Contingentes policiales y civiles armados han desalojado violentamente en la madrugada y sin orden de juez competente a los grupos campesinos 9 de Julio y 16 de Octubre de las tierras que han ocupado en las comunidades Huerta de Tutule y San Miguel a Progresar, en el departamento de La Paz.
Fueron agredidos físicamente, les destruyeron sus cultivos y viviendas, y detuvieron dentro de la comunidad a once miembros del grupo 16 de Octubre (Pedro Martínez, José Gilberto, Pedro Enrique, Miguel Ángel, Olvin Gámez, Juan Nolasco, Walter Tejera, Amílcar Tejera, Williams Chávez, Melvin Tejera, Wilson Bardales).
Sin otras alternativas de sobrevivencia, hombres y mujeres del campo se ven obligados a tomar tierras. No es desconocido que las condiciones de vida de la mayoría de la población hondureña son cada vez más precarias y no se avizoran políticas públicas que busquen aliviarlas siquiera.
Al contrario, se introducen leyes que menoscaban las oportunidades a los grupos sociales históricamente afectados por la pobreza, al mismo tiempo que concentran aún más la riqueza en los grupos que tradicionalmente controlan el poder político y económico del país. Y, para prolongar ese estado de cosas, dentro de la misma estrategia se crean programas asistencialistas con el propósito de desmovilizar y manipular a esos sectores de la población.
La reforma agraria está ausente de los planes gubernamentales. Las acciones del INA se concentran apenas en el interés de resolver conflicos, especialmente en el Bajo Aguán donde la acción de las organizaciones campesinas impactan en la conciencia nacional y en la opinión internacional.
El Estado de Honduras está sujeto a las convenciones internacionales de respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la alimentación por lo que se obliga a crear las condiciones propicias para darles cumplimiento.
Es más, los desalojos forzosos son incompatibles con la Observación General de las Naciones Unidas N° 7 y otros instrumentos internacionales de protección, en los que se destaca que cuando es inminente efectuar un desalojo, y solo en casos extremos donde se hayan agotados todas las instancias legales, el Estado deberá proceder a crear las condiciones seguras y permanentes de las familias desplazadas.
En tal sentido es condenable la actitud violenta del régimen por lo que pedimos acciones de solidaridad con los campesinos afectados y desde ya hacemos responsables a las autoridades del Ministerio de Seguridad por los daños físicos y sicológicos que puedan sufrir los detenidos.
Tegucigalpa MDC, 26 de enero de 2012Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo
FIAN Internacional
Sección Honduras
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