Gustavo Zelaya.
En nuestra Honduras ocurren
hechos escandalosos como la existencia de fortunas fabulosas en manos de casi
200 personas y un 33% de la riqueza nacional
distribuido desigualmente en el resto de la población. Casi toda esa
riqueza en pocas manos tiene origen dudoso por ser producto del contrabando,
del narcotráfico, del saqueo de fondos públicos y del monopolio de los
contratos con el Estado. Riqueza extrema en una minúscula elite y miseria en la
mayoría es una característica muy importante de la historia nacional. Parte
inseparable de esa desigualdad es la corrupción, la impunidad, los niveles de violencia y el acelerado descredito de toda la institucionalidad
a partir del golpe de Estado de 2009.
De forma muy resumida esos son
los momentos más gruesos de la realidad hondureña. Junto a esos eventos hay
otros que parecen marginales, como efectos secundarios del injusto sistema
social en donde convivimos. Frente a ellos han germinado nuevas formas masivas
de protesta popular por medio de las mesas de indignación y la movilización de
las antorchas que agrupan la diversidad ciudadana. Eso que parece periférico
golpea duramente la conciencia de algunas personas por ser penosos, humillantes
y la prueba del colapso de muchas instituciones. Ese el caso del asalto al
sistema de previsión social representado por Inprema, el Injupemh y el Seguro
Social y la conversión de la Universidad Nacional en zona de ocupación
policial. Igual de ofensivo a la conciencia ciudadana es la militarización de
los poderes ejecutivo y judicial. Son zonas geográficas en donde se visibilizan
las luchas sociales.
El territorio en donde los
conflictos deben resolverse con medios
racionales, con el debate fundamentado, ahora es el espacio de la fuerza, la
arrogancia y la imposición. Es también un probable laboratorio para probar
nuevas formas de instalación del
pensamiento único que incluye el recurso directo al tosco garrote y a
sofisticadas mezclas de gases para desocupar el campus de cualquier disidencia
política. Parece que todo el conflicto
gira alrededor de los procedimientos de promoción y matrícula que excluye a
grandes grupos estudiantiles. Eso es lo aparente. Y la modificación de la
“Tabla” aprobada en el consejo universitario se muestra como la solución
definitiva a los problemas. Quien lo crea y lo diga es porque ignora la
situación o está en campaña propagandística en contra de la protesta
estudiantil. Tal vez se conjuguen ambas opciones. También se trata de la
cancelación del período académico en la facultad de odontología en la Unah-VS,
de anular los requerimientos fiscales contra varios estudiantes y del problema
de la representación democrática estudiantil en los órganos de gobierno correspondientes.
La incursión de la policía en el
campus universitario y las prácticas de inteligencia militar que permiten
localizar opositores, elaborar sus perfiles y hacer caer sobre ellos
requerimientos fiscales, ordenes de captura a nivel nacional, de hecho son los
recursos favoritos de un sector de la autoridad universidad; digo así por
querer suponer con cierto candor que dentro de la dirección de la Unah todavía
hay personas que no respaldan las herramientas “pedagógicas” utilizadas contra
los que se oponen a supuestas reformas académicas; esas acciones policiacas son
una brutal bofetada para los que aún creen que el rasgo fundamental de los que
acudimos a la academia es la capacidad de cuestionar el dogma y las verdades
absolutas esgrimidas por quien sea. Hasta hace pocos días se presumía que la
tolerancia, la crítica y el debate eran el alma democrática de la universidad;
ahora se confirma una vieja sospecha que eso no era más que una ilusión,
banalidad pura que anula abstractas autonomías. Ni siquiera era el sueño de la
razón, más bien fue un letargo de la conciencia, el narcótico perfecto fue
creer que todas las tesis debían someterse a los juicios racionales de
participantes diversos y, entre todos, construir una forma teórica más
completa, provisional, modificable, contrastable y a la espera de otros aportes
y mejores interpretaciones.
