TELESUR TV - 18
noviembre 2014
La Procuraduría General de la República considera a
Abarca el autor intelectual de las seis muertes y las 43 desapariciones que
tuvieron lugar en Iguala, el 26 de septiembre, pero el proceso que se inicia
ahora es por crímenes anteriores.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que asesorarán en la investigación por los 43 estudiantes
desaparecidos en Iguala, Guerrero, tras una agresión policial, emitirán sus
recomendaciones en un plazo de tres meses.
“En los tres meses primeros ya tendrán que estar
emitiendo sus recomendaciones”, señaló el pasado lunes, Emilio Rabasa,
embajador mexicano ante la Organización de los Estados Americanos.
“Estas serán tomadas por el Estado para fortalecer sus
capacidades institucionales para enfrentar el delito de desaparición forzada”,
añadió.
El equipo de expertos tendrá un mandato de seis meses,
que puede ser renovable en acuerdo entre la CIDH, un ente autónomo de la OEA,
el Estado mexicano y las organizaciones civiles que representan a los
familiares de los jóvenes desaparecidos, señaló Rabasa. El acuerdo de
asistencia se oficializa este martes.
No deje de ver los rostros de los 43 normalistas
En tanto, un juzgado federal inició un proceso penal
contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. El Consejo Federal de la
Judicatura informó que se acusa a Abarca de delitos de delincuencia organizada,
el secuestro de siete personas y el homicidio de otra más.
La Procuraduría General de la República considera a
Abarca el autor intelectual de las seis muertes y las 43 desapariciones que
tuvieron lugar en Iguala, el 26 de septiembre, pero el proceso que se inicia
ahora es por crímenes anteriores.
Las autoridades federales de México aún no han
identificado a los responsables que trasladaron y desaparecieron a los 43
normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur).
La
CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo
deber es encargarse de defender y promover los derechos humanos, sin embargo,
en los últimos años, su rol ha sido cuestionado
por los Gobiernos progresistas en vista de su doble moral y su defensa
de los intereses estadounidenses. Sin embargo, se vislumbra como la única
opción de justicia para el caso Ayotzinapa, según los mismos familiares han
expresado.
Ayotzinapa: casi dos meses después la PGR inicia peritajes en
autobuses
Ezequiel Flores Contreras
17 de noviembre de 2014
Uno
de los autobuses donde viajaban los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Germán
Canseco
IGUALA, Gro. (apro).- La Procuraduría General de la
República (PGR) comenzó a realizar peritajes en los autobuses donde viajaban
los normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron masacrados y desaparecidos por
policías municipales de Iguala y Cocula en contubernio con sicarios al servicio
del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Los peritos de la PGR realizan este trabajo a casi dos
meses de que se cumpla el asesinato de seis personas, entre ellos tres
normalistas, y la desaparición de 43 estudiantes durante los ataques realizados
por uniformados y pistoleros durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de
septiembre, informaron fuentes oficiales.
Durante un recorrido que Apro realizó este lunes en
Iguala, se pudo constatar que tres de los cuatro autobuses donde viajaban los
normalistas el día de los hechos trágicos, así como 32 patrullas de la policía
municipal de Iguala, permanecen en un corralón con razón social Meta, localizado
sobre la lateral de Periférico Sur, a la altura de la colonia Candelaria y a un
costado del canal del río San Juan, que atraviesa esta ciudad y pasa por
Cocula.
Los autobuses presentan impactos de bala en el parabrisas
y tienen las ventanas destrozadas, mientras que las camionetas de la
corporación policiaca se encuentran estacionadas en batería y acordonadas con
cinta amarilla.
Todos los vehículos están cubiertos con un polvo blanco
denominado resaltador magnético para detectar huellas dactilares en la
superficie de la carrocería y ventanas.
Desde hace tres días el lugar es resguardado por personal
de la Secretaría de Marina, mientras que los peritos de la PGR realizan
estudios de balística, criminalística, química, dactiloscopia y mecánica forense
al interior del corralón.
Lo anterior pese a que estos peritajes ya fueron
realizados por la Fiscalía General Estatal (FGE) luego de la masacre de
normalistas.
Las fuentes consultadas por Apro refieren que los
vehículos fueron trasladados a este corralón desde hace tres días, remolcados
por grúas.
