SE DENUNCIAN OPERACIONES DE MILITARES
HONDUREÑOS QUE VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LUCHADORES SOCIALES Y DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS ORGANIZADOS EN EL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
(MADJ). SE DENUNCIAN COMPORTAMIENTOS QUE VIOLENTAN EL DERECHO HUMANO A LA
LIBERTAD DE PENSAMIENTO, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA SEGURIDAD PERSONAL Y PONEN
EN RIESGO LA VIDA DE MILITANTES DEL MADJ. VIOLACIÓN AL LIBRE EJERCICIO DE UN
MEDIO DE COMUNICACIÓN. SE DENUNCIA INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DISPUESTAS
POR LA CIDH DESDE 2013. QUE SE INVESTIGUE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS
DE ABUSO DE AUTORIDAD, ALLANAMIENTO DE MORADA Y AMENAZAS, ENTRE OTROS. SE EJECUTEN
ACCIONES JUDICIALES. QUE SE PROTEJA A LAS VÍCTIMAS.
Fiscalía
del Ministerio Público
Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
EL MOVIMIENTO AMPLIO
POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA (MADJ), a través del Área de Asuntos Legales y de
Derechos Humanos, organización con presencia en distintas partes del territorio
nacional y con sede principal en la 6 calle, 6 avenida noreste, Barrio
Barandillas de San Pedro Sula, Cortés, con teléfono 2449-0183 y correo
electrónico madjequipolegal@gmail.com, y las personas naturales que abajo
suscribimos este documento,
comparecemos a plantear, denunciar y solicitar lo siguiente:
a.
Denunciar
que efectivos del ejército hondureño, en reiteradas ocasiones, durante el 2015
y 2016 vienen desarrollando operaciones que violan derechos fundamentales de Martín Fernández Guzmán, actual Coordinador
General del MADJ, beneficiario de medidas cautelares dispuestas por la CIDH
desde diciembre de 2013, registradas bajo el número 195/13.
b.
Denunciar
que miembros del ejército hondureño, supuestamente pertenecientes al Cuarto
Batallón de Infantería de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, ilegal e
ilegítimamente, realizan intervenciones en un inmueble, propiedad privada, ubicado
en la comunidad de Agua Caliente, municipio de La Másica, departamento de
Atlántida, en el cual desarrolla actividades de formación, reflexión y descanso
la militancia del MADJ.
c.
Denunciar
que desconocidos, a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas,
realizan amenazas a miembros del MADJ que desarrolla su trabajo de comunicación
y reflexión crítica sobre la realidad del país a través de la radio comunitaria
del MADJ, Radio Dignidad, en la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La
Másica, departamento de Atlántida, hechos que constituyen una flagrante violación
al derecho humano a la libertad de pensamiento, libertad de expresión y al libre
ejercicio de un medio de comunicación.
d.
Que
se desarrolle investigación para determinar si las acciones denunciadas
configuran los tipos penales de abuso de autoridad, allanamiento de morada, amenazas
u otros delitos.
e.
Que
se ejerzan las acciones judiciales en contra de los responsables de los delitos
y de las violaciones a derechos humanos anteriormente relacionadas y explicadas
a continuación.
f.
Que
se ejerzan y tomen las medidas que por deber le corresponden al Estado y
gobierno de Honduras, orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos
del Coordinador General del MADJ y de los demás miembros de la organización
amenazados por los efectivos del ejército y por los desconocidos que se han
comunicado a la Radio Dignidad.
Nuestro planteamiento
se sostiene en los extremos de hecho y de derecho que a continuación exponemos:
I.
Antecedentes
contextuales de las situaciones de hecho que motivan la denuncia
a. El
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) es una organización del
movimiento social hondureño fundada en
2008, luego de finalizada la “Huelga de los Fiscales”, dedicada a la lucha pacífica contra la
corrupción y la impunidad, así como a la defensa de los bienes naturales, de
los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
b. Durante
los últimos meses, el MADJ ha presentado varias denuncias para que se
investigue, por hechos de corrupción y violación de derechos humanos, a los
principales funcionarios del actual gobierno hondureño, incluyendo al
presidente del Poder Ejecutivo. De igual manera, ha intervenido activamente en
varios procesos de participación y ejercicio de soberanía comunitaria que han
concluido en declaratorias de territorios libres de mercantilización de sus
bienes naturales, en oposición a la política del gobierno de concesionar ríos,
minerales y bosques para que lo exploten empresas privadas. El MADJ también ha
revitalizado su participación en misiones internacionales para denunciar las
violaciones de derechos humanos que sufren muchas personas y comunidades en
Honduras.
