Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Honduras
carece de una política migratoria, lo que profundiza los desafíos del
gobierno y vulnera los derechos de los migrantes hondureños y sus
familiares, develó recientemente una Misión Internacional de
Verificación.
Se
estima que anualmente unos 100 mil hondureños emprenden la ruta
migratoria, solo un 30 % logra llegara a suelo estadounidense el resto
se queda a vivir en México o son deportados desde la nación azteca.
La deportación de hondureños de EEUU ha disminuido en 43 % mientras que desde México se ha incrementado en un 55%.
El
documento señala que “tal como sucedió con el decreto que crea la
Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas
Desplazadas por Violencia, aprobado en 2013: sin embargo, la toma de
juramento de la Comisión se realizó solamente en marzo de 2014”.
Población migrante en abandono
Para
la misión, “los derechos fundamentales están lejos de ser garantizados y
la falta generalizada de oportunidades de empleo, educación, salud,
vivienda, recreación y alimentación, conduce a que decenas de miles de
ciudadanos hondureños se vean obligados a iniciar una ruta migratoria
que de antemano saben que está llena de riesgos para sus vidas”.
Aunque
el principal país receptor de migrantes hondureños continúa siendo
Estados Unidos, se informó que existe un aumento en las deportaciones
desde México vía terrestre en más de un 50%, lo que se entiende está en
relación directa con la implementación del mencionado Programa Frontera
Sur.
Entre
el 1 de enero y el 30 de junio de 2015 fueron deportadas a Honduras vía
terrestre y vía aérea un total de 36.486 personas de las cuales 27.536
fueron deportadas desde México.
Inseguridad y exclusión
De igual manera, señalaron que existen amplios sectores de la población ven amenazada su vida, su seguridad, su integridad física, sus libertades individuales y colectivas, como lo evidencia el asesinato de periodistas, sindicalistas, integrantes de la rama judicial y defensores y defensoras de derechos, crímenes que permanecen en la impunidad. La ciudadanía no confía en la capacidad del Estado para aplicar justicia, por la ineficacia de su acción, lo que conduce a que no se denuncien los delitos.
La
violencia generalizada es considerada uno de los factores fundamentales
del desplazamiento y la migración forzada en Honduras, atrapa en el
miedo a amplios sectores de la población, y es ejercida por muy diversos
actores, como el crimen organizado transnacional y las mafias de
diverso orden, que, tal como hemos constatado en los diversos
testimonios, extorsionan o secuestran a pequeños propietarios hasta la
pérdida de sus medios de vida, arrojan a la juventud al microtráfico de
drogas para sobrevivir o la sumen en el engranaje del tráfico de
personas con fines de explotación sexual o laboral.
Militarización de la sociedad
La
militarización de la sociedad pasa también por los imaginarios de
discriminación y estigmatización que se imponen masivamente, como es el
caso de asociar a la población migrante con la delincuencia, el delito y
la ilegalidad: la Misión Internacional de Verificación reitera al
gobierno hondureño, a otros gobiernos de la región y Estados Unidos, a
los medios de comunicación y a la sociedad en general que ningún ser
humano es ilegal.
Así
también Honduras vive un alto nivel de marginalización de los pueblos
originarios indígenas -Pech, Nahuas, Lencas, Tolupanes, Tawahkas, Chorti
y Misquitos, así como la población afrodescendiente, Garífunas, Caracol
y Negros de habla inglesa, culturalmente diferenciados: la
discriminación es histórica y su principal manifestación es la falta de
oportunidades, profundizando aún más la brecha económica, social y
política, tal como ellos mismos manifiestan en sus testimonios.
“Destacamos
que este modelo de desarrollo, recomendado como progreso y desarrollo
por el Plan de la Alianza para la Prosperidad, despoja a la población
afrohondureña e indígena de sus títulos y tierras, degrada
ambientalmente sus territorios, deteriora su seguridad y su soberanía
alimentaria, profundiza el deterioro de sus medios de vida, sus culturas
ancestrales y su identidad cultural. Igualmente, indicamos que también
contribuye a la desertización y la sequía, a la variabilidad y al cambio
climático, e inicia el camino del acaparamiento de tierras que hoy
aqueja a otros países de la región latinoamericana”.
Criminalización de la protesta social
“Destacamos
la criminalización de la protesta social, que estigmatiza a opositores
sociales y políticos asociándolos a la desestabilización del país, a la
corrupción u otras acusaciones, justificando así eventuales represalias:
las marchas masivas de antorchas contra la corrupción y la impunidad
que ha emprendido la ciudadanía recientemente, lejos de ser reconocidas
como legítimas, se ven cercadas por la fuerza pública, aun teniendo la
presencia de defensores cobijados con medidas cautelares”, apuntaron.
El
marco general de esta situación de los derechos en Honduras es la
ausencia del Estado de derecho y del equilibrio de poderes, la debilidad
de la institucionalidad y la democracia y otras características que
conducen a la privación de garantías para el ejercicio de la
ciudadanía.
¿Por qué migran los hondureños?
-La violación sistemática de los derechos fundamentales a la vida, alimentación, salud, educación, vivienda, familia y empleo.-Desplazamiento forzado a causa de la implementación de megaproyectos que desplazan a la población local y cambios climáticos que provocan sequías y hambrunas.-La violencia en todas sus manifestaciones: intrafamiliar, delincuencia común, crimen organizado nacional y trasnacional-Un incremento al desplazamiento interno como primera alternativa de búsqueda de protección que después se vuelve migración internacional no planeada.-Una constante migración de la persona singular y en un grado de aumento de todo el núcleo familiar.-Economías y políticas regionales que no favorecen el desarrollo, ni la falta de oportunidades, teniendo como consecuencia pobreza y miseria.
Misión Internacional de Verificación
La Misión Internacional de Verificación ha estado integrada por Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva de Latin American Working Group; Amalia García Medina, Diputada federal de México y Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados; Patricia Montes, Directora Ejecutiva del Centro Presente en Boston, EEUU; Padre Juan Luis Carbajal, Misionero Scalabriniano y Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Hermana Leticia Gutiérrez, Misionera Scalabriniana y Secretaria Técnica del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados de México-CODEMIRE; Pilar Trujillo Uribe, Directora Ejecutiva de Consejería en Proyectos-Project Counselling Service.
No hay comentarios :
Publicar un comentario