Gustavo Zelaya
La razón de ser de los políticos”
hondureños” en el poder desde hace más
de un siglo se sintetiza en corrupción e
impunidad. Es lo único que les interesa al apropiarse del gobierno. Y si en un
remotísimo caso se les señala por actos de corrupción, no intentan probar su
inocencia, exigen que se demuestre que son corruptos. Callejas Romero es de
esos. Esto es así desde el siglo XIX con las primeras contratas de explotación
de bosques y con la estafa del ferrocarril interoceánico en donde participaron “ilustres
y connotados” políticos; y esa práctica sigue hasta la actualidad con el asalto
al Seguro Social que ha provocado alrededor de 3000 muertes y el traslado de
más de siete mil quinientos millones de
lempiras a los bolsillos de los ladrones que gobiernan el país.
El saqueo de
fondos públicos no sólo se ha manifestado en el seguro social. Las
irregularidades se han visto en la alcaldía capitalina en las dos administraciones de Ricardo
Alvarez, registrando mal manejo de dinero por más de 300 millones de lempiras. Y el
asunto se ha expandido tanto que parece que no hay una sola entidad estatal que
no haya sido saqueada: institutos de previsión, estructuras de prevención de
desastres, instituto de estadística, la tasa de seguridad, Coalianza y todas
las empresas estatales como Hondutel, Enee, Sanaa y, es probable, el hasta
ahora misterioso e indetectable
presupuesto del sistema de defensa y
seguridad.
Así, corrupción e impunidad son
el distintivo vital de los políticos hondureños en el poder y parece que no hay
excepciones. El comisionado nacional de los derechos humanos, con profundo
pedigrí conservador y muy afín al partido de Juan Hernández, afirmó que la
impunidad es el pecado original de los políticos, son los que hacen posible que
todos los procedimientos jurídicos y burocráticos estén contaminados con el virus
morado de la arbitrariedad y la pudrición; sostiene también que la putrefacción
de la institución jurídica, incluyendo al ministerio público, se debe a la “ineficacia,
incapacidad, complicidad o corrupción” y
que el porcentaje de la impunidad supera al 90%. Pero todo eso suena a hueca
palabrería porque no hay autoridad judicial que se pronuncie frente a esto y
vemos como un bromista internacional al servicio de la OEA tiene el cinismo de
sostener que Juan Hernández es víctima de una “falta absoluta de credibilidad” y que no
tiene “ninguna razón para dudar” de la honestidad y franqueza de ese sujeto. Ni
siquiera puede ser comparado con Pinocho.
Todo suena como una burla frente
a la indignación popular. Mientras tanto el gobierno pregona las bondades de la
nueva ley de protección social que pone en manos de la banca privada las prestaciones
y jubilaciones de los trabajadores, para
que los financistas se lucren con los intereses extraídos del mismo dinero de
los empleados públicos y privados. Y aumenta la deuda interna que se acerca a
los 200 mil millones de lempiras, crecen en más de 2 mil millones las
recaudaciones con la tasa de seguridad sin que se conozca su manejo ya que hay
una ley de secretividad que convierte tal asunto en tema de seguridad nacional.
Es tan fundamental la corrupción,
tan valiosa para los que detentan el poder político que han logrado establecer
dominio en toda la institucionalidad hasta el grado de perfeccionar una técnica
que les permite extraer dinero de la fuerza naval por más de 14 millones de
lempiras, sin que pestañee el banco estafado ni la comisión nacional de banca y
seguros. Tan perfeccionado el crimen que no se supo el nombre del banco y el
hecho apenas fue rápidamente mencionado en la prensa nacional.
Por la forma en
que fue considerado este asunto da la impresión que es un pecadillo nada más,
un pequeño desliz aceptado con normalidad. Para cualquiera que se oriente por
el no tan común sentido común, es evidente que hay participación de oficiales
bancarios y militares de cierta jerarquía.
Y el evento se envuelve en mantos de
impunidad cuando se ve como muy estándar que alguien cambie tres cheques que
suman la cantidad estafada, se quede con el efectivo y nadie pueda nombrar el banco
en donde se realizó la transacción. En una ciudad como La Ceiba, llena de
rascacielos y centros financieros como Manhattan, con población similar al D.F. mexicano,
cruzada por una extensa línea subterránea de trenes, no hay una sola opción de
encontrar una aguja que valga 14 millones.