c. El
MADJ, a través de los Abogados Martín y Víctor Fernández Guzmán, en el año
2015, en representación de la Junta Administradora de Agua Potable de la
comunidad de San Francisco, departamento de Atlántida, radicó e impulso ante la
Corte de Apelaciones de La Ceiba, Acción
de Amparo en contra del jefe y comandante del Cuarto Batallón de Infantería. El
amparo se interpuso por el hecho que el mencionado jefe castrense, haciendo uso
ilegítimo de la fuerza militar, impedía a las juntas administradoras de agua
potable del municipio de San Francisco, hacer uso del derecho real de
servidumbre de tránsito y acueducto que voluntariamente y con legitimación de
la Corporación Municipal de San Francisco, Atlántida, han ejercido durante
muchas décadas.
d. El
Coordinador del MADJ en el departamento de Atlántida, Wilmer Alexander Ramos,
en los últimos meses, ha sido víctima de amenazas, agresiones físicas y
verbales, privación de libertad, robo y otros comportamientos delictivos. Estas
acciones son ejecutadas por personas que pretenden limitar el trabajo que hace
el MADJ en ese departamento. Además, todos estos hechos han sido denunciados
ante las autoridades locales y a pesar
de ello los agresores gozan de absoluta impunidad.
e. Actualmente,
el coordinador General del MADJ, Martín Fernández Guzmán, desarrolla un intenso
activismo como luchador social y defensor de derechos humanos en varias partes
del país, con mayor énfasis en el departamento de Atlántida. Producto de su
trabajo solidario, ha sido objeto de múltiples agresiones provenientes de
particulares y de funcionarios estatales; este extremo se puede constatar a
través de múltiples denuncias interpuestas en distintas fiscalías y otras
oficinas estatales.
f. Por
la situación de riesgo real en el que Martín Fernández y varios líderes y
lideresas sociales desarrollan su labor como luchadores sociales en el
departamento de Atlántida, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), a través de la Medidas Cautelares 195/13, le solicitó al
Estado de Honduras que protegiera su vida y demás derechos que le asisten como
persona y como luchador social. La petición de la CIDH, a pesar de la insistente
gestión del MADJ, ha sido incumplida por el gobierno hondureño.
g. Los
hechos que se describen en este documento, oportunamente fueron puestos en
conocimiento de la oficina estatal, específicamente de la Secretaría de Estado
en los Despachos de Seguridad, responsable de proteger los derechos de los
beneficiarios de medidas cautelares dispuestas por la CIDH, sin embargo, desde
esa oficina no se atendió la petición de intervención que oportunamente se le
instó.
h. Según
informes de organismos defensores de derechos humanos, de 2009 a la fecha, 17
personas beneficiarias de medidas cautelares dispuestas por la CIDH han perdido
la vida violentamente, entre ellas Berta Isabel Cáceres Flores el pasado 03 de
marzo de 2016. Este contexto plantea, obviamente, una altísima situación de
riesgo para la vida y demás derechos humanos de los militantes del MADJ, entre
ellos nuestro Coordinador General Martín Fernández Guzmán, lo que impone y nos
permite solicitar acciones inmediatas por parte del gobierno y Estado de
Honduras, orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las víctimas
identificadas en este documento.
i.
Recientemente, el 26 de
abril de 2016, DENUNCIA. Un agente del Comando de Operaciones Especiales
(Cobras), asignado al cuartel en Tegucigalpa, se comunicó a Zona Informativa,
una revista informativa de la Radio Progreso, para denunciar que varios de los
agentes policiales asignados al departamento de Atlántida están involucrados en
las bandas de narcotraficantes, extorsionadores y que delinquen en esta zona
del país. El agente mencionó que un comisario de apellido Gonzales asignado a
La Ceiba, encabeza una banda de extorsión, otro oficial clase 3 asignado a San
Juan Pueblo de apellido Laínez participa en bandas criminales. Y que un investigador
que está asignado al municipio de San Francisco también lidera una banda de
narcotráfico que tiene control del departamento generando inseguridad. El oficial lamentó que ninguno de los
señalados está siendo investigado por la Comisión Depuradora nombrada por el
gobierno. Esta denuncia confirma la vulnerabilidad e indefensión en la que la
militancia del MADJ y el Coordinador General realizan su labor como defensor de
derechos humanos y luchador social.
II.
