Agencias / EL LIBERTADOR / Febrero 9,2018.-
Honduras. Más
de 35 “asesinatos políticos” han ocurrido en Honduras en el marco de
las protestas contra el fraude electoral que hizo posible la reelección
presidencial, a pesar de que esta es considerada ilegal por la
Constitución del país.
Según el informe
de la cadena mediática de información RT, unas 58 organizaciones de
derechos humanos atribuyen los asesinatos a las fuerzas de seguridad del
Estado, en un documento que expone que las manifestaciones pacíficas
fueron “gravemente reprimidas, incluso con fuerza letal o bala viva
disparada al cuerpo de los manifestantes”.
De
ese modo, el documento contabiliza 33 muertes, aunque datos más
actuales reflejan que la cifra asciende a casi 40 personas, además se ha
denunciado decenas de heridos, centenares de detenidos y más de 100
personas criminalizadas.
En
términos legales, el abogado Benedicto Santos, que ha prestado sus
servicios a los hondureños en insurrección, asegura que son al menos
2,500 personas las que han sido detenidas, donde en su mayoría han sido
llevadas a batallones de las Fuerzas Armadas de forma arbitraria.
El
togado en derecho ha dicho a dos reporteros independientes que los
detenidos, tienen sus hojas de antecedentes limpias y que el régimen con
tal de “excusar” la arbitrariedad les han implantado bombas Molotov o
cualquier otro instrumento que ponga en duda su inocencia.
Además,
el texto avalado por las 58 instituciones defensoras de la vida,
señalan como “autores materiales” de los crímenes de lesa humanidad a
“la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la Policía
Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas, la Secretaria de
Seguridad, a través de la Policía Nacional, y la Dirección Policial de
Investigación”.
Los
organismos coinciden en que la “victoria” del presidente Juan
Hernández, fue una imposición que se consolidó gracias a la fuerza bruta
de los organismos de seguridad. En ese sentido, el mandatario ha sido
calificado como dictador por sus opositores, activistas sociales y la
población que desde hace varios años ha manifestado su descontento a
través del grito “¡Fuera JOH!”.
También
señalan que el gobierno de Honduras mantiene un “control absoluto de la
institucionalidad”, debido al apoyo del “grupo político, empresarial y
militar que respalda al actual gobernante”, además de su favoritismo con
el gobierno estadounidense, quienes han llegado a llamarle “dictador
benigno”.
A
lo largo de estos meses, las protestas no han cesado, ni siquiera
disminuido. Según el director ejecutivo del Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (Ciprodeh), Wilfredo
Méndez, esta situación se debe a que las condiciones políticas y
sociales que las originaron “siguen absolutamente presentes”.
Explicó
que la respuesta del gobierno a las protestas consiste en una
estrategia de represión que pretende “neutralizar, anular y evitar que
la oposición política continúe con las protestas”, en contra de lo que
califican como una “dictadura”.
Méndez
detalló que persiste la impunidad alrededor de las violaciones a los
derechos humanos porque “desde el golpe de Estado contra el presidente
Manuel Zelaya (2009), la Justicia de Honduras oprime a la víctima y
protege al victimario, y esa situación no ha cambiado”.
Al contrario, agregó el defensor hondureño, “la estructura militar que controla a la Policía se ha vuelto más cruel”.
Mencionó
como ejemplos de esa crueldad que la Policía “ha torturado” a civiles
en plena vía pública sin importarles que les estén grabando. También,
que ha recibido denuncias de personas que aseguran haber sido
encarceladas y que luego son obligadas a hincarse sobre alambres
“durante 8 horas o más”.
Para
el director de Ciprodeh, “la brutalidad militar y policial en Honduras
está amparada por una estructura institucional que garantiza esos
extremos a los agresores”.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/internacionales/2699-justicia-de-honduras-oprime-a-la-victima-y-protege-al-victimario-rt
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