Escrito por Redacción en Martes, 05/06/2014 - 13:58
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
El día 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana,
presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro
Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares
(medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Los
hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana
se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su
comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un
taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.
La CIDH otorgó medidas cautelares a la
comunidad de Cerrito Lindo desde el año 2005 ante una solicitud del
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de
Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL). Las medidas se originan por numerosos actos de violencia
cometidos en contra de los miembros de la comunidad a raíz de la disputa
por la propiedad de los lotes que ocupan.
Según señalan los pobladores, sus
propiedades les habían sido vendidas ilegalmente por parte de una
empresa local. Al darse cuenta de la falta de legalidad en el proceso de
compra y venta, los habitantes emprendieron una serie de actividades
legales y protestas con el objetivo de resolver la situación de los
lotes que adquirieron de buena fe. Estos actos de denuncia
desencadenaron una serie de ataques contra los miembros de la colonia
Cerrito Lindo, incluyendo desalojos violentos, amenazas de muerte,
seguimientos e incluso varios asesinatos.
En efecto, con la muerte del señor
Orellana, suman siete los asesinatos de personas vecinas de la comunidad
en el marco de las medidas cautelares, a saber: Paulino Henríquez
asesinado el 17 de marzo de 2004, Jonni Orlando Aceituno Varela
asesinado el 18 de junio de 2004; Héctor José Ulloa y Gilmar Santiago
Mejía atropellados en circunstancias sospechosas y no esclarecidas el
27 de marzo de 2004 y el 26 de enero de 2006 respectivamente. Eligio
Mejía asesinado el 5 de febrero de 2006 y Orfilia Amparo Mejía
asesinada el 26 de marzo de 2012. Ninguna de estas muertes han sido
esclarecidas tampoco se han implementado medidas de protección
efectivas.
“La situación en Honduras es
insostenible y la situación de desprotección de quienes defienden
derechos humanos es evidente. El Estado de Honduras es responsable
internacionalmente por faltar a su deber de proteger a los pobladores de
Cerrito Lindo y por la falta de investigación que caracteriza estos
lamentables hechos”, declaró Marcia Aguiluz, Directora del Programa para
Centroamérica y México de CEJIL. Adicionalmente,
resulta particularmente preocupante que en menos de un mes resultaron
asesinados dos beneficiarios de medidas cautelares, en este sentido,
cabe recordar la muerte violenta de Carlos Mejía Orellana, colaborador
de Radio Progreso, ocurrida el pasado 11 de abril.
CEJIL urge a las autoridades estatales
para que cumplan con su deber de debida diligencia y adopten todas las
medidas necesarias para investigar estos acontecimientos e identificar a
las personas responsables. A la vez, reiteramos nuestro llamado para
que se adopte un adecuado mecanismo para la protección de los defensores
y defensoras de derechos humanos que incluya a las personas
beneficiarias de medidas de protección otorgadas por los órganos del
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
Fuente: Cejil, Fotografía: Diario La Prensa
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