Como parte de la campaña emprendida por la actual administración
gubernamental en contra del pueblo Garífuna, se renueva la amenaza de
desalojo en la comunidad de Barra Vieja, Tela, a instancias de la
Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, los que
pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como un estorbo para
el proyecto tCurístico causante de la destrucción de parte de los
humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).
La Corte de Apelaciones de La Ceiba repite la ofensiva en contra de
la comunidad de Barra Vieja perpetrada el pasado 6 de agosto, cuanto un
contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad,
allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito de
posteriormente demoler las viviendas.
La resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del
Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, amenazando estos
que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su
objetivo. Desde esa fecha, se ha decretado una guerra sicológica en
contra los garifunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de
intimidaciones, y amenazas del posible desalojo.
El Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación
a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando
nuestra condición como pueblo indígenas.
Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los
pueblos indígenas, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas
de Empleo y Desarrollo Económico, la que incluye a más de 20
comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al
capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi
independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.
El desalojo en Nueva Armenia y el planificado para Barra Vieja, no es
más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad
que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la
construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando
Alvarez Martinez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a
ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha
reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto
Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la
comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades
modelo-ZEDE.
Existe una enorme jurisprudencia de la Corte IDH en relación a los
derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no
exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios. Tanto en
la Audiencia en Costa Rica en mayo sobre el caso de la comunidad de
Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad
de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló
al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento
territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.
Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de
Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y en
base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de
Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios
hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de
Viena y el Convenio 169 dela OIT.
La OFRANEH exige el respeto al derecho a la propiedad ancestral que
poseen los habitantes de Barra Vieja, y que cese de una vez por todas
las amenazas de desalojo e intimidaciones que padecen sus habitantes.
OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Sambo Creek, Atlántida.
Honduras
telefax: 504-24541513 / 504-24490003
email:garifuna@ofraneh.org / ofraneh@yahoo.com
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