En Honduras el terror se infunde con ¿falsos positivos?

Escrito por Redacción | Abril 8 del 2015  Secciones: Investigaciones

Serie 1 de 4 / Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). - El recorrido por encontrar la verdad de los asesinatos de dos jóvenes relacionados con un medio de comunicación en Honduras condujo a descubrir que en sus muertes hay acciones típicas de la delincuencia común y elementos que denotan una probable fabricación de escenas del crimen. La realidad alrededor de estas muertes se torna compleja, pues al analizar las escenas de los crímenes y sus formas de operar parecen orientados a intimidar a terceros.
Sin embargo, si se descartara que los crímenes tenían como objetivo mandar un mensaje de intimidación indirecta, la evidencia recabada en la presente investigación muestra que los mismos son aparentemente planificados para que parezcan comunes. 

Allegados a las víctimas, expertos forenses, analistas sociales e incluso personas dedicadas al sicariato fueron consultados por Conexihon y coincidieron que en Honduras se están cometiendo crímenes para desviar la atención de la población sobre temas en particular o para culpar, de los hechos, a otras personas o sectores sociales y políticos. 

Sobre la base de esta macabra estrategia, la investigación criminal es dirigida hacia personas inocentes que son asediadas intimidadas, amenazadas o asesinadas por parte de los verdaderos asesinos o, en su defecto, capturadas por agentes policiales, torturadas y puestas a la orden de los tribunales de justicia a donde se les juzga por delitos que no cometieron. 

Estas dos muertes ocurrieron en el contexto de un patrón de aumento vertiginoso de asesinatos contra periodistas: 49 comunicadores y trabajadores de medios de comunicación perecieron entre 2009 y 2015; mientras de 2000 a 2009 únicamente habían ocurrido tres y en las décadas anteriores, esto ni siquiera sucedía.

Coincidencias entre los dos jóvenes ejecutados 

Erick Arriaga Casco, operador de Radio Globo.

Merelyn Abigail Espinoza Bustillo tenía 14 años, era hija de Rony Espinoza, periodista que labora en Radio Globo. Por su parte Erick Arriaga Casco, era un joven de 21 años, operador del mismo medio de comunicación. La adolescente apareció asesinada el 2 de noviembre del año anterior en un precipicio de la colonia San Francisco de Comayagüela; sólo cuatro meses después Arriaga fue ejecutado por sicarios, cerca de su casa, el 23 de febrero en la colonia 21 de Febrero, aledaña a la misma colonia.

Los dos casos no parecieran tener relación entre sí, pero los conectan coincidencias, la proximidad de los lugares de ejecución, el vínculo al periodismo de la capital hondureña y el lapso menor a cuatro meses en que ocurrieron.

Ambos fueron cometidos en horas de la noche, el de Erick, ante testigos y en el de Merelyn, aunque pudo haber sido cometido también a eso de las 9.00 de la noche, aparentemente nadie vio a los asesinos, porque en el lugar donde apareció -se supone- solo la fueron a botar. 

A ella la mataron de un golpe contundente en la cabeza, a él, de al menos 12 balazos, según el informe preliminar de los policías que llegaron a la escena del crimen. En ambos hechos, hubo un compromiso público por parte de las autoridades de  encontrar a los responsables, pero lejos de eso, las investigaciones parecen dilatarse y no hay resultados concretos. El mejor testigo es el tiempo transcurrido.

Deficiencias investigativas 

En los dos sucesos, se observan enormes deficiencias investigativas, por ejemplo, en el caso de Merelyn, encontrada sin vida desde el 2 de noviembre del año pasado, ni siquiera se tiene la causa de muerte. Tampoco un esperado vaciado telefónico que los acercaría a los responsables del crimen, dio pistas contundentes. 

Mientras, en el caso de Erick, transcurrido hace más de un mes, ni siquiera se le tomó declaraciones a su madre, su cónyuge o sus compañeros de trabajo, quienes pudieran tener información importante.