Los autobuses en los que se desplazaban los normalistas
permanecían resguardados en las instalaciones de la sede de la Fiscalía General
Estatal (FGE), en la Zona Norte, ubicada sobre en las inmediaciones del centro
de esta ciudad.
En tanto que las patrullas de la policía municipal
estaban estacionadas en el cuartel de la Policía Estatal, ubicado a un costado
de la cárcel de Tuxpan, indicaron las mismas fuentes.
Al respecto, peritos especializados en criminalística señalaron
que los trabajos que realizan autoridades de la PGR son “a destiempo”, debido a
que las pruebas no son perennes y se trata de un trámite burocrático para
integrar el expediente.
“Una de las leyes máximas de la criminalística indica que
el tiempo que pasa es la verdad que huye”, señaló un experto que pidió el
anonimato.
Fuentes: proceso
Mantienen barricada en entrada de Rectoría de UNAM
Por Emir Olivares Alonso l
17 nov 2014 La
Jornada
Jóvenes
que marcharon por lo ocurrido el sábado pasado contra un estudiante bloquean
desde ayer el acceso a la Torre de Rectoría de la UNAM. Foto: Jesús Villaseca
México, DF. Jóvenes que cubren sus rostros se mantienen
frente a la puerta de la Rectoría de la UNAM sin al momento dar razones para
ello.
Se trata de 15 personas que se instalaron en este lugar
desde ayer, luego de la “marcha por la defensa de la autonomía”, convocada a
través de redes sociales y a las que se sumaron unos 2 mil estudiantes de la
UNAM y otras casas de estudio para repudiar la incursión de la policía del
Distrito Federal a Ciudad Universitaria.
Los jóvenes con los rostros cubiertos han colocado
diversos objetos a modo de barricadas, como tablas, sillas, botes de basura,
señalizaciones de tránsito, entre otras. Además de que durante la madrugada
encendieron una fogata.
El sábado varios elementos de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal ingresaron al campus universitario para tomar
fotografías de un grupo de jóvenes que se encontraba cerca de la Facultad de
Filosofía y Letras.
Al percatarse de ello, los universitarios reclamaron a
los elementos judiciales e intentaron perseguirlos, al verse casi casi
alcanzado uno de ellos accionó su arma de fuego e hirió a un joven en la
pierna. En principio las autoridades capitalinas dijeron que se trataba de un
investigación que los agentes realizaban debido a una denuncia por el robo de
un teléfono celular.
Los sujetos abandonaron un automóvil en el campus, donde
los jóvenes hallaron una credencial del agresor que lo acreditaba como elemento
de la Policía Judicial del Distrito Federal.
Esto causó que el mismo sábado, horas más tarde jóvenes y
granaderos se enfrentaran por varios minutos en las inmediaciones de Ciudad
Universitaria.
Esta tarde estudiantes de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM citaron a una conferencia de prensa
para dar una posición sobre estos hechos.
Facultades okupadas y cada vez más protestas anti gubernamentales
por Santiago Igartúa
17 de noviembre de 2014
Estudiantes
de la Facultad de Filosofía en conferencia de prensa.
Foto:
Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Barricadas hechas con botes de
basura metálicos y llantas de camión quemadas, pintas en muros y señales,
ladrillos pulverizados en las calles, vidrios de botellas y del automóvil del
agente judicial que disparó en contra de su comunidad y un enorme operativo policiaco
en sus alrededores, son algunos de los vestigios del ataque del sábado que
hasta este lunes aún se encuentran en Ciudad Universitaria.
La entrada principal de la Torre de Rectoría está
bloqueada por tablones con consignas anarquistas, custodiada por una docena de
jóvenes, algunos con el rostro cubierto.
“Rectoría y Estado, terrorismo generalizado”; “Comunismo
o muerte”; “El Kaos comenzó. No hay vuelta atrás”; “Fuera Narro y Policía de la
UNAM”, se lee.
No se sabe cuánto tiempo pretenden mantener el bloqueo.
Inaccesibles los ocupantes a la prensa, se limitaban a informar que a las dos
de la tarde se realizaría una conferencia de prensa en la Facultad de Filosofía
y Letras (FFyL), donde la vulneración policial a la autonomía de la UNAM, en
complicidad con autoridades universitarias, terminó con un balazo en la pierna
de un joven y cerca de 500 granaderos apostados en los accesos de la
Universidad Nacional.