Y no sólo se trataba de
cuestionar las teorías, también la
formalidad del poder y las representaciones de ese poder. Parece que no era más
que la ceguera generalizada aceptada por todos. Ese el caso de las Tabla de las
Unidades Valorativas casi incuestionable y por la forma en se le defiende
parece de origen absoluto. Tal y como ocurre con la irracional creencia en los artículos
pétreos de la constitución nacional, que a fin de cuentas no ha sido más que
una postura demagógica que puede variar según sean las conveniencias políticas.
Ni siquiera Descartes y sus geométricos
herederos pudieron prever que someter al proceso de la duda metódica una
categoría de origen social, ahora casi divina,
provocaría persecución y aplicación de la fuerza a los que se atrevieran
a cuestionar tal propuesta.
Ahora es muy poco lo que puede
defenderse con la argumentación y si alguien cree que esto es exageración puede
comprobarlo viendo el acceso desigual a los medios de comunicación, desde donde
se repite hasta el cansancio que no son los estudiantes el problema sino
extrañas ideologías, organizaciones defensoras de los derechos humanos y otras
fuerzas foráneas que manipulan la protesta en la universidad y a nivel
nacional; sospechosos encapuchados que ocultan agendas secretas y que enfrentan la policía con libros y cuadernos, misteriosos
transformer armados de perros que respaldan las huelgas que quieren arrancarle
ladrillos a la pared, hasta Pink Floyd metió manos en el asunto. Algo así
decían los que reprimieron duramente, aquellos que asesinaron y desaparecieron
estudiantes universitarios en los años
de la doctrina de seguridad nacional. Todo para salvar la religión y las
costumbres de occidente. En la situación actual puede creerse que esa fúnebre
doctrina nunca fue eliminada y estemos frente a una reinvención de la misma.
Además de la existencia de la
dogmática Tabla también se nota la fragilidad de otra categoría con tintes de
absoluta, pero que nunca fue tal cosa, siempre relativa y sometida a los
vientos de los gobiernos de turno. Es esa mística cuestión llamada Autonomía
Universitaria. En cualquier enciclopedia se le entiende como una forma de
soberanía política y administrativa de los centros públicos de educación
superior respecto a los poderes políticos y similares. Era la posibilidad de
escoger autoridades sin injerencias externas, decidir la distribución del
presupuesto, construir sus normativas y organizar programas de estudio. Algunos
llegamos a imaginar que ello incluía la inmunidad física del campus y que la
fuerza del garrote no podía irrumpir en la universidad.
Tal autonomía siempre fue
relativa. Desde 1957 los que estaban en el poder, fueran civiles o militares,
siempre intervinieron la universidad. Ellos decidieron qué hacer y fomentaron
la dependencia financiera al asignar porcentajes del presupuesto nacional para
que funcionara la institución. En ningún momento la autonomía fue algo
abstracto y existiendo al margen del Estado. Es una representación del
poder político y económico. Desde ese
poder se ha indicado cómo debe ser el acceso a la educación universitaria, qué
tipo de graduado se espera, cuál tiene que ser el fundamento ideológico y la
finalidad de la formación universitaria. Todavía se descubren elementos
anacrónicos en la normativa universitaria, categorías que maquillan la
realidad, en especial cuando se propone que se forman personas para transformar
la sociedad, cuestión que nunca fue cierta ya que de la universidad salen los
cuadros para conservar el sistema. Y ha sido así desde el momento en se le
otorga el status de “autonomía” a la universidad y, no es casual, que casi en
los mismos años también se le dio ese estatus a las fuerzas armadas. Las dos
instituciones por excelencia en donde se apoya la estabilidad y reproducción
cultural del sistema.