Las investigaciones parecieran estancadas; las autoridades policiales consultadas aún no tienen nombres de sospechosos de los crímenes y,  en los dos procesos, los detectives desvinculan totalmente las muertes del ejercicio periodístico.

La policía justifica los delitos con el estribillo de que “tienen que ver más con la conducta particular de cada una de las víctimas”.

Parece un crimen  planificado

El de Merelym es un crimen complejo, de la escena no se rescató toda la evidencia porque sus asesinos la tiraron en una zona de difícil acceso para los investigadores, la causa de su fallecimiento ha sido difícil de precisar porque sus asesinos la mataron con métodos que no dejaron evidencia. Además, la escena del crimen es múltiple, es decir, cometieron el delito en varios lugares, eso hace más difícil encontrar pistas y el crimen es publicitado con mentiras oficiales. 

Aunque no hay crimen perfecto, este tiene detalles que lo vuelven un rompecabezas con piezas improbables.

Analistas explicaron que la escena del crimen, o al menos donde lanzaron el cadáver era muy estudiada. Expertos coincidieron en que la escena del crimen como que fue seleccionada, pues pese a ser una zona transitada en el día, durante la noche es oscuro y solitaria, no hay cámaras de vigilancia y tampoco hubo testigos aparentes, es un botadero de basura en una corriente de aguas residuales que llegan hasta el río Guacerique, una de las principales cuencas de agua potable de la capital.

Otros expertos que analizaron los perfiles de redes sociales y fotos de la menor, no hallan nada revelador en sus cuentas, aunque sí tenía muchos contactos, pero los manejaba ocultos. La encontraron muerta el 2 de noviembre del año pasado, las primeras hipótesis policiales la retratan como una niña que a sus 14 años era rebelde, desobediente de sus padres, con ejemplos de desorganización familiar, víctima de algún grupo organizado y una niña en condición de vulnerabilidad social porque habría recibido amenazas en algunos sectores de Comayagüela.

Pero ese escenario es aprovechado por la Policía no sólo para estigmatizar a la fallecida sino que algunas autoridades policiales casi obligan a sus parientes a desistir de la investigación “para que no les pase lo mismo”.

“No me importa pagar con mi vida, pero quiero saber quién fue y por qué la mataron”, dijo el periodista Rony Espinoza, al agregar que encontró otras debilidades en las investigaciones, que en su momento las hará públicas, porque por ahora tiene un compromiso de las instituciones encargadas para esclarecer el caso.

Pese a que la muerte de la menor fue a inicios de noviembre anterior, al finalizar marzo pasado no se había determinado la forma del deceso. Desde unos meses antes, se tuvo que enviar a la República de El Salvador muestras para aclarar al menos ese extremo. El dictamen ha permanecido misteriosamente, muchos días, en poder de autoridades del Ministerio Público que dicen tenerlo, pero no lo pasan a los detectives aunque los equipos que investigan la muerte han hecho reiteradas peticiones porque eso permitirá dar un paso más en la investigación criminal.

El padre de la menor descarta que la muerte haya sido por vínculos con el ejercicio de sus funciones, pero en todo caso, serán las autoridades las que desestimarán ese extremo.

En la investigación del caso se nota alguna especie de displicencia o lentitud, desde el momento mismo del levantamiento del cadáver, que pudieran ser típicas del sistema hondureño. Sin embargo, es destacable que aunque el hallazgo del cadáver, en una poza de agua entre la San Francisco y Los Laureles, en Comayagüela, fue reportado por vecinos desde las 9:00 de la mañana y fue hasta la 1:00 de la tarde que inició el levantamiento.

A eso hay que agregar que el personal forense no bajó al lugar donde estaba el cadáver, unos 40 metros debajo de la calle pavimentada, dejando a los bomberos la labor de rescate del cadáver, lo que pudo provocar pérdida de evidencias.

La opinión de un sicario 

Merelyn Abigail Espinoza Bustillo, hija del periodista Rony Espinoza, de Radio Globo.