Hechos
concretos
Primero:
Durante 2015, entre 6 a 8 elementos militares del asentamiento apostado en el
municipio de La Masica, han ingresado en reiteradas ocasiones, sin orden
judicial o autorización alguna, a los predios de la finca conocida como
“Torogoces”, utilizada para los procesos de capacitación, reflexión y descanso
por parte de la militancia del MADJ, de otras organizaciones y de personas
particulares. Los militares se mantienen en el terreno, realizan vigilancia e
intimidan a quienes se encuentran en el lugar. La Finca está ubicada en la
comunidad de Agua Caliente, municipio de La Másica, departamento de Atlántida y
es propiedad privada del Coordinador General del MADJ y de su familia.
Segundo: El
veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), siendo las dos pasado meridiano
en la misma finca “Torogoces”, en el marco del desarrollo del proceso formativo
del MADJ denominado “Caravana por el Buen Vivir” en la que participan personas
de distintas nacionalidades, hubo un desplazamiento masivo de militares. En dicha
acción ingresaron arbitrariamente y sin autorización, por diferentes puntos de
la finca, aproximadamente 50 miembros
del ejército, sitiando de este modo la zona. Al momento del ingreso a la
propiedad, un empleado de la finca salió al paso de los militares, manifestándoles
que “esa es propiedad privada, que pertenece al Abogado Martín Fernández Guzmán
y que no tenían nada que hacer ahí”. Los militares, lejos de retirarse y
explicar sobre las razones de su penetración al inmueble, filmaron videos
dentro de la finca y forzaron entrevistas a los presentes.
Mientras
los elementos militares se encontraban en la finca sobrevoló, a baja altura, un
helicóptero militar, generando alarma y temor entre los participantes de la “Caravana
Por el Buen Vivir.” De igual forma, momentos antes del ingreso de la totalidad
de efectivos a la finca, algunos de ellos interceptaron a dos de los
participantes de la caravana, de nacionalidad mexicana y estadounidense, a los
cuales se les filmó e inquirió con un interrogatorio extenso sobre quiénes
eran, de dónde venían, qué andaban haciendo en dicho lugar, entre muchas otras
preguntas. Los interrogados lograron registrar
el apellido de un solo elemento militar: Pérez, el resto tenían cubiertas sus
identificaciones con indumentarias y chalecos antibalas.
Los
elementos militares se mantuvieron aproximadamente dos horas dentro de la
finca, hasta que decidieron desplazarse del lugar alrededor de las cuatro de la
tarde.
Tercero: El
jueves siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016), entre la una y las tres
de la tarde, nuevamente, un grupo de militares ingresaron con vehículo, sin
autorización, a la finca “Torogoces”, intentaron registrar un vehículo de la
familia del Coordinador General del MADJ e intimidaron a los presentes. Esta vez
tampoco se logró identificar a los elementos que allanaron la finca, porque de
igual forma andaban cubiertas las placas que debe identificarles.
Cuarto:
El día jueves catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), mientras se realizaba
el programa crítico de noticias “La Tertulia de la Tarde” que se transmite por
“Radio Dignidad” en un horario de 6:30 a 7:30 pm., y del cual es presentador el
Coordinador General del MADJ, en plena transmisión del programa recibió, en su teléfono
personal, varios mensajes de texto provenientes de distintos números telefónicos,
entre los que figuraban el 9535-8384, 9694-1758, por medio de los cuales se amenaza a Fernández
Guzmán, con mensajes como el que a continuación se transcribe: “Lee los mensajes, no seas cagado, solo lees
lo que te conviene ¿verdad pendejo? La radio no los va salvar majes por hablar
tanta mierda”. Dichas amenazas surgen por abordar de forma crítica dentro
del programa temas como la secretividad de las diligencias investigativas en el
caso del asesinato de la líder indígena y luchadora social Berta Cáceres
Flores, sobre la audiencia de trabajo en el caso de las medidas cautelares
dictadas por la CIDH para el COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de
abogados que les representa, la concesión del Río Zapote, los actos de
corrupción dentro del gobierno, el caso Rafael Callejas y Alfredo Hawit por
aceptar sobornos para la venta de derechos de transmisión siendo presidente de
la FENAFUTH y CONCACAF respectivamente,
entre otros asuntos que se debaten en el desarrollo del programa.
Cabe mencionar que, en
semanas anteriores también se recibieron llamadas al aire en la Radio Dignidad,
en la que se dirigieron de forma descalificativa, intimidante y amenazante
hacía quienes dirigían el programa “La Tertulia de la Tarde”, entre ellos el
joven militante del MADJ Luis Miguel Ramos y el Coordinador General del MADJ.
