta noticia, ni Pastor, ni Bonilla, ni Zelaya, han recibido una sanción disciplinaria que implique trasladalos a Ilama o al penal de ultra alta seguridad de Morocelí.
Ambos, condenados por corrupción, sí tienen acceso a comunicarse al exterior y gozan de otros beneficios que, por ley, están prohibido; en la práctica, gozan de prebendas por haber servido con docilidad y lealtad a los intereses de Hernández, por lo que son privilegios dentro de un sistema donde más del 50 por ciento de los reos no cuentan con una condena y tampoco tienen derecho a comunicarse con sus parientes cuando es un derecho consagrado en normas internacionales.
Los lujos para los exfuncionarios, acusados y condenados por probadas irregularidades en su paso por la administración pública, son hasta desproporcionados, pero el hecho de ser miembros del partido en el gobierno, los coloca en una clase favorecida y pasan sus día de cárcel con las comodidades que no pueden disfrutar el resto de la población que está privada de libertad.
El acoso sistemático contra Romero se ha agravado en los últimos días, denunció su esposa Lidieth Díaz. Afirmó que el periodista ha sido sujeto de acoso diario por militares que llegan a su celda para hostigarlo, por lo que responsabilizó a Hernández y el secretario de Defensa Fredy Díaz de cualquier atentado contra la vida del director de Radio Globo y ConfidencialHN.
El afectado cumplió el pasado 28 de junio tres meses de estar confinado en una unidad militar de la periferia norte capitalina, tras ser arrestado mientras denunciaba los vínculos del jefe del Ejecutivo con la corrupción y delincuencia organizada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado hondureño para que diera una explicación del porqué no cumplió con la aplicación de medidas cautelares a favor del periodista y en fecha reciente concedió un plazo de 10 días para que se pronunciara al respecto y procediera a liberar a Romero.
Hasta el momento, ningún funcionario de la Procuraduría General de la República y Poder Judicial han dado una explicación al sistema interamericano de los vejámenes y privación de la libertad que padece el experimentado informador.
https://confidencialhn.com/alerta-jefa-penitenciaria-quiere-enviar-a-carcel-el-pozo-a-david-romero-por-venganza/
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