El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos,
el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y el uso de la
fuerza policial en las protestas sociales fueron los temas prioritarios
planteados por el CELS durante el 150 periodo de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las actividades
paralelas realizadas esta semana en Washington.Impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos
El CELS, junto con dieciséis organizaciones del continente americano, solicitó a la CIDH que inste a los estados nacionales a terminar con la violencia de la llamada “guerra contra las drogas” y a revisar desde una perspectiva de derechos humanos las dañinas e ineficaces políticas de combate al narcotráfico implementadas en los últimos cincuenta años.
El martes 25 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó una audiencia pública a las políticas de drogas y sus impactos en los derechos humanos. No es la primera vez que estas políticas se discuten en los organismos internacionales pero sí es una novedad que se lo haga colocando a los derechos humanos en el primer plano del análisis.
Ante la CIDH, el CELS destacó que frente a la preocupación social por la problemática de las drogas, las respuestas estatales se van haciendo cada vez más represivas. “La invocación a la lucha contra el narcotráfico está justificando políticas de mano dura, y provocando una espiral de violencia que no se detiene. El crescendo incesante que existe en la utilización de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, patrullajes terrestres y marítimos, el uso de helicópteros, radares, armamentos más y más sofisticados no ha sido eficaz en el objetivo que estas políticas se fijan, la reducción de la oferta de sustancias prohibidas”, sostuvo Luciana Pol, coordinadora de Políticas de seguridad y violencia institucional del CELS, en la apertura de la audiencia realizada en Washington.
Estas políticas represivas se justificaron durante décadas apelando a la necesidad de prevenir el consumo de drogas. “Pero encontramos aquí una increíble paradoja. En nuestros países, quienes realmente padecen problemas de uso problemático de sustancias (tanto legales como ilegales) no encuentran un sistema sanitario siquiera dispuesto a recibirlos”, remarcó Pol.
Así es como, sostuvo el CELS, “cincuenta años después del inicio de la denominada guerra contra las drogas, notamos que las consecuencias que este sistema ha producido son –por lejos- más dañosas que los males que pretendía prevenir”. Al mismo tiempo, estos daños se distribuyen de manera desigual en las distintas regiones del mundo: afectan especialmente a los territorios ligados a la producción o al tránsito, la mayoría de ellos en América Latina. “No es sorprendente entonces, que sea nuestra región la que está alzando la voz en la arena internacional, ni que sea la comunidad de derechos humanos de los países de América, la que está sentada hoy aquí diciendo que es tiempo de promover un cambio”, destacó Pol.
En nombre de las diecisiete organizaciones de la región, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, solicitó a la CIDH que “se asuma que las políticas de drogas y sus consecuencias son un problema para los derechos humanos en la región” y que en ese marco “se inste a los estados a poner el respeto a los derechos humanos y la reducción de la violencia como objetivo central de las políticas de drogas”. También se pidieron acciones específicas como la realización de un informe con datos empíricos confiables sobre los impactos de las políticas de drogas en los derechos humanos y en especial sobre las comunidades campesinas afectadas por las fumigaciones y el desplazamiento, las tasas de encarcelamiento, la situación de las mujeres presas, la desproporcionalidad de las sentencias en delitos de drogas, la persecución y criminalización de los usuarios, entre otros aspectos.
Los comisionados presentes en la audiencia acordaron en que el tema es de relevancia para la región y en que la Comisión lo asuma dada su implicancia en la agenda de derechos humanos.
Capacidad jurídica y acceso a la justicia de las personas con discapacidad
Unas horas después se celebró una audiencia regional sobre acceso a la justicia y capacidad jurídica de personas con discapacidad, en particular psicosocial. También fue la primera vez que la Comisión aborda esta temática y su tratamiento fue solicitado por 14 organizaciones de la región, entre ellas el CELS. En la audiencia se plantearon aspectos problemáticos del sistema legal vigente que sustituye la voluntad por la de un representante, basado en el modelo médico hegemónico. Este paradigma tiene como consecuencias la anulación de la autonomía de estas personas, su segregación en instituciones asilares y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Macarena Sabin Paz, coordinadora del área de Salud Mental del CELS, sostuvo en la audiencia que la coexistencia del paradigma vigente con el sistema de apoyos no es posible ya que son contradictorios. La representante del CELS agregó que el sistema de apoyos “es una alternativa al modelo legal discriminatorio y los Estados comprometidos con la adopción del modelo social de la discapacidad deben estar a la altura de estas circunstancias para enfrentar este desafío”.
Los miembros de la Comisión manifestaron que esta audiencia será el comienzo de una agenda conjunta en la materia. Las organizaciones plantearon que los principales desafíos son impulsar ordenamientos jurídicos acordes al modelo social de la discapacidad en los países de la región y acompañar el proceso de desinstitucionalización de las personas marginalizadas en los lugares de encierro.
Represión y criminalización de la protesta
El CELS, en conjunto con American Civil Liberties Union (ACLU) y Canadian Civil Liberties Association (CCLA), presentaron el informe “Recuperen las calles. Represión y Criminalización de la Protesta en el mundo”.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, expuso los puntos principales de la investigación que identifica patrones de represión y abuso policial contra las protestas sociales y brinda recomendaciones sobre la protección de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones.
Durante la presentación, Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remarcó que en todos los países del continente americano "la regulación de la protesta está aumentando pero no la regulación de la policía y del uso de la fuerza”.
En el evento "Recuperen las calles: Intervenciones policiales en protesta social y uso de la fuerza en las Américas" también expusieron Abby Deshman, Directora del Programa de Seguridad Pública de CCLA y Eduardo Baker, abogado de Justicia Global. El Informe “Recuperen las calles” es una publicación de la International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO), una red de 10 organizaciones locales de derechos humanos que se unieron para trabajar conjuntamente en la promoción de derechos y libertades fundamentales. Además de ACLU, CCLA y CELS, también integran la INCLO: Association for Civil Rights in Israel (ACRI); Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR); Hungarian Civil Liberties Union (HCLU); Irish Council for Civil Liberties (ICCL); Kenya Human Rights Commission (KHRC); Legal Resource Center (LRC); y Liberty.
No hay comentarios :
Publicar un comentario