Escrito por Redacción | Marzo 27 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Un grupo de 10 periodistas de la ciudad de Catacamas, Olancho,
recibieron agresiones físicas, intimidación armada y destrucción de sus
equipos periodísticos durante la cobertura de una jornada nacional de
movilizaciones, convocada por varios sectores estudiantiles para
rechazar las políticas gubernamentales que extienden la jornada
educativa.
Los
uniformados José Santos Ramos Mejía y José David Zúniga Amador
accionaron las palancas del cerrojo de sus fusiles en medio de los 10
periodistas y de los manifestantes. El
hecho más grave se registró contra el periodista Raúl Amador, de Canal
30, porque fue intimidado por el policía Ramos Mejía que le quiso
apuntar con su arma de reglamento y lo amenazó con disparar si no dejaba
de grabar la protesta de más de 1,500 estudiantes del Instituto Técnico
18 de Noviembre, el principal colegio de educación secundaria en la
ciudad.
Antes
de eso, Ramos Mejía agredió al periodista Amador, de Canal 30, al
arrebatarle su cámara estrellándola contra el suelo, mientras intentaba
grabar imágenes de la toma. Durante
la cobertura de las movilizaciones iniciadas a las 8:00 de la mañana,
la patrulla número 20-15, de Policía Nacional Preventiva al mando del
Inspector Zúniga Amador, irrumpió abruptamente embistiendo con su
vehículo a los alumnos del Instituto Técnico 18 de Noviembre.
“Unos
1,500 muchachos entre 13 y 15 años, luego de congregarse en una cancha
deportiva en el interior del Instituto, salieron a las calles. Estaban
manifestándose pacíficamente y esperaban movilizarse hacia el centro de
la ciudad, cuando los efectivos empezaron a amedrentar a la población
estudiantil”, indicaron los periodistas que cubrían la manifestación. En
medio de la protesta se produjo el ataque a la prensa.
Ante
la arremetida policial, el periodista Gustavo Gallardo, de “Informativo
La Verdad”, que se transmite por el local Canal 11 y José Luis
Maradiaga Paz, corresponsal de canal 33 y Radio Globo pidieron al
policía Ramos Mejía que se calmara, sin embargo, este lanzó un manotazo
destruyendo una segunda cámara.
Policías sin preparación
Enseguida
Ramos Mejía intentó apuntarle con su pistola al periodista de Canal 11
pero, “afortunadamente en medio del tumulto la pistola se cayó y fue
recogida por un estudiante que se la entregó en sus manos”, indicó
Gallardo en declaraciones al Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Al
ver la agresión los estudiantes se enardecieron y se abalanzaron contra
la patrulla, en la que se trasladaban cuatro elementos policiales,
quienes se vieron forzados a irse de la escena, en medio de una lluvia
de piedras.
A
eso de las 10:00 de la mañana, los comunicadores de radio y televisión
afectados, acompañados por el presidente de la Red de Alertas y
Protección a Periodistas (RAPCOS) en Olancho, Rolando Iscoa,
interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, donde
responsabilizaron “al gobierno, al ministro y a la Policía Nacional, por
cualquier cosa que le pase a alguno de los afectados”.
En
reacción al ataque, los pobladores de Catacamas se pronunciaron “en
diferentes espacios informativos donde se han abierto los teléfonos y
han repudiado esta acción de la Policía, pues se trata del primer
incidente de este tipo en la ciudad”, agregó Iscoa.
El
presidente de RAPCOS también detalló que tras interponer la denuncia,
el coordinador de fiscales del Ministerio Público en Catacamas, aseguró
que realizarían las investigaciones pertinentes.
Al
respecto, el portavoz de la Policía Nacional, subcomisionado Leonel
Sauceda, indicó que están en un proceso de investigación para precisar
si los policías denunciados fueron los que participaron en este hecho y
se les someterá a una audiencia de descargo. De encontrar que
violentaron la ley, se les aplicarán las sanciones correspondientes,
indicó.
Los
jefes departamentales tienen instrucciones de respetar, servir, ayudar y
ver como un amigo al periodista, sostuvo el oficial.
Los
Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y
de Armas de Fuego por los Funcionarios indica que los encargados de
hacer cumplir la ley “no emplearán armas de fuego contra las personas
salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro
inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la
comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria
amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que
represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para
impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas
menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se
podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente
inevitable para proteger una vida./
Fuente:Comitépor la Libre Expresión (C-Libre), Fotografías: www.facebook.com/critico.catacamas
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/polic%C3%ADas-amenazan-con-sus-armas-diez-periodistas-en-olancho
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Alertas sobre violaciones a la libertad de expresión en Honduras
Alerta 44-15
Honduras, 27 de marzo de 2015
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El ministro de Educación, Marlon Escoto, culpó, este viernes 27 de marzo, a Canal 36 de organizar las protestas estudiantiles y, por ende, las consecuentes actuaciones de la policía.
