Tegucigalpa.Honduras se comprometió en aprobar una ley de Protección para Defensores y Defensoras de derechos humanos y a investigar a fondo las muertes violentas de periodistas, promesas que contrastan con denuncias de que el mismo estado habría solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión de las medidas cautelares de protección para periodistas, abogados, defensores y defensoras de derechos humanos.
El Informe Anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que el estado de Honduras en comunicación del 19 de diciembre de 2013, informó que la Secretaría de Justicia y Derechos impulsa la aprobación de la Ley Especial de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
La comunicación también establece que se incluye un Protocolo de implementación de medidas seguridad, cautelares y provisionales otorgadas por autoridades nacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente.
La ley de protección que no es un proyecto del estado de Honduras, sino una iniciativa de las organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellas el Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la situación de riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos abarca también a periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia.
Dicha ley fue sugerida también a través de la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y anunciada en su visita a Honduras por parte de Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.
Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos que aguarda su discusión y aprobación en el Congreso Nacional contempla la creación de un Consejo Nacional de Protección, adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, que actuará como “un órgano directivo, deliberativo y consultivo para garantizar y hacer efectivos los derechos consignados en la Ley de Protección y asesorar a la Presidencia de la República en lo concerniente a la protección de los grupos contemplados en la ley”, dentro de los cuales se encontrarían los y las periodistas, señala el Informe de la CIDH.
Cabe señalar que mientras el estado de Honduras prometió al organismo especializado de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la aprobación del mecanismo de protección, por otro lado el gobierno de Juan Orlando Hernández habría solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que suspenda las medidas cautelares de protección, dejando a periodistas, abogados y defensores y defensoras de derechos humanos en total indefensión
El proyecto de Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos establece que el Consejo estará integrado por representantes de las instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, también determina que la Dirección General de Mecanismos de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia será el órgano responsable “de atender las denuncias de riesgo de las personas beneficiarias en la presente Ley, las instrucciones y las políticas que emita el Consejo Nacional de Protección”.
Para ello, el proyecto prevé que la Dirección General contará con tres unidades auxiliares: la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgos y Reacción Inmediata, la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis y la Unidad de Protección de Personas en Riesgo.
La
iniciativa de ley presentada por la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos que estuvo a cargo de la Ana Pineda contiene diversas medidas
preventivas y de protección que podrán ser adoptadas según el riesgo en
el cual se encuentre la persona beneficiaria y determina que “en lo
posible, las medidas de protección no restringirán las actividades
habituales de las personas beneficiarias ni implicarán vigilancia o
intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales”.El Estado informó que el proyecto fue presentado el 28 de agosto de 2013 al Congreso Nacional de la República para su análisis y aprobación.
También la CIDH expresó su satisfacción de acuerdo con un anteproyecto de Ley elaborado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, que propone reformar el Código Penal para la despenalización parcial de los delitos de injuria, calumnia y difamación, en seguimiento a la recomendación formulada a los Estados de la región por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012, relativa a las normas que sancionan penal o civilmente la expresión. La Comisión Interamericana invita al gobierno a avanzar con dicho proceso de reforma.
Distintas organizaciones de la sociedad civil habrían realizado importantes observaciones al anteproyecto en el marco de una audiencia sobre la implementación de medidas cautelares en Honduras celebrada el 28 de octubre de 2013 durante el 149 Período de Sesiones de la CIDH, especialmente en cuanto se refiere a la participación de las organizaciones sociales en el mecanismo de protección, el diseño institucional del mismo y el tratamiento indiscriminado que da el proyecto de ley a las poblaciones objeto de protección.
En la comunicación recibida el 19 de diciembre de 2013 el Estado informó sobre la Aprobación del Plan Nacional de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
El Estado informó que dicho plan se encontraría “en proceso de socialización” y que para su adecuada implementación se habría aprobado un “Plan de sensibilización para las autoridades nacionales concernidas en su implementación”.
Además se habría conformado un Directorio Nacional de organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia, con la participación de 50 organizaciones no gubernamentales. Asimismo, según lo informado por el Estado, se habría integrado una Mesa de Trabajo para dar seguimiento a la implementación del Plan de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, compuesta por representantes de instituciones del Estado, de los sectores académicos, Colegios Profesionales y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, el Estado informó que convocó a organizaciones de la sociedad civil para conformar la “Red Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, como un espacio de coordinación, colaboración y diálogo abierto entre dichas organizaciones, a fin de potenciar y fortalecer el trabajo de redes y alianzas locales, regionales y nacionales”
De igual forma, en la audiencia sobre implementación de medidas cautelares en Honduras celebrada el 28 de octubre de 2013 durante el 149 Período de Sesiones de la CIDH, el Estado aportó información sobre la creación de una “Unidad de Muertes de Alto Impacto”, adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Según lo informado, la unidad habría sido establecida con la finalidad de conocer sobre el asesinato de personas pertenecientes a grupos afectados de manera especial por la violencia, como los y las periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos. Según lo informado, la unidad habría actuado en 26 investigaciones respecto al asesinato de periodistas en el período del 2009 al 2013, de los cuales 10 habrían sido judicializados1022.
El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los Comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
En cumplimiento de sus deberes de protección y garantía los Estados deben realizar Investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. Lo anterior supone la existencia de cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como la definición y el agotamiento de hipótesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida.
En su comunicación de 19 de diciembre de 2013, el Estado de Honduras afirmó que, tal y como lo indicó en las Observaciones al Informe Anual de 2011, “en el marco de violencia general que desgraciadamente se encuentra viviendo el país, se han producido asesinatos, atentados y amenazas a comunicadores sociales durante los últimos cinco años”. Tal como se señaló en esas observaciones, “el Estado de Honduras es consciente de su compromiso de garantizar la realización de investigaciones diligentes y exhaustiva sobre los hechos, respecto de lo cual, el Estado de Honduras participó en la Audiencia Pública ante la CIDH “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Honduras”, celebrada en octubre de 2010 y en la “Audiencia sobre la Situación General de los Derechos Humanos” de marzo 2013”.
Se indicó que “de las investigaciones preliminares se constata que los homicidios perpetrados son producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha determinado como móvil de las muertes las opiniones vertidas por los comunicadores sociales respecto al gobierno. Muestra de esa colaboración es el avance en los procesos investigativos y la judicialización de los mismos”.
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