Por: Redacción CRITERIO
Junio 11,2019 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Las principales ciudades de Honduras amanecieron este jueves llenas de elementos de la seguridad del Estado en momentos en que este país centroamericano se debate en una crisis política-social, que ha generado masivas movilizaciones, las que han sido brutalmente reprimidas por policías y militares.
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La Policía Nacional informó que ha desplegado más de 5 mil agentes de seguridad para impulsar a nivel nacional la operación especial “Catorceavo Más Seguro” (bono salarial para los trabajadores) con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.Por su parte la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), que integra a las agencias de seguridad de las Fuerzas Armadas, no detalló el número de agentes que participan en los operativos. Sin embargo, precisó que éstos se apostarán en las afueras de las agencias bancarias, centros comerciales, mercados y en rutas de transporte urbano.
El masivo despliegue de los agentes de seguridad del Estado ha rebasado la norma de operativos de seguridad realizados en otras oportunidades, por lo que la población ve la situación como una estrategia de intimidación para que la población desista de las protestas.
En las dos últimas semanas la ciudadanía hondureña se lanzó a las calles a protestar exigiendo la no privatización de la salud y la educación. Las protestas han sido lideradas por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, que no acepta un diálogo propuesto por el gobierno por considerar que no hay condiciones para lograr resultados.
La motivación inicial de las protestas fue los temas de salud y educación. Sin embargo, la población, que se ha movilizado en las calles, exige la salida del poder del gobernante, Juan Hernández, por considerarlo responsable de actos de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico.
La indignación de la población se acrecentó luego que medios nacionales e internacionales informaran que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés) viene investigando, desde el año 2013, al gobernante hondureño y sus cercanos colaboradores por tráfico de cocaína a gran escala y lavado de dinero.
Las protestas de las últimas semanas, encabezadas por docentes, médicos y trabajadores de la salud, fueron brutalmente reprimidas por los elementos de la seguridad del Estado que dispararon sus armas y lanzaron a discreción gases lacrimógenos, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en un comunicado divulgado el pasado 31 de mayo.
Uno de las zonas con mayor represión policial y militar es la el Bajo Aguán, particularmente la comunidad de Guadalupe Carney, en el municipio de Trujillo, Colón, donde se ha reportado varios campesinos heridos.
En similares términos se expresó la Conferencia Episcopal que señaló en un comunicado que la responsabilidad de la policía es garantizar el orden y la seguridad de toda la población. Sin embargo, “algunas actuaciones policiales, pueden calificarse como de fuerza desproporcionada y con esto añaden otro elemento de gravedad a los conflictos”, expuso la agrupación de la iglesia Católica.
https://criterio.hn/2019/06/06/gobierno-militariza-toda-honduras-como-si-tratase-de-un-estado-de-sitio/?fbclid=IwAR0Ti4f-zz82L_HePnF57FGqeluWinRSdHc2H833u99LNZc8IPGih3scd7s
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