https://youtu.be/kGjuf6lR_R8 / teleSUR tv
David
Romero, quien es acusado de difamación tras revelar los casos de
corrupción en el seno del Instituto del Seguro Social, se encuentra en
la oficina del Comisionado Internacional de los Derechos Humanos.
Cientos de manifestantes acudieron este jueves a las instalaciones de la
Corte Suprema en Tegucigalpa e irrumpieron en la sala cuarta de
sentencia, lugar donde se llevaba a cabo el juicio contra el periodista
David Romero.
El comunicador y director de Radio Globo es acusado de difamación tras revelar los casos de corrupción en el seno del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) que involucran al presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. Los manifestantes portaban pancartas y banderas de Honduras en apoyo al comunicador, que enfrenta un juicio por el delito de difamación.
La
corresponsal de teleSUR en Honduras, Gilda Silvestruchi, informó que
luego de que los manifestantes ingresaran a la sala donde se
desarrollaba el juicio, sacaron a David Romero y lo trasladaron a la
oficina del Comisionado Internacional de los Derechos Humanos donde aún
permanece. Romero aseguró que no saldrá del lugar hasta que se le
garantice el debido proceso.
Cientos
de personas se encuentran en la oficina del Comisionado Internacional
de los Derechos Humanos para brindar apoyo al periodista, donde se lleva
a cabo una reunión con el comisionado. Silvestruchi señaló que este
miércoles a Romero le imputaban 16 delitos y este jueves los aumentaron a
41.
Abogados
y defensores de los derechos humanos catalogaron esta acción como una
flagrante violación de los derechos del periodista, mientras que los
principales sospechosos por el caso de corrupción quedaron en libertad
después de pagar una fianza, excepto el director del Seguro Social. En
contexto En septiembre de 2014, la policía de Honduras arrestó al
exministro de Trabajo, Carlos Montes, acusado por soborno y agilización
ilegal de procesos de pagos a empresas cuando fue miembro del IHSS.
En
este escándalo está implicado el jefe de campaña electoral del
presidente Juan Orlando Hernández, así como varios políticos de su
partido. De acuerdo con la Fiscalía, los montos sobrepasaban los 500
millones de dólares.
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