De acuerdo con el ministro, “quien organizó a la muchacha y al grupo para que dijeran lo que dicen, Canal 36, ahí está el cubo, y no lo pasan todos los días”, del canal.
Escoto, al mencionar al cubo del canal, se refiere a una entrevista que Canal 36 hizo al a niña Soad Nicolle Ham, estudiante centralista, de 13 años, que participó en las protestas y amaneció muerta dos días después.
Soad, en la entrevista, exige al gobierno pupitres y mejores condiciones, en vez de mandar policías para que los agredan.
En ese sentido, Esdras Amado López, propietario de Canal 36, Cholusat Sur, no culpa al ministro de Educación, sino al presiente Juan Orlando Hernández, porque de forma irresponsable primero inició instruyendo a la empresa privada a no darle publicidad, luego lo amenaza y ahora lo acusa de gestar las revueltas estudiantiles.
“El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusa al canal 36, el gobierno ordenó al ministro que señalara como responsable de las manifestaciones a este medio, hoy viernes 27 de enero, ante periodistas, Marlon Escoto acusa a Canal 36 de ser responsable de las movilizaciones y de haber expuesto a Soad Nicolle Ham, es un acto terrorista del presidente de la República”, dijo López.
Calificó de terrorista la posición del presidente, que está creando odio para luego que “nos maten” y justificar los hechos.
“Con esa inteligencia del gobierno que me digan quienes mataron a la niña”, dijo el periodista, quien además leyó un comunicado oficial de su medio.
“Una vez más el gobierno de Juan Orlando Hernández arremete contra Canal 36, por su política editorial a favor del pueblo hondureño, el presidente no asume su responsabilidad por la masacre de estudiantes que protestan en las calles por una pésima política de Estado en materia educativa”.
La muerte de la estudiante ha desatado una crisis que por sí sola genera protestas en este gobierno corrupto, expresa en su comunicado.
“La muerte de esta estudiante que pedía una mejor educación para ella ahora tiene una versión oficial, Canal 36 es el responsable, el gobierno nos acusa de los crímenes que ellos cometen, el culpable es Juan Orlando, sus manos siguen manchándose de sangre, nosotros solo informamos”, concluyó el periodista.
Se recrudece la represión
C-Libre condena este hecho porque ocurre en un contexto de recurrentes violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el último mes, condenamos también la presión por parte de agentes del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación, las cuales procuran naturalizar el miedo a informar, invisibilizar las violaciones a los derechos humanos y fortalecer la autocensura.
Igualmente consideramos como un hecho grave la agresión policial en contra de 10 periodistas en Catacamas, Olancho, que pretende penalizar las opiniones y además inculpar a los editores y propietarios de lo que expresan otras personas.
Los periodistas y personas que documentan potenciales violaciones de derechos humanos cumplen un papel imprescindible para fortalecer el escrutinio y control social de la actuación de los funcionarios y su apego, o no, a las obligaciones constitucionales de respeto y protección. El atropello y la tolerancia ante estos hechos convierten al conjunto de la institucionalidad pública en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que ocurren, y de las que aplican a quienes pretenden documentarlas.
Aunado al clima de hostigamiento y violencia contra los periodistas que implicó un aumento de las dificultades para informar sobre los hechos, continúan las declaraciones de altos funcionarios contra los medios, periodistas y su trabajo. Ello contribuye al clima hostil para el ejercicio de la libertad de expresión y alienta la violencia de militares y policías contra los reporteros.
De acuerdo con el análisis del Sistema de Monitoreo, Investigación y Seguimiento de Agresiones contra la Libertad de Expresión de C-Libre se mantienen los mecanismos de censura, contra medios de comunicación críticos al gobierno, así como plataformas de comunicación digitales y defensores de medios de comunicación.
En este sentido, los estándares internacionales de libertad de expresión han sostenido que las figuras públicas están obligadas a someterse a una crítica más intensa que los ciudadanos privados. De igual manera, se promueve la réplica como un mecanismo que favorece la libre circulación de las ideas y que permite que las personas puedan seguir el debate y formarse una opinión propia de los temas.
Por los hechos anteriormente señalados, exhortamos al Estado hondureño a que respete el derecho a la libertad de expresión y, en este sentido, se abstenga de causar agresiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, censura, ataques o restricciones indebidas alguna contra periodistas, reporteros, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ciudadanos.
Así también exigimos que se investigue y sancione de forma expedita y adecuada las violaciones a la libertad de expresión ocurridas. Y que se promueva el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información plenamente, asegurando que no se tomen represalias ni sanciones contra las personas y los medios de comunicación en razón de sus expresiones críticas.Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.
