Autor del articulo: Proceso Digital
Tegucigalpa - Mientras el debate sobre la fusión militar y policial
concita el interés público y mediático, la Secretaría de Defensa
analiza el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional para ampliar
las facultades constitucionales a las Fuerzas Armadas, orientadas a
darle potestad para poder efectuar capturas y allanamientos en
operativos vinculados a la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado.
Así
lo reveló el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
general René Osorio, en declaraciones ofrecidas al noticiero
Telenoticias del canal 5, de la Corporación Televicentro. Dijo que las
reformas irían orientadas a poder tener argumentos legales para “poder
hacer algunos registros especiales, operaciones de cateo, allanamientos y
otras que corresponden a la policía”.
“Nosotros
no nos estamos metiendo con esto en el campo de la policía, queremos
ayudarlos y apoyarlos con nuestros elementos y nuestras labores de
inteligencia”, dijo Osorio al justificar lo que podría ser un inminente
retroceso en las relaciones cívico-militares.
Dijo
que esa propuesta podría ameritar reformas constitucionales y en la ley
orgánica de las Fuerzas Armadas, para “así nosotros poder actuar de una
forma más independiente y darnos autoridad”.
Declaró
que el proyecto de reformas será enviado al presidente Porfirio Lobo
para que lo analice y otorgue el visto bueno a fin de poder enviarlo al
Congreso Nacional para su debate y aprobación.
“Necesitamos
para ello que se realicen reformas en el marco legal, reformas
constitutivas, de nuestra ley orgánica, revisar convenios y otros porque
lo que quiere el señor Presidente (Porfirio Lobo) es que coordinemos
las acciones para ser más efectivos y contundentes en la lucha contra la
delincuencia”, sostuvo Osorio.
En
la cámara legislativa, la propuesta de los militares no les parece
descabellada e incluso, hay quienes señalan que el país tiene otro
contexto y que es necesario analizar las nuevas formas de lucha contra
el crimen organizado.
Uno
de ellos es el diputado pinuista, Germán Leitzelar al afirmar que en
este momento existen acciones legales que impiden a las Fuerzas Armadas
efectuar órdenes de captura.
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En
términos similares y favorables a una fusión entre la policía y los
militares se mostró el diputado udeísta Marvin Ponce, al aseverar en un
programa de televisión que no debía “satanizarse” la propuesta del
presidente Lobo y que había que dejar de “especular”.
Ponce,
junto a su compañero de cámara, Rodolfo Zelaya, se mostró anuente a
apoyar la iniciativa del Poder Ejecutivo, bajo el pretexto que no se
aguanta la inseguridad y que ello no debe verse como un retroceso en
materia de desmilitarización de la sociedad porque “ahora son otros
tiempos”.
Los
militares justifican su propuesta en el hecho de que la liberación de
los presuntos delincuentes que ayudaban al aterrizaje a una avioneta
cargada con droga en el departamento de Yoro, se produjo, entre otras
cosas, porque la captura la hicieron los militares y no están facultados
para ello.
Esa
es una limitante, dijo el comandante de la Fuerza Aérea, Ruíz Pastor
Landa, tras señalar que esperan que el paquete de reformas en materia de
seguridad que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso, incluya la
aprobación de una zona de exclusión aérea en los departamentos de Colón,
La Mosquitia, Yoro y Olancho, territorios con alta presencia del crimen
organizado.
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La
revelación de los militares sobre su interés de tener más facultades,
son apenas los primeros indicios de un paquete de reformas en seguridad
que el Poder Ejecutivo está dispuesto a impulsar a fin de crear un súper
ministerio con amplios poderes a los uniformados que podrían
considerarse una involución en cuanto a la subordinación del poder
militar al poder civil.
De
hecho, los militares han indicado que un contingente de efectivos se ha
empezado a preparar en temas de seguridad ciudadana y prevención de la
delincuencia para “apoyar” a la policía, en vista que el rol castrense
es completamente opuesto al de la policía civil.
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