En la entrada de la escuela, una “comisión de seguridad”,
identificados sus integrantes con paliacates verdes en los brazos, garantizaban
la seguridad de los reporteros en la puerta de la facultad. No así a las
afueras del auditorio Che Guevara y a la entrada de la Rectoría.
“Nosotros vamos a hablar como miembros de la asamblea de
la FFyL. Ellos (los jóvenes que se mantienen en el auditorio y la Rectoría),
son de otros grupos”, aclararon decenas de estudiantes de Filosofía y Letras
con credencial en mano antes de dar inicio a la conferencia, que improvisaron
desde un par de escritorios al pie de la facultad, como una muestra de “fuerza”
y en repudio a los acontecimientos “alarmantes” del sábado.
“Debido a lo abrupto de los acontecimientos tan graves
que acontecieron el fin de semana, y que lamentablemente se insertan en una
serie de violaciones a la autonomía y de hostigamiento contra el movimiento
estudiantil que se ha vivido durante las últimas semanas, decidimos lanzar esta
conferencia, pero no hemos tenido oportunidad de hacer asamblea, por lo que no
podremos responder a sus preguntas”, comenzó el estudiante Emiliano Castro.
Pasó la palabra a su compañero Alan Aguilera, quien
denunció hechos de hostigamiento previos en la facultad, hace un par de
semanas, durante una asamblea celebrada el jueves 30 de octubre en el jardín
Rosario Castellanos.
Ese día, los jóvenes descubrieron una serie de
“filmaciones ilegales de la autoridad contra las asambleas estudiantiles de la
FFyL de la UNAM, en el contexto del caso Ayotzinapa”.
A las 18:30 horas de ese jueves, relató Aguilera, se
percataron que desde el primer piso de la Torre I de Humanidades una cámara de
mano sobre un tripié apuntaba hacia su asamblea.
Notificaron lo sucedido a la directora de la Facultad, la
doctora Gloria Villegas, y consiguieron la cámara, inventariada por la UNAM.
Más tarde se enterarían que el secretario administrativo de la Facultad, Dr.
René Aguilar, habría dado la orden de poner la cámara. Al descargar su
contenido encontraron 34 videos de conferencias de prensa, asambleas y
encuentros entre estudiantes y autoridades, desde septiembre de 2013; 12
archivos sobre asambleas por Ayotzinapa y videos para vigilar el techo del
auditorio Che Guevara.
Al pedir una explicación a la dirección, cuentan los
estudiantes, el secretario administrativo argumentó que grababan para guardar
la integridad física de los estudiantes, “por si alguien se desmayaba”.
Ante los ataques a su comunidad, los jóvenes exigieron a
las autoridades “realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial
sobre los actos de vigilancia ilegal a los miembros de la asamblea,
respondiendo quién y por qué ordenó que sean grabadas las asambleas
estudiantiles y sus reuniones sin que la comunidad estudiantil tenga
conocimiento de ello; cuál es el objetivo y qué destino tienen las
grabaciones”, y sancionar a los responsables.
Exigieron también la renuncia de la directora de la
Facultad, Gloria Villegas; del secretario administrativo, René Aguilar; del
secretario general, Javier Torres y de otros dos empleados administrativos.
Federico Sánchez Arteaga, trabajador administrativo de la
FFyL y miembro del STUNAM, tomó la palabra:
“Rechazamos la violencia, provenga de donde provenga. No
vamos a caer en los actos de provocación que sigue montando este gobierno, del
nivel que sea. No nos vamos a intimidar. Hasta que aparezcan nuestros 43
compañeros de Ayotzinapa. El movimiento sigue.
“Exigimos la defensa de la
autonomía universitaria. A todos los sectores que integramos esta universidad,
y la sociedad misma, le corresponde defender la autonomía universitaria que
tanto costó lograr”, concluyó el trabajador.
Uruguay exige justicia en caso Ayotzinapa
TELESUR TV - 18
noviembre 2014
Desde Uruguay, los manifestantes “reinvindicaron la
garantía” real de que las pruebas genéticas se realice en otro país que no sea
México.
Cientos de uruguayos protagonizaron el pasado lunes una
manifestación en Montevideo (capital de Uruguay), para demandar justicia en el
caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace siete semanas en la ciudad
mexicana de Iguala (estado de Guerrero, oeste).