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Gobierno culpa a Canal 36 de protestas estudiantiles
Alertas sobre violaciones a la libertad de expresión en Honduras
Honduras, 27 de marzo de 2015
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El ministro de Educación, Marlon Escoto, culpó, este viernes 27 de marzo, a Canal 36 de organizar las protestas estudiantiles y, por ende, las consecuentes actuaciones de la policía.
De acuerdo con el ministro, “quien organizó a la muchacha y al grupo para que dijeran lo que dicen, Canal 36, ahí está el cubo, y no lo pasan todos los días”, del canal.
Escoto, al mencionar al cubo del canal, se refiere a una entrevista que Canal 36 hizo al a niña Soad Nicolle Ham, estudiante centralista, de 13 años, que participó en las protestas y amaneció muerta dos días después.
Soad, en la entrevista, exige al gobierno pupitres y mejores condiciones, en vez de mandar policías para que los agredan.
En ese sentido, Esdras Amado López, propietario de Canal 36, Cholusat Sur, no culpa al ministro de Educación, sino al presiente Juan Orlando Hernández, porque de forma irresponsable primero inició instruyendo a la empresa privada a no darle publicidad, luego lo amenaza y ahora lo acusa de gestar las revueltas estudiantiles.
“El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusa al canal 36, el gobierno ordenó al ministro que señalara como responsable de las manifestaciones a este medio, hoy viernes 27 de enero, ante periodistas, Marlon Escoto acusa a Canal 36 de ser responsable de las movilizaciones y de haber expuesto a Soad Nicolle Ham, es un acto terrorista del presidente de la República”, dijo López.
Calificó de terrorista la posición del presidente, que está creando odio para luego que “nos maten” y justificar los hechos.
“Con esa inteligencia del gobierno que me digan quienes mataron a la niña”, dijo el periodista, quien además leyó un comunicado oficial de su medio.
“Una vez más el gobierno de Juan Orlando Hernández arremete contra Canal 36, por su política editorial a favor del pueblo hondureño, el presidente no asume su responsabilidad por la masacre de estudiantes que protestan en las calles por una pésima política de Estado en materia educativa”.
La muerte de la estudiante ha desatado una crisis que por sí sola genera protestas en este gobierno corrupto, expresa en su comunicado.
“La muerte de esta estudiante que pedía una mejor educación para ella ahora tiene una versión oficial, Canal 36 es el responsable, el gobierno nos acusa de los crímenes que ellos cometen, el culpable es Juan Orlando, sus manos siguen manchándose de sangre, nosotros solo informamos”, concluyó el periodista.
Se recrudece la represión
C-Libre condena este hecho porque ocurre en un contexto de recurrentes violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el último mes, condenamos también la presión por parte de agentes del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación, las cuales procuran naturalizar el miedo a informar, invisibilizar las violaciones a los derechos humanos y fortalecer la autocensura.
Igualmente consideramos como un hecho grave la agresión policial en contra de 10 periodistas en Catacamas, Olancho, que pretende penalizar las opiniones y además inculpar a los editores y propietarios de lo que expresan otras personas.
Los periodistas y personas que documentan potenciales violaciones de derechos humanos cumplen un papel imprescindible para fortalecer el escrutinio y control social de la actuación de los funcionarios y su apego, o no, a las obligaciones constitucionales de respeto y protección. El atropello y la tolerancia ante estos hechos convierten al conjunto de la institucionalidad pública en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que ocurren, y de las que aplican a quienes pretenden documentarlas.
Aunado al clima de hostigamiento y violencia contra los periodistas que implicó un aumento de las dificultades para informar sobre los hechos, continúan las declaraciones de altos funcionarios contra los medios, periodistas y su trabajo. Ello contribuye al clima hostil para el ejercicio de la libertad de expresión y alienta la violencia de militares y policías contra los reporteros.
De acuerdo con el análisis del Sistema de Monitoreo, Investigación y Seguimiento de Agresiones contra la Libertad de Expresión de C-Libre se mantienen los mecanismos de censura, contra medios de comunicación críticos al gobierno, así como plataformas de comunicación digitales y defensores de medios de comunicación.
En este sentido, los estándares internacionales de libertad de expresión han sostenido que las figuras públicas están obligadas a someterse a una crítica más intensa que los ciudadanos privados. De igual manera, se promueve la réplica como un mecanismo que favorece la libre circulación de las ideas y que permite que las personas puedan seguir el debate y formarse una opinión propia de los temas.
Por los hechos anteriormente señalados, exhortamos al Estado hondureño a que respete el derecho a la libertad de expresión y, en este sentido, se abstenga de causar agresiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, censura, ataques o restricciones indebidas alguna contra periodistas, reporteros, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ciudadanos.
Así también exigimos que se investigue y sancione de forma expedita y adecuada las violaciones a la libertad de expresión ocurridas. Y que se promueva el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información plenamente, asegurando que no se tomen represalias ni sanciones contra las personas y los medios de comunicación en razón de sus expresiones críticas.Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.
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