Este martes 17 de abril Día Internacional de la Lucha Campesina, integrantes de El Movimiento Campesino de San Manuel MOCSAM en el departamento de Cortés se ubicaron desde horas de la madrugada en cinco puntos estrátegicos para recuperar mas de 3000 mil manzanas de las tierras ocupadas ilegalmente por la Compañia Azucarera Hondureña y La Azucarera del Norte Azunosa.
A eso de las 5 de la tarde en las inmediaciones de la comunidad de Cowle donde se mantiene uno de los grupo campesinos, un contingente entre 30 policías y elementos militares se mantenían al acecho.
Comunicación Comunitaria COMUN
Entrevista con el Coordinador de MOCSAM
-- http://www.youtube.com/watch?v=i1hI7YSQDsk&feature=youtu.be
Sitio web.
www.honduraslaboral.org
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Por su vinculación con terratenientes
Campesinos no creen que la Fiscalía pueda acusar a responsables de los asesinatos en el Aguán
Tegucigalpa. El Ministerio Público anunció la presentación de requerimientos fiscales en contra de contra de policías, militares y civiles, involucrados
en violaciones a los derechos humanos y el asesinato de más de
cincuenta personas en la zona del Bajo Aguán. Sin embargo, aunque la
dirigencia campesina considera necesario el castigo de los responsables,
le resta credibilidad a las acciones que podría realizar la Fiscalía.
Aunque
no reveló nombres de los involucrados, el Fiscal Especial de los
Derechos Humanos, German Enamorado, dijo a los medios de comunicación
que la Fiscalía logró reunir las pruebas
necesarias para iniciar las acusaciones, que en el caso de los
servidores públicos estarían dirigidas al castigo por abuso de la autoridad, la violación de deberes, lesiones y tentativas de homicidios.
Indicó
que las posibles acusaciones se derivarían del resultado de las
pericias técnicas, testimonios, inspecciones en la policía, el ejército y
personas particulares, cuyos nombres serán revelados cuando se
presenten los requerimientos fiscales.
Las declaraciones del Fiscal Especial de
los Derechos Humanos, no generan ninguna esperanza en el movimiento
campesino, que hace más de dos años ha venido soportando la represión
del Estado y de los empresarios, que alentados en campañas mediáticas
han emprendido acciones de intimidación y asesinato en contra de las
familias que a través de la recuperación de tierras buscan mejorar sus
condiciones de vida.
Policía y la Fiscalía unidos con terratenientes
El
Coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría, dijo que la Fiscalía
tiene conocimiento de quienes son los responsables directos de la
violación a los derechos humanos en la región, no obstante, no existe
voluntad política para enjuiciarlos.
“Yo
creo que es necesario investigar esa situación, pero la fiscalía a mi
juicio sabe quienes son los responsables de los asesinatos en el Bajo
Aguan y no hay ni tan siquiera un requerimiento fiscal. A mi me parece
que la Policía y la Fiscalía siempre están unidos con los terratenientes
en contra de los campesinos. Y eso es lo lamentable”, expresó Alegría.
Según el dirigente campesino, después de dos años y medio en que ocurrieron los primeros asesinatos de campesinos, la Fiscalía no debería estar pensando en presentar requerimientos sino, que
“ya deberían haber presos y condenados, pero no hay ni un requerimiento
fiscal, porque se trata de un sector poderoso que tiene ahí
prácticamente ejércitos y que disparan y asesinan a campesinos”,
expresó.
Militarización
En noviembre de 2010, cuando el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) inició
un proceso de recuperación de tierras que incluye varias fincas de
palma africana en poder de los empresarios Miguel Facusse, Rene Morales y
Reinado Canales, argumentando tener en su poder un informe de
inteligencia militar que le asegura que en esa región existen grupos
armados para desestabilizar el gobierno, el presidente Porfirio Lobo
Sosa, ordenó la militarización de la zona a través del operativo
Tumbador.
El
operativo se mantuvo durante varios meses. Sin embargo, no existe
informe oficial que de a conocer el decomiso de armas de fuego en la
región, pues lo único que se reporta hasta hoy, es la violación a los
derechos humanos en los momentos en que se desarrollaron los desalojos
de las fincas.
Tumbador representó un fracaso del gobierno en su primer intento supuestamente para ponerle fin a la violencia en el Bajo Aguán, situación que provocó que en agosto de 2011, esa región
fuera ocupada nuevamente por militares y policías, en el operativo
Xatruch II. De acuerdo a testimonios de vecinos, esta operación solo ha
servido para agudizar las violaciones a los derechos humanos.
Gobierno incumple compromiso
Las tierras de esta región fueron destinadas para
la Reforma Agraria, pero la Ley de Modernización Agrícola, aprobada en
el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, dio luz verde para que los
empresarios agroindustriales pudieran quedarse con ellas a precios
bajos. Las cooperativas asentadas en ese lugar incapaces de poder
cancelar sus deudas agrícolas, de una en una fueron vendiendo sus
propiedades.
A
partir del 2001 miles de familias campesinas iniciaron un proceso de
recuperación de tierras y en el 2009 el Movimiento Unificado Campesino
del Aguán (MUCA), presentó una propuesta para resolver el conflicto que
se había generado. El gobierno de Manuel Zelaya Rosales, a través del
Instituto Nacional Agrario y la Secretaría de Agricultura y Ganadería firmó
con el MUCA un convenio para la creación de una comisión tripartita que
garantizara el procedimiento de legalización de la tierra, acción que
se vio interrumpida, con el golpe de Estado.
Al interrumpirse las acciones de legalización, el 9 de diciembre de 2009, dos
mil 500 familias afiliadas a 26 cooperativas campesinas agrupadas en el
MUCA, iniciaron el proceso de recuperación de las 20 mil hectáreas que
reivindicaban como propias, acción que desencadenó una ola de violencia y de represión en su contra.
Iniciaron
los desalojos y ataques armados por parte del ejército, la policía y
los guardias de seguridad de los empresarios. Detenciones ilegales,
órdenes de captura y asesinatos, acompañaron la campaña mediática
orquestada en los principales medios de comunicación que difamaron la
lucha del MUCA. No obstante, en medio de una
militarización sin precedentes, el gobierno y el MUCA iniciaron una
negociación que concluyó con el acuerdo firmado el 13 de abril 2010.
De acuerdo al documento el gobierno debía entregar a los campesinos once
mil hectáreas de tierras, de las cuales tres mil estarían cultivadas
con palma africana, convenio que al cumplirse dos años de haberse firmado, continúa sin ejecutarse a cabalidad.
El
Gobierno también debió llevar a cabo la realización de un estudio
técnico jurídico que revelara la factibilidad productiva, rentabilidad,
la forma como fueron adquiridos los terrenos y la
verificación del sobre techo de las tierras en poder de los
terratenientes, Miguel Facusé, René Morales y Reinaldo Canales. Las
tierras que sobrepasaran el techo establecido en la Ley de Reforma Agraria, serian también entregadas al MUCA. G. R.
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