La marcha fue convocada por la Federación de Estudiantes
Universitarios de Uruguay (FEUU) y bajo la consigna "Vivos los llevaron,
vivos los queremos", los manifestantes marcharon hasta la embajada de
México con el fin de expresar su apoyo a las familias de los desaparecidos.
Los manifestantes portaban las fotos de los 43
normalistas y carteles en los que se leían "Fue el Estado", "Si
los olvidamos ellos ganan" o "Nos duele México".
"Queremos que se haga justicia y (los estudiantes)
aparezcan con vida", indicó Matilde Cedero, representante de la
organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos.
Desde Uruguay, los manifestantes “reinvindicaron la
garantía” real de que las pruebas genéticas se realice en otro país que no sea
México.
Se adhirieron a este contingente, grupos como el PIT-
CNT, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la Comisión Nacional de
Organizaciones Sociales de Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de
Viviendas por Ayuda Mutuas (FUCVAM).
Incluso, se conformó el grupo de Uruguay por Ayotzinapa,
que se pronunció para que el Gobierno de México presente pruebas fehacientes
sobre lo que ocurrió con los jóvenes.
En
contexto
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas se
produjo el pasado 26 de septiembre tras una agresión policial en Iguala,
Guerrero. Desde entonces, México y otros países del mundo se han convertido en
escenario de multitudinarias manifestaciones para exigir su aparición.
Un grupo de manifestantes ha
atacado este lunes la sede regional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, en la ciudad Oaxaca (suroeste de
México) donde han llegado en el marco de su marcha nacional por los
desaparecidos.
Paro por normalistas bloqueará aeropuerto mexicano
TELESUR TV - 18
noviembre 2014
La Asamblea Interuniversitaria acordó en su plan de
acción por los 43 normalistas desaparecidos, tomar la terminal aérea
internacional del DF.
El paro nacional anunciado para el jueves 20 de noviembre
para exigir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, incluirá el
bloqueo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como una serie de
manifestaciones en diversas plazas del país.
Las brigadas informativas compuestas por familiares de
los desaparecidos y estudiantes de las normales rurales se congregarán ese día
en una gran marcha convocada por organizaciones sociales y diversas
universidades.
La movilización culminará en la Plaza de la Constitución
alrededor de las 19:00 horas locales.
La Asamblea Interuniversitaria acordó tomar la terminal
aérea de esta ciudad, “Este 20 de Noviembre #TodosVestidosDeNegro. Desde Baja
California hasta Quintana Roo, a la calle, al trabajo, a la escuela, en el
metro, en bici, en automóvil #TodosUnidosPorAyorzinapa”, se lee en la
convocatoria.
Está previsto un paro cívico
nacional el 1 de diciembre y la toma de la Ciudad de México para conmemorar el
centenario de la entrada de los ejércitos de Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Ayotzinapa: El lado oscuro
Por Orlando Oramas León*
México (PL) México lindo y querido, reza con toda razón
la famosa ranchera, pero Ayotzinapa resulta un punto de la geografía de la
nación azteca que se ha convertido en el reverso de la moneda, el lado oscuro y
sangriento que hoy estremece al país.
Los sucesos de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes
de la escuela rural Normal de Ayotzinapa, municipio de Iguala, en el estado de
Guerrero, han removido el terreno político al presidente Enrique Peña Nieto e
impuesto en su agenda temas de ineludible enfrentamiento.
Durante la noche del 26 al 27 de septiembre pasado la
policía de Iguala reprimió con saña a grupos de normalistas de Ayotzinapa,
incluido el ametrallamiento de autobuses en los que viajaban cuando intentaban
protestar contra un acto en el Ayuntamiento que presidían el alcalde, José Luis
Abarca, y su esposa.
En esos sucesos los uniformados incluso dispararon contra
un ómnibus que transportaba a un equipo de fútbol, con saldo final de seis
muertos, una veintena de heridos y 43 normalistas en paradero desconocido,
aunque ya se sabe que fueron asesinados, incinerados y sus restos arrojados en
bolsas a un río.
Según informó el Procurador General, Jesús Murillo, el
alcalde Abarca dio la orden de detener y reprimir a los estudiantes, quienes
luego fueron entregados a la policía del contiguo municipio de Cocula.
Allí fueron puestos en manos de sicarios del grupo
criminal Guerreros Unidos, quienes los ultimaron a balazos en un páramo
contiguo al basurero de Cocula, donde, luego de apilarlos, les prendieron fuego
que alimentaron con llantas, plásticos, madera, Diesel y gasolina, desde la
noche del 26 de septiembre hasta la tarde del día posterior.