Y la cadena se prolonga al
divulgarse el emprendedurismo desinteresado y al servicio de causas justas
encabezado por una exprimera dama dedicada al honesto negocio de la zapatería; por
cierto, muy altruista y modesta al hacer que su vestuario personal, ropa y zapatos, se obtengan gracias al dinero donado y a los bultos de desechos
enviados al tercer mundo, como ejemplo del patriótico ahorro y adecuada
disciplina fiscal. Mientras que la actual, superando el solidario ejemplo de su
honorable antecesora, se dedica a la venta, puerta en puerta, de cosméticos,
para edificar humilde vivienda lejos de la suciedad y del mundanal ruido de
cualquier ciudad hondureña. Muy ecológica la señora. En unos veinte años más
sus bustos adornarán parques y avenidas del país. Por su ejemplo. Por su
entrega al país.
Impunidad y corrupción,
perfectos siameses nacionales, son ley positiva del Estado sin necesidad de un
legislador que la haya propuesto. Está en todo el sistema político y los que la
hacen posible han defendido su derecho, su privilegio con todos los recursos
posibles. Son los componentes de la estructura
axiológica de los políticos tradicionales y de otras figuras públicas laicas y
religiosas; tan internalizados que forman parte de sus valores familiares,
políticos, empresariales. Su eficaz funcionalidad ha contribuido a justificar
el dudoso origen de las millonarias fortunas de los grupos del poder económico
y político. Incluso, tienen la cínica frescura de instalar en lugares
privilegiados, como casi modelos sociales, a virtuosos caballeros, a personajes
que se beneficiaron del poder y que se muestran como probos ciudadanos,
expertos en ética empresarial y distinguidos conferencistas sobre
responsabilidad empresarial. Les rinden honores de Estado a sobornados jefes de
gobierno, encabezan directivas exministros que se vendieron a empresas
bananeras; expertos saqueadores de la corporación nacional de inversiones reciben
honras fúnebres de parte de toda la empresa privada y de todos los funcionarios
públicos; el actual mandatario confiesa públicamente que ha delinquido y es
saludado, alfombra roja incluida, por el secretario general de la OEA, es
encomiado por su honesta disposición de luchar contra la corrupción.
Parece que no hay salida ni
ejemplos de honestidad pública cuando hay una ley del Estado que establece un
acuerdo de cooperación con la iglesia católica por casi 1600 millones de
lempiras para fortalecer el sistema de comunicación privada de la iglesia y
desarrollar la educación superior en manos de esa institución. Por supuesto, de
tal privilegio se excluye el proyecto educativo que pretendía impulsar la Compañía
de Jesús. La Fundación para la Educación y Comunicación Social dirigida Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga, además de obtener fondos gratis del Estado laico,
también logró obstaculizar la puesta en marcha de la Universidad
Centroamericana, tal vez sea una de sus
retrogradas victorias.
Lo anterior es un pequeño
momento del significado de la corrupción y la impunidad en nuestra maltratada
Honduras; eso que el enviado de la OEA conoce muy bien y que con la astucia del
diplomático pretende ocultar. Pero hay algo que entre tanto trapecistas, entre
tantos contorsionistas del espectáculo no se puede tapar, ni siquiera con la
simulación del diálogo, es esa
permanente presencia de la movilización popular.
Esa protesta que podrá ser
manipulada, aprovechada, mediatizada por interesadas figuras, pero no podrán
detener por mucho tiempo la fuerza democrática del pueblo. A pesar de la
necesaria inmediatez de la Cicih no podrán obscurecer uno de los contenidos
fundamentales de la conciencia y la
organización popular: la construcción del pacto constituyente originario.
Ese contenido no es algo
arbitrario, puede verse en la experiencia histórica, se apoya en la lucha
popular, en los distintos movimientos sociales y políticos que han hecho suya
la necesidad de la constituyente en donde se expresen los distintos grupos
sociales y que contribuya a edificar vínculos fraternos, afectuosos y de
respeto entre todas las personas. Contiene la vieja y siempre renovada aspiración
morazanista, rechazada por la tradición política servil y dependiente, que ha maniobrado
y ha hecho efectivo su poder, que aspira a mantener su sistema y hacer fracasar
el anhelo de erigir una sistema social más respetuoso, que supere el
patriarcalismo, menos dependiente,
digno, democrático y éticamente superior al actual desorden social.
18 de agosto de 2015.
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