Juan Humberto SánchezEn los últimos 30 años Honduras ha sido llevada a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en nueve ocasiones. En ocho de ellas fue declarada internacionalmente responsable de la violación de Derechos Humanos consignados en 1969 en el “Pacto de San José”.
Sus víctimas han sido, en 1989 Saúl Godínez Cruz y Ángel Manfredo Velásquez, en el año 2003 Juan Humberto Sánchez, tres años después en 2006 Alfredo López Álvarez, y el caso Servellón García y otros. En 2009 por el asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, en el 2012 por el caso Pacheco Teruel y Otros, y el año pasado por Carlos Antonio Luna López.
Y para despertar el interés de que la sociedad conozca el contenido de estas sentencias, y además responsabilizar internacionalmente a Honduras de la violación de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-Participa, realiza grupos de análisis que recogen retazos tristes y vergonzosos de la historia reciente de Honduras que deben ser conocidos públicamente, según lo manifiesta la nota de prensa emitida durante la presentación de los avances en los grupos de análisis, la semana pasada.
Cabe señalar que en estos juicios, el Estado de Honduras ha sido la parte denunciada o acusada. Y el propósito de esta tarea es facilitar la comprensión de los criterios desarrollados en la jurisprudencia del tribunal interamericano y encontrar en ella los parámetros conducentes a la construcción de un Estado de Derecho, cuyas instituciones tengan a la persona humana como una sola finalidad.
La ciudadanía también debe conocer los impactos que las sentencias condenatorias de la Corte IDH, han tenido en el país en beneficio del acceso a la justicia para su población.
Por lo que después de escuchar las exposiciones de los diferentes casos, se propuso la necesidad de elevar el nivel del Estado respecto a su voluntad de difundir las sentencias en cuanto a la relación de los hechos, y no sólo la parte resolutiva como lo hizo en su momento a través de medios de comunicación.
También que se busque un mecanismo que institucionalice el uso de las sentencias en las facultades de Derecho, que sea obligatorio el estudio de las sentencias en las cátedras de universidades públicas y privadas del país, y la urgencia de pensar en una campaña pública que difunda los aspectos claves de las sentencias emitidas por la Corte IDH, campañas que sensibilicen sobre la vida como un derecho central de esta sociedad y relacionarlo con lo que ha pasado en el marco de estas sentencias.
Además, se dijo que es necesario el conocimiento específico de los casos, por ejemplo, en el de Servellón García y otros, conocido como “Cuatro puntos Cardinales” porque cuatro jóvenes fueron capturados después de un desfile del 15 de septiembre, y sus cuerpos aparecieron en diferentes lugares de la ciudad, pero se le llama puente “Ricardo Álvarez”.
Como parte de la reparación se le nombró “cuatro puntos cardinales” al paso a desnivel contiguo al estadio NacionalMuchas de las medidas de reparación contenidas en las sentencias, tienen como propósito corregir desde las estructuras estatales, prácticas aberrantes de los agentes del Estado que constituyen violaciones de los Derechos Humanos, por las cuales el país tiene que responder ante la justicia internacional. La falta de cumplimiento de los mandatos de la Corte IDH, ha llevado a la repetición, que es lo que las sentencias pretenden evitar.
Ya con el apropiamiento de estas herramientas jurídicas, debe servir para que cada organización se constituya en un veedor permanente del cumplimiento de las sentencias por parte del Estado, pues sólo así se contrarrestará el sistema de impunidad que prevalece, y se evitará que Honduras sea sentada con tanta frecuencia en el banquillo de Estados violadores de los Derechos Humanos.
Para este trabajo de investigación y análisis se contó con un grupo de voluntarios entre ellos profesionales del derecho, defensores y defensoras de derechos humanos entre ellos al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que formó parte del circulo de estudio número 4, encargado de los casos Juan Humberto Sánchez, y Servellón García y otros, (Cuatro Puntos Cardinales).
En los últimos días de este mes, ACI-Participa que dirige el doctor Leo Valladares Lanza, ex Comisionado de los Derechos Humanos, dará a conocer el informe final de los resultados de los estudios de estos casos que se han llevado a la Corte IDH, por violaciones a derechos humanos en Honduras, desde finales de la década de 1980.
Incumplida sentencia por caso de Juan Humberto Sánchez
Juan Carlos Sánchez, hermano de Juan Humberto Sánchez, lamenta que la sentencia emitida por la Corte IDH (2003), no se ha cumplido a cabalidad, ya que los asesinos de la muerte de Juan Humberto, no han sido castigados, pese a que el Estado sabe quiénes son.
“Con la muerte de mi hermano cambió la vida de toda la familia, tuvimos que cambiarnos de domicilio, crecimos con miedo de lo que podía suceder, pues a mi hermano se lo llevaron raptado en la noche, mi mamá no ha visto el castigo de quienes asesinaron a su hijo, la muerte de un ser querido no se olvida, es un pesar toda la vida”, expresó Juan Carlos.
Mi hermano luchaba para que tuviéramos una vida mejor, que saliéramos adelante, por ayudar a su mamá, y así mantenemos sus recuerdos vivos, su memoria entre nosotros, dijo Juan Carlos, hermano de Juan Humberto Sánchez, quien fue detenido en la casa de su madre, en Colomocagua, Intibucá, por 15 elementos del Décimo Batallón de Infantería que actuaron bajo órdenes directas del Jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Alonso Discua Elvir, con la asesoría del coronel Manuel Flores Mejía, ambos oficiales eran miembros del Batallón 3-16.
Sánchez era ciudadano hondureño, pero trabajaba como operador de “Radio Venceremos” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.
Luego de la amnistía decretada número 87-91, en el gobierno del Presidente Rafael Callejas, regresó a Honduras donde fue detenido ilegalmente por el Ejército de Honduras el 10 de julio de 1992 en horas de la noche. Su cuerpo fue encontrado el 22 de julio del mismo año en las riberas del Rio Negro (límites de Honduras y El Salvador), con un disparo en la frente y señales de tortura.
Durante 10 días el Cofadeh realizó diligencias para dar con su destino; dos habeas corpus se interpusieron en su favor sin resultado alguno.
Como parte de la sentencia emitida por la Corte IDH, el Estado pidió perdón a los familiares en 2004, este reconocimiento presidencial fue el segundo paso en el cumplimiento de la sentencia emitida por el máximo órgano de justicia interamericano.
El primero se realizó el 25 de agosto de ese mismo año, cuando el Estado exhumó los restos de Sánchez.
Y el 10 de mayo del 2007, acatando El fiscal general del Estado, Leónidas Rosa Bautista, encabezando a otras autoridades hondureñas, entregó a la familia Sánchez los restos de Juan Humberto Sánchez, y pidió disculpa a sus parientes y prometió continuar las investigaciones del caso.
Ese día Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, dijo que “vamos a regresar los restos de Juan Humberto a la tierra que lo vio nacer, para recordarnos que su dolor por las torturas y la intolerancia, hará nacer la esperanza, en un mundo de justicia y de verdad”.
La denuncia e investigación sobre la desaparición de Sánchez fue presentada por el Cofadeh ante la CIDH, en octubre de 1992.
No hay comentarios :
Publicar un comentario