La actual autoridad tal vez
tenga más claridad en eso ya que abiertamente dicen que se trata de formar
ciudadanos con habilidades y competencias suficientes para enfrentar las
exigencias del mercado. Del mismo modo utilizan una jerga propia de las
empresas como recursos humanos, insumos, productos, benchmarking, gestión de
recursos, calidad total, venta de servicios, clientes, visión, misión; todo
ello en la moda fabril en donde todo
funciona con precisión y si algo interfiere es corregido; se pretende hacer de
la universidad una empresa similar a las maquilas en línea con el sistema neoliberal; eso que algunos
técnicos de la administración también denominan la sociedad de la comunicación
con sus Tics para todo, que convierten los salones de clases en perfectos
karaokes gracias al data show y al puntero laser. Un aspecto esencial de esa
concepción tecnócrata es la progresiva deshumanización y la creencia de una unidad alrededor de los
procesos tecnológicos, pero en los
hechos pasa algo distinto ya que las instituciones y la sociedad en su conjunto
tienden a deshumanizar las relaciones, a criminalizar las protestas, a poner de
lado los intentos de crítica y a señalar las posturas disidentes como nocivas
y, por tanto, sujetas a ser desacreditadas por sus aspectos externos. De ahí
que se diga que con encapuchados no hay trato, tampoco con los tatuados,
bochincheros y malolientes, peor con los que tengan rendimientos académicos
bajo la media.
Algunas personas creyeron que la
autonomía falleció con la entrada de la policía al campus. Eso no es tan cierto. Siempre fue muy relativa,
puede verse en el origen de la ley aprobada por un poder del Estado en donde
participaron políticos; en la forma de su gobierno que impide gobernarse a sí
misma ya que está sujeta a poderes externos; con un sistema de facultades y
programas de estudio en donde el lenguaje
de moda habla de mallas curriculares, que dependen de certificaciones y
acreditaciones externas; y más ahora cuando se acude al desprestigiado ministerio público y a las
desacreditadas fuerzas de seguridad del Estado para reprimir movimientos
opositores. Tal relativismo de la autonomía es muy evidente si examinamos la
supuesta relación fundamental en la academia que no es más que los vínculos
entre estudiantes y docentes, el universitas, que también se gobiernan a sí
mismos. Tal relación no está ni siquiera en un segundo plano, es muy inferior;
ahora está puesta en niveles superiores la autoridad, la Junta, el Consejo, las
decanaturas, los asesores que enarbolan la defensa de la autonomía y la función
exclusiva de legislar y opinar porque los demás no comprenden, no entienden y
se dejan influir políticamente por misteriosas fuerzas externas.
Eso ha provocado mayores
distanciamientos, además, innecesarios, los que administran la comunidad hacen
oídos sordos al bullicio del campus y lo tildan de acrítico y politizado. Sin
embargo, no puede desconocerse la importancia de ese bullicio, la necesidad de
que alguien esté señalando de que no todo es miel sobre hojuelas; que digan a
la autoridad que restringir el rol de la organización estudiantil, que censurar
la protesta, que el recurso del requerimiento fiscal y el levantamiento de
perfiles no es muy académico que se diga; que es importante respetar la
disidencia y considerar sus propuestas y, en especial, demerita la apariencia
de la universidad acudir al argumento de
la no extraterritorialidad del campus para justificar la ocupación policial
como forma de represión de los estudiantes. Esto último tal vez sea un grave
error para la imagen de la institución y de las personas que la administran,
además, deja ver que las asesorías ni son las mejores ni son tan afortunadas.
Seguramente que hay muchas
cuestiones que aclarar, mucho que explicar en los reales diálogos que se
establezcan; no en esos encuentros con aspecto de vencedores y con más
luminotecnia mediática que profunda sustancia; las ofensas intercambiadas
tendrán que ser superadas y con mucho valor, respeto y humildad, intentar
conversar, sin tantos intermediarios que poco favor hacen a la academia, aunque
pregonen que sólo se deben tratar asuntos académicos. Nadie tiene que olvidar
que muchos temas universitarios, entre universitarios, para universitarios,
tienen una fuerte carga política. Y así debe ser en nuestra universidad que
expresa con cierta claridad la crisis de toda la sociedad hondureña. No hay que extrañarse que
se toquen asuntos nacionales como las protestas, la corrupción, la impunidad,
la criminalidad, el quiebre institucional. Todos ellos son problemas que
competen a la academia, que nos impactan y que de muchas maneras se manifiestan
en la universidad nacional. Hay que someter a crítica todo el sistema, revisar
su funcionamiento, desde las propias concepciones aportar respuestas a los
problemas, considerar que la uniformidad en las ideas y en las actitudes es
hacer de la academia algo inerte y sin futuro.
5 de agosto de 2015.
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