Monocultivo de palma viola artículo 347 de la Constitución de Honduras

Tegucigalpa, 15 Febrero 2019 - (Conexihon)  

 por Gissel Grandez .-

Nikia mayka durra.
En lengua lenca significa: yo amo la madre tierra.

La producción agropecuaria deber orientarse preferentemente a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población hondureña, dentro de una política de abastecimiento adecuado y precios justos para el productor y el consumidor, señala el artículo 347 de la Constitución de la Republica de Honduras.

Sin embargo, “el monocultivo de la palma aceitera en el país no produce alimentos para la población, sino aceite vegetal que se produce solo 10 por ciento de los cultivos, lo demás es para agro combustible, eso quiere decir que movemos los carros con el estómago del pobre”, argumentó el director de Madre Tierra, Juan Almendares.

Según cifras del 2014 en Honduras 16 de los 18 mil productores de palma aceitera son pequeños, lo que significa que solo 50 de las 165 mil hectáreas están en manos de pequeños productores. Después del Golpe de Estado de 2009 se consolidó de forma más agresiva la expansión palmera, la militarización y la violencia contra campesinos, señala el comunicado de Madre Tierra emitido este trece de febrero.

Además el documento sostiene que “esta situación es particular en el Valle de Aguán, por la gran cantidad de asesinatos desaparecidos dentro de las plantaciones de la corporación Dinant propiedad de la familia Facussé, el mayor productor de aceite de palma del país”.  

Las palmas están sembradas con la sangre de los campesinos, -sostienen- porque según los campesinos, son más de 160 personas los que han sido asesinados en la última década, el problema mayor es que continúan en la impunidad.

A juicio del coordinador de Madre Tierra, esto ocurre porque la militarización de la región en el Aguán “es un experimento de guerra”, ya que hay tropas de inteligencia.

Dengue, estrés, terror y tortura

“Lo único que traen es violencia y enfermedades que causan desnutrición, proliferación de enfermedades tropicales graves como el dengue, estrés, terror y tortura que sufre la población sobre todo mujeres y los infantes, así como los crímenes ecológicos y eco tóxicos”, explicó, Almendares.

Según cifras de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), para finales del 2018 hay 190 mil hectáreas de palma aceitera sembradas, la mayoría de la siembra se concentra en los departamentos de Colón, Cortés, Atlántida y Yoro.

El incremento de las ganancias se las llevan las grandes industrias y los derechos de las comunidades originarias campesinas va en detrimento, también los humedales se han extinguido ya que la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), afirma que existe una hectárea de humedal por cada cuatro hectáreas de palma Africana, lo que significa una expansión la frontera de agrícola para el agro combustible, estipula el comunicado.

Criminalización de líderes y lideresas

De acuerdo con la Plataforma Agraria en la Región del Aguán, hay más de 360 líderes y lideresas criminalizados y la preocupación crece ya que están siendo juzgados en Órganos de Jurisdicción Nacional, lo que significa que son señalados criminales de alta peligrosidad por defender el territorio y la naturaleza.

“Hay una militarización desde el 2010 y en las comunidades hay persecuciones y operativos en las entradas de cada población, todo el que sale y entra lo registran, hay un acoso por parte de las autoridades que no nos deja vivir en paz y libremente”, lamentó el coordinador de la Plataforma Agraria en la Región del Aguán, Jaime Cabrera.

Expuso que trabajó 10 años en el Aguán y su labor era cortar la fruta y reprocha la gran violación a los derechos laborales y humanos que se dan en contra de los empleados organizados, “por eso fui despedido por estar organizado y defender mis derechos”, lamentó. 

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