Este medio habló con un supuesto sicario e integrante de una red de trata de mujeres para que diera su versión sobre este caso en particular. En la plática sostenida, relató que ellos operan redes de menores de 13, 14 y 15 años para que presten servicios al crimen organizado, para comercio sexual, tráfico de drogas y extorsión. 

Indicó que los carteles de Colombia y México solicitan mujeres bonitas desde Honduras. La tarea de ellos es reclutar menores que consigan mujeres, a quienes les ofrecen buena paga y si se resisten, las amenazan con matarlas a ellas, a sus padres y si no obedecen, cumplen las amenazas.

Agregó que en estas redes están involucrados muchos elementos policiales, quienes contribuyen para desviar la atención en las investigaciones, haciendo que casos típicos como pudo haber sido el de Merelyn, parezcan comunes ante la sociedad, ocultando evidencias o sembrando otras. 

Si es posible pueden buscar inocentes como sospechosos, y al final, les aplican la misma dosis a los investigadores, se les ofrece dinero o la amenaza de acabar con la familia, por lo que finalmente terminan siendo cómplices.

Más mentiras y negligencias policiales 

Muy cerca del lugar donde apareció muerta Merelyn, fue liquidado Erick Arriaga la noche del 23 de febrero en la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela pero casi cuatro meses después.

El joven regresó de trabajar de Radio Globo, ubicada en el bulevar Morazán, a las 10.00 de la noche. Fue dejado a unos pasos de su casa por un compañero de trabajo, pero extrañamente decidió alejarse de su casa y caminar al fondo de la colonia, a una pulpería, propiedad de una amiga. Estaban conversando, se reían y Erick le mostraba un video de vecinos.

Dos hombres en motocicleta llegaron, no dijeron nada y le dispararon en reiteradas ocasiones, matándolo de inmediato.

El caso también parecería común partiendo del principio que tanto la San Francisco como la 21 de Febrero son zonas dominadas por una pandilla, y que Erick, era un fanático del Motagua, acción que lo llevaba a vincularse a la barra deportiva de Los Revolucionarios “Revos”.

A más de un mes del hecho, la policía también mantiene empantanado el caso y la orientación que se le da es también por su vínculo a la barra del equipo de fútbol.

Sin embargo, se encuentran muchos detalles que hacen pensar en la displicencia para no esclarecer el caso y que en la sociedad y familia se quede la versión que fue por un hecho común, de barras, como lo relacionó el sicario consultado por Conexihon.

La policía estableció de manera preliminar que el joven recibió más de 40 balazos, pero su cuerpo presentaba 12. Luego se dijo que en el cadáver se encontró un papel que decía que lo mataban por “Revo”, pero este medio investigó y determinó que en la pared de la pulpería donde estaba Erick desde hacía mucho tiempo estaba el cartel relacionado a los “Revos”, y que producto de la balacera se desprendió y quedó en la escena del crimen.

Después se estableció que aún transcurrido más de un mes, la policía ni siquiera había tomado testimonio a la madre, ni a la esposa de la víctima, para saber si ellas tenían alguna información.

Tampoco conocieron el testimonio de periodistas que tuvieron relación estrecha con la víctima y que conocían alguna información, es más, fuentes consultadas descartan que el hecho tenga que ver con el gremio periodístico, vinculándolo al conflictos de maras.

Al consultar a la policía sobre los avances del caso, se limitan a informar que han avanzado todavía no se tienen identificados sospechosos con nombres, pero aun así descartan cualquier vínculo con la labor periodística.

Un joven sicario consultado sobre este caso, dijo que no tiene información al respecto, pero recordó que muchas veces le tocó ejecutar a personas vinculadas a personas públicos solo para intimidarlo y que luego, procedían con la policía a modificar las escenas del crimen y cambiarle el rumbo a las investigaciones para que aparentaran ser un hecho común.

Los “falsos positivos”

Los “falsos positivos” son las muertes de personas supuestamente ligadas al crimen organizado o en “ajustes de cuentas”, reportadas por la Policía Nacional hondureña como resultados positivos de la acción contra grupos armados especialmente maras y pandillas.