Por órdenes de uno de los capos de Guerreros Unidos, los
restos calcinados fueron triturados y recopilados en bolsas, que luego
arrojaron a las aguas del rio San Juan, según confesiones de varios de los
victimarios detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
El 6 de octubre pasado, el presidente Peña Nieto dio la orden
de la intervención federal sobre los sucesos de Iguala, en la que participaron
más de 10 mil efectivos de la PGR, el Ejército, la Armada, Gendarmería Nacional
y otros entes nacionales y de Guerrero, cuyo gobernador, Miguel Aguirre, presentó
su renuncia semanas después.
Se trató de la mayor y más compleja operación policial en
la historia de México, aseguró el Procurador, para quien el caso sigue abierto;
y los jóvenes, oficialmente desaparecidos, hasta tanto se pruebe, con
evidencias, su muerte.
Ello ha sido imposible por el grado de deterioro de los
restos recolectados en el sitio de la ejecución e incineración, y en las bolsas
rescatadas del rio San Juan. Murillo explicó que se encontraron piezas
dentales, pero tan degradadas por el fuego que apenas tocarlas se convierten en
polvo.
Será imposible en México extraer el ADN a los restos
recolectados, por lo que se hacen gestiones con el laboratorio de una
universidad austríaca que dispone de la tecnología más avanzada para tales
efectos.
El caso sigue abierto, subrayó el titular de la PGR, que
ha detenido a 74 personas, entre policías, miembros de Guerreros Unidos e
incluso Abarca y su esposa, quienes estuvieron prófugos hasta su captura hace
unos días en una colonia de esta capital.
FOSAS CLANDESTINAS Y OTROS DESAPARECIDOS
La búsqueda de los de Ayotzinapa condujeron al
descubrimiento de una decena de fosas clandestinas entre Iguala y Cocula, con
restos de unas 38 personas, en los que trabajan peritos nacionales y forenses
argentinos.
Cuatro de esos restos ya fueron identificados, entre
ellos padre e hijo del estado de México, cuya última llamada a sus familiares
ocurrió en agosto cuando reportaron haber sido detenidos por la policía de
Iguala. También hay restos de mujeres en esas fosas, apuntó Murillo.
El funcionario aseguró que esos restos no son de los 43
normalistas, por lo que se impone la pregunta acerca de quiénes son estas otras
víctimas y quienes fueron sus victimarios. De acuerdo con las investigaciones,
la responsabilidad vuelve a vincular a la policía de Iguala con el crimen
organizado.
El caso Iguala ha provocado un despertar, sobre todo en
sectores estudiantiles y docentes, pero también en organizaciones sociales,
campesinas, religiosas y defensoras de los derechos humanos, en un momento en
el que para el gobierno su prioridad principal es implementar las reformas
estructurales adoptadas en los dos últimos años.
Iguala pone de relieve los temas de violencia,
inseguridad, corrupción y la penetración de niveles de Gobierno por el crimen
organizado, como lo evidencian los nexos que se presume mantenía el exalcalde
Abarca con Guerreros Unidos, dedicados al tráfico de amapola y marihuana.
Las críticas llueven dentro y fuera del país, que se
prepara para acoger los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe (del 14 al 30
de este mes) y la XXIV Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno (los
días 8 y 9 de diciembre próximo), que tendrán como sede a la ciudad de Veracruz
en el Caribe mexicano.
El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido con
llegar hasta el fondo de la verdad sobre los hechos violentos en Iguala, pero
también anunció una convocatoria a las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas
para un compromiso de Estado sobre los temas que hoy lesionan la vida nacional.
Al propio tiempo, en los partidos políticos tradicionales
se mueven fuerzas para certificar la limpieza de los candidatos a las próximas
elecciones de medio tiempo en el 2015, cuando se renovará la Cámara de
Diputados, 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades y 993 alcaldías en
16 estados, entre otros cargos.
Pero el tiempo puede no dar para el creciente grado de
insatisfacción ciudadana, como alertó en estos días la reconocida periodista
Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre y dirigente del Partido Revolucionario
Institucional, en el gobierno.
Entre tanto, el Presidente mexicano viajó a China y
Australia, una gira que recortó por los acontecimientos nacionales y en la que
participará en el Foro Económico de Cooperación Asía-Pacífico (APEC) y en la
Cumbre del G-20.
