FIDH recomiendo instalación de oficina de Alto Comisionado de
Naciones Unidas en Honduras 
Gran preocupación por la presencia de militares enfrente de los
centros de votación; la inseguridad para los defensores y defensoras de
derechos humanos y periodistas, así como los asesinatos de miembros del Partido
Libertad y Refundación, LIBRE, dejó externada este lunes 25 de noviembre, la
Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, que ha concluido su misión
de observación del proceso electoral en Honduras.
En una
conferencia de prensa con la presencia de Pierre Esperace, Secretario General
de esa Federación, la extensa delegación habló de diferentes tópicos observados
en su estancia en el país.
“Espero que las autoridades
hondureñas no continúen reprimiendo a la población porque los derechos humanos
son una obligación del Estado y éste está obligado a respetarlos integralmente.
También quiero señalar que la democracia no se establece con las elecciones si
hay inconformidad con los resultados”, expresó Esperance.
En un
comunicado de prensa leído por la Magistrada Salvadoreña Mirna Perla, la FIDH
expresó que tiene preocupación por los ataques y amenazas contra los defensores
y defensoras de derechos humanos, incluyendo los que defienden las mujeres, los
territorios indígenas y garífunas, los recursos naturales, la comunidad
lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual y los
periodistas.
Perla además de magistrada en una corte salvadoreña
es víctima sobreviviente de la masacre del 30 de julio de 1975, en los años en
que en su país había una guerra contra su pueblo, financiada por los Estados
Unidos.
Sobre dos listados con los nombres de varias personas
que supuestamente serían ejecutadas entre las que están defensores de derechos
humanos, líderes sociales, campesinos, miembros del Partido LIBRE e indígenas,
Luís Guillermo Pérez Casas de la FIDH dijo que expresan su solidaridad y que
harán todo lo que esté a su alcance con acciones ante el Estado de Honduras
para que proceda a protegerles la vida.
Pérez Casas, abogado
colombiano que lleva procesos penales contra el ex presidente de su país Álvaro
Uribe y miembros de su gobierno procesados por persecución criminal contra
defensores y defensoras de derechos humanos.
Listas de
ejecuciones En el listado figuran Beatriz Valle y Patricia
Rodas, de LIBRE; Vitalino Alvarez y Yony Rivas, del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán, MUCA; los abogados Víctor Fernández y Fredín Fúnez,
representantes de comunidades que luchan por el medio ambiente y los lencas que
luchan por sus territorios; Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, STIBYS; Bertha Oliva y
Bertha Cáceres, defensoras de derechos humanos, la primera Coordinadora del
COFADEH y la segunda del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras, COPINH, y los periodistas David Romero, Director de Radio Globo y
Félix Molina, del Programa radial Resistencia, quienes dieron su consentimiento
a la FIDH para que mencionara sus nombres, pero hay más personas que están en
dichas listas.
Otro de los hechos que preocupan a esta
organización es el traslado de los Fiscales de Derechos Humanos y de la
Fiscalía contra la Corrupción. En su visita en octubre pasado la FIDH se reunió
con varios de ellos en la Fiscalía de Derechos Humanos y le expusieron que eran
objeto de constantes amenazas y falta de protección y apoyo por parte del
Ministerio Público para realizar su trabajo. La FIDH solicitó al Fiscal General
que los restablezca en sus cargos y garantizar la independencia, autonomía e
idoneidad de todos los fiscales.
En cuanto al proceso
eleccionario en sí, la FIDH expuso que la misión inspeccionó más de 100 mesas
electorales y habló con autoridades y muchos sectores de la sociedad civil,
identificando una serie de irregularidades a través de múltiples
denuncias.
A muchos ciudadanos se les privó de sus derechos
políticos, en particular su derecho al sufragio declarándoles muertos y aunque
notificaron eso al Tribunal Supremo Electorla, TSE, no se procedió a
restituirles sus derechos.
La FIDH criticó la utilización de la
tarjeta de descuento utilizada por el Partido Nacional denominada “la
cachureca”, que puede ser utilizada en diferentes comercios y las personas
obtendrán descuentos hasta el año 2016, pero esta estrategia fue utilizada unas
dos semanas antes de las elecciones y se colocó el días de las elecciones el 24
de noviembre en las afueras de los centros de votación, tomando primero los
datos de los votantes y entregándolas hasta que venían de ejercer el sufragio,
hecho que pudo inducir el voto e influir en los resultados.
Para
reforzar su señalamiento, fue presentado un vídeo con las pruebas de la
utilización de dicha tarjeta, de un trabajo investigativo realizado por el
periodista colombiano Hollman Morris.
Sobre este tema, para la
FIDH hay una falta de transparencia en la financiación de las campañas
políticas y en el origen de los fondos para las mismas, por lo que demandó del
Ministerio Público iniciar la investigación sobre este hecho.
Solicitó a la Corte Suprema de Justicia tramitar las reclamaciones y recursos
electorales que sean planteados ante las autoridades judiciales, y que sean
resueltos de forma rápida, efectiva y con todas las garantías que acrediten la
imparcialidad y transparencia del proceso.
La FIDH recalcó en
esta gira su preocupación sobre la fuerte presencia de las fuerzas armadas en
el desarrollo de las elecciones y aunque la Constitución de la República señala
su rol en los procesos electorales, el hecho de que los uniformados se
colocaron enfrente de los centros de votación puede generar un clima
intimidante en los votantes.
Al final de su comunicado la FIDH
reclamó a las autoridades que se garanticen plenamente los derechos humanos, se
prevenga cualquier acto de violencia y se protejan los derechos humanos de toda
la población, en particular el derecho a la vida, la integridad física y
sicológica de las personas vulnerables que han sido amenazadas o contra las que
existen planes para atentar contra ellas.
El Juez Baltazar Garzón
presente en la conferencia de prensa expresó que las instituciones del Estado
tienen la obligación de proteger a los ciudadanos de actos arbitrarios contra
su integridad personal.
Dado el profundo deterioro de las
condiciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado,
Garzón dijo que ha solicitado al Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias
y desapariciones forzadas para que hagan presencia en Honduras.
También demandó del Estado de Honduras garantizar la libertad de información,
de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales y que
eviten eventuales medidas represivas de manifestaciones
pacíficas.
UE y comunidad internacional deben garantizar la
protección de defensores Demandaron a la Unión Europea y
demás actores internacionales en Honduras, garantizar la protección de
defensores y defensoras de derechos humanos y su participación en las
decisiones y procesos que afecten a su seguridad personal y
jurídica.
Asimismo la FIDH reiteró a la Fiscal de la Corte Penal
Internacional visitar Honduras en el marco de su examen preliminar pues su
presencia puede contribuir a prevenir nuevos hechos de persecución
política.
Vea comunicado de la FIDH de observación de elecciones
En horas de la noche del dìa de las elecciones realizadas el domingo
24 de noviembre un ciudadano fue agredido a golpes por activistas del partido
Nacional y posteriormente por agentes policiales de la posta ubicada en la
colonia Nueva Esperanza de Tegucigalpa.
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