Cuatro menores de edad, estudiantes de colegios públicos en Tegucigalpa fueron asesinados el 24 de marzo, en Honduras, en medio de una jornada de protestas estudiantiles.

A mediados de noviembre del 2011, el Comisionado de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) solicitó a los representantes del Poder Legislativo la aprobación inmediata de la figura penal de ejecución extrajudicial y que la misma fuera sancionada con la pena de prisión de por vida. En Honduras hay ejecuciones extrajudiciales “como actos arbitrarios de agentes del Estado investidos de autoridad”, estableció Ramón Custodio en su informe sobre la situación de los derechos humanos remitido al Congreso Nacional.

Estas son acciones ejecutadas fuera de la ley que se estarían cometiendo en Honduras como parte de una campaña para infundir el miedo en la población. Esta campaña se estaría llevando a la práctica mediante diferentes operaciones, entre éstas, el arresto o ejecución de personas inocentes, particularmente de jóvenes, por parte de grupos con vínculos al poder político e incluso por elementos de las fuerzas del orden público, pasando dichos inocentes por criminales o por disociadores, incluso que sus muertes se deben a pleitos entre maras o barras de los equipos de futbol a las cuales supuestamente estaban vinculados.

Las autoridades hondureñas están dispuestas a pagar sumas de hasta 20.000 lempiras en recompensa a quienes den información que lleve a la captura de presuntos mareros, la llamada Ley de Recompensas fue aprobada en abril de 2014.

En el Derecho Internacional Humanitario a estos hechos se les conoce como ejecuciones extrajudiciales. “También son consideradas como tales las ejecuciones u homicidios extralegales, dado que esta privación de la vida se produce al margen del proceso judicial o legal y a la vez es ilegal con arreglo a las leyes nacionales e internacionales. La privación de la vida como resultado de homicidios perpetrados por orden de un gobierno o con su complicidad o tolerancia o aquiescencia, sin un proceso judicial legal”.

Para ejemplificar sobre los falsos positivos y en relación a los cuatro jóvenes estudiantes asesinados en Honduras en el mes de marzo, José Guadalupe Ruelas García director de Casa Alianza  expresó que estas muertes son “parte de un escenario mucho más amplio, donde, mensualmente, se ejecutan a 83 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años”. 

“Si bien el gobierno intenta relacionar estos asesinatos con el crimen organizado que opera en el país, nosotros creemos que existe una relación directa tanto con la protesta estudiantil como con la coyuntura de violencia que están sufriendo los jóvenes”. 

José Guadalupe Ruelas García,  director de la organización defensora de la niñez, Casa Alianza.

Por otra parte, para Guadalupe Ruelas hay dos elementos que rescatar en estos crímenes. “El primero es que todos estos jóvenes estaban involucrados en la protesta estudiantil, y el otro tiene que ver con la actitud ambigua del gobierno que, por un lado trata de denigrar a los estudiantes asesinados y por el otro afirma, insistentemente y sospechosamente, que él no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido”.

“Además, en lugar de comprometerse con la investigación y la búsqueda de los culpables, se ha volcado con fuerza en atacar y criminalizar a otros sectores, tanto políticos como sociales. Todo esto genera un manto de dudas y sospechas”. Expresó el defensor de derechos humanos.

En los últimos días, diferentes sectores han denunciado la existencia de escuadrones de ejecución de menores. El gobierno, por su parte, ha dicho que “desde días anteriores, algunos dirigentes de partidos de oposición, en coordinación con ONG afines a ellos, comenzaron a montar una trama perversa y tendenciosa en donde se distorsiona la realidad de la muerte de menores…”.

De acuerdo con el último informe de Casa Alianza, durante los últimos 17 años, particularmente entre febrero de 1998 a febrero de 2015 se han registrado en el país 10,190 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.

En el transcurso de los primeros trece meses de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 1,076 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.

Entre enero de 2011 y noviembre de 2012, 149 civiles murieron a manos de policías, incluidas 18 personas de menos de 19 años, según surge de un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la universidad de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o permitieron la imposición de condenas.

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