Durante una escala técnica en Anchorage, Alaska, el jefe
de Estado tuvo que hacer una declaración al país, de condena a hechos ocurridos
en el Zócalo de esta capital, donde grupos violentos quemaron una puerta del
Palacio Nacional.
Los suceso de Ayotzinapa no se pueden combatir con
violencia, alertó Peña Nieto, a cuyo Gobierno diversos sectores nacionales
reclaman acciones urgentes y sostenibles para lavar la cara al país y, más que
todo, para enfrentar la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y a
favor del respeto a los derechos humanos.
* Corresponsal de Prensa
Latina en México.
Padres de normalistas y Zapatistas acuerdan movimiento nacional
11/16/14 • CONTRAINJERENCIA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (proceso.com.mx).-
Comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y miembros de
la Junta de Buen Gobierno (JBG) acordaron con los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa y los padres y madres de familia de la Brigada Daniel Solís
Gallardo, articular juntos un movimiento nacional para exigir la aparición con
vida de los desaparecidos de México y los ejecutados de forma extrajudicial por
el Estado.
Tras un encuentro con zapatistas realizado el sábado por
la mañana, por la noche ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en la cual dieron a conocer los
detalles de esa reunión y lo que harán en las próximas horas.
La reunión tuvo lugar en el Caracol de Oventic, en el
municipio de San Andrés Larráinzar, hasta donde llegaron también el
Subcomandante Moisés y el Comandante Tacho.
Ellos “abrazaron nuestra indignación y rabia, nos dieron
la mayor de las atenciones y expresaron su total disposición a apoyarnos”, dijo
Omar García, estudiante integrante de la Caravana.
El joven normalista aclaró que en la reunión, que fue
pública para todas las bases de apoyo zapatistas y que duró cuatro horas, “no
fueron los compañeros zapatistas los que nos buscaron a nosotros, fuimos
nosotros los que los buscamos, porque conocemos su posición política y sus
formas de trabajo.
“Ellos nos recalcaron desde el principio del encuentro
que no pretenden dirigir a nadie, es una posición que todos conocemos, y nos
dijeron que no pretenden darnos sugerencias ni lineamientos a seguir”.
Lo que sí nos sugirieron, explicó, “es que tenemos que
acudir a quienes al igual que nosotros han padecido la desaparición forzada y
asesinatos extrajudiciales que no son pocos en el país, porque son ellos los
que pueden entendernos y acompañarnos en nuestro dolor y lucha, y son ellos con
quienes podemos articular un movimiento, un núcleo más grande y poderoso con
todas la organizaciones sociales que quieran solidarizarse”.
Omar García dijo que uno de los objetivos de la Caravana
Nacional de Información es establecer diálogo y acuerdos con organizaciones
sociales con la finalidad de conformar un movimiento a escala nacional con el
objetivo de luchar ya no solamente por los 43 normalistas desaparecidos, sino
también por los demás, ya que las desapariciones forzadas se han convertido en
un problema nacional.
María Inés Abrajan, tía de Adán Abrajan de la Cruz,
indicó que en vista de que las autoridades se muestran incompetentes, les han
perdido la confianza, por lo que se vieron obligados a buscar el apoyo de la
sociedad civil y otras formas de lucha que les permita dar con el paradero de
sus hijos.
“Hemos venido hasta aquí porque el presidente de la
República y las autoridades federales no han podido o no han querido localizar
a nuestros hijos; ellos saben dónde los policías municipales se llevaron a
nuestros hijos, ellos saben dónde los fueron a dejar, a quién se los fueron a
dar”.
Dijo que el procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, miente cuando dio a conocer que los normalistas fueron
asesinados, calcinados y arrojados al río, “porque las tres personas que
presentaron se ve que fueron torturadas, además en un diario de Chilpancingo
vimos que esas mismas personas ya habían sido detenidas con anterioridad antes
de que se llevaran a nuestros hijos”.
Los padres de familia
denunciaron que por buscar a sus hijos desaparecidos están sido hostigados y
amenazados por policías federales y estatales. Las amenazas también incluyen a
las organizaciones que los están apoyando.
MARCHARON EN SAN FRANCISCO (EEUU)
EN SOLIDARIDAD CON LOS 43 ESTUDIANTES DE ATYOZINAPA
FOTOS BILL HACKWELL para Resumen Latinoamericano
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