Legitima
preocupación de quienes denunciamos:
El contexto en el que
se desarrollan los hechos que ahora denunciamos y los altos niveles de
persecución, criminalización y asesinato de liderazgos sociales críticos al
actual sistema político y económico, nos permite considerar la posibilidad que
las acciones de los militares y desconocidos que llaman a Radio Dignidad para
amenazar, no son aisladas y podrían ser parte de un plan que, además de las ya
consumadas violaciones a derechos humanos, también podría incluir atentados
contra la vida del Coordinador General y de los demás militantes de la
organización.
Según el modo de
proceder de militares violadores de derechos humanos, en otros casos, los
comportamientos que ahora denunciamos constituyen actos de intimidación de
personas con la consecuente humillación humana que provoca. También se trata de
actividades de reconocimiento y mapeo de lugares y edificaciones que
normalmente son seguidas de acciones criminales como atentados, voladuras de obras
de infraestructura, y también la consumación de asesinatos.
III.
Algunos
preceptos jurídicos penales aplicables
Los
comportamientos descritos en el apartado de hechos, constituyen flagrantes
violaciones de derechos humanos ejecutadas y consentidas por funcionarios del
Estado hondureño y podrían enmarcarse dentro de los siguientes tipos penales:
Artículo
349.
Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación
especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o
empleado público que:
1)…
2)
Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o
decretos contrarios a la Constitución de la república o a las leyes o se
abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos
jurídicos.
Artículo 203. El agente de la
autoridad, funcionario o empleado público que allane una casa sin cumplir los
requisitos prescritos por la ley, será sancionado con dos (2) a cinco (5) años
de reclusión e inhabilitación especial durante un tiempo igual al doble del
aplicado a la reclusión.
Artículo 207. El particular que
amenazare a otro con causar un mal a él o a su familia, en su persona, honra o
propiedad, sea que constituya delito o no, será sancionado con reclusión de
seis (6) meses a dos (2) años, y además, a las medidas de seguridad que el Juez
determine.
IV.
Petición
Al
CONADEH y a La Fiscalía del Ministerio Público Solicitamos:
a) Se
admita el presente escrito de denuncia junto con los documentos que se
acompañan;
b) Instruir
y concretar la investigación correspondiente hasta lograr la sanción de los responsables
de los hechos delictivos denunciados y permitiendo en todo momento la partición
activa e informada de las víctimas en los procesos y diligencias investigativa.
Las
diligencias investigativas deberán ser orientadas a deducir las responsabilidades
y determinar el grado de participación que pudieron tener en la realización de
los ilícitos denunciados las siguientes personas:
ü El
Comandante del Cuarto Batallón de Infantería de La Ceiba;
ü El
jefe local de La Policía de La Másica, Atlántida;
ü El
jefe de la Fuerza Aérea en la zona;
ü Los
funcionarios del gobierno central y de varias municipalidades del departamento
de Atlántida a quienes pudieran incomodar las acciones del MADJ, del
Coordinador General, y de los militantes de la organización y la misma Radio
Dignidad;
ü Las
sociedades mercantiles beneficiarias o que pretenden ser beneficiadas de
concesiones mineras y de aguas nacionales para generar energía en el
departamento de Atlántida, a los cuales el MADJ les ha plantado rigurosa y
sostenida oposición;
ü Particulares
que individualmente o como parte de un plan que involucra a funcionarios de
gobierno, policía, militares y empresarios de la minería y de la generación de
energía, pudieran estar interesados en hacer daño al MADJ, al Coordinador
General, a militantes del MADJ y a la misma Radio Dignidad; y,
ü Determinar
la responsabilidad penal en la que podrían estar incurriendo los funcionarios
de gobierno que no han cumplido con la petición de la CIDH, contenida en las
medidas cautelares registradas con el número 195/13
c) Establecer
un mecanismo inmediato para evitar que se repitan los arbitrarios
comportamientos desarrollados por los miembros del ejército hondureño en contra
del MADJ, su Coordinador General y su militancia.
d) Establecer
un mecanismo de protección para las víctimas, incluyendo a Radio Dignidad, a
Martín Fernández Guzmán y a la militancia del MADJ amenazada por el ejército
hondureño y por particulares hasta ahora no identificados.
San
Pedro Sula, Cortés. 27 de abril de 2016
Copia:
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Copia:
Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad
Víctor Fernández.
Cel. 8733-1106
Skype: